Es evidente y cierto que hay que tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Pero, ¿qué significa esto en la segunda década del siglo XXI?

La España del año 2012 no tiene nada que ver con la sociedad española de hace varias décadas. En el barómetro del CIS, del mes de febrero de este año, cuando se pregunta a los encuestados que como se definen en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a. Un 75% se declara católico; un 13,6% se declara no creyente; un 7,2% se declara ateo; un 2% creyente de otra religión y un 2,1% no contesta. Estos datos pueden dar la sensación de pocos cambios en nuestra sociedad, pero esa posible percepción dista mucho de la realidad.

Cuando se pregunta, en ese mismo barómetro, con qué frecuencia asiste el encuestado a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas conceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales, los datos muestran que el desapego con el catolicismo en España cada vez es mayor.

Un 60% afirma que casi nunca asiste a misa u otros oficios religiosos. Un 15,1% dice asistir varias veces al año. Un 13,7% casi todos los domingos y festivos. Y un 8,1% alguna vez al mes.

Viendo estos datos, no es de extrañar que la Iglesia Católica, con su Papa Benedicto XVI a la cabeza, haya declarado que España necesita una revangelización, frente a lo que ellos denominan el nacimiento de una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo.

Pero esa actuación de la Iglesia debe realizarse dentro de un marco normativo que no es otro que la Constitución española, donde ninguna confesión tiene carácter estatal y se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

Y en este punto, desde la más absoluta separación entre la Iglesia y el Estado, habrá que continuar realizando acuerdos de cooperación con todas las confesiones y especialmente con la Iglesia Católica, pero pasando página sobre los acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979, porque simplemente no tienen cabida dentro de nuestro ordenamiento constitucional.

No cabe ya en España la imposición de una moral oficial, dictada desde las catedrales y refrendada desde el Gobierno.