Formalmente, la SICAV es una institución de inversión colectiva porque la normativa exige 100 partícipes, pero en muchos casos son inversores de paja, denominados en el argot “mariachis”. Como vemos, formalmente una SICAV es una institución de inversión colectiva, pero en la realidad es un vehículo inversor privilegiado de grandes fortunas que les permite tributar al 1% de forma prácticamente indefinida.

En el debate actual de las SICAV habría que distinguir varias cuestiones. En primer lugar, que aunque gestionan unos 27.000 millones de euros en activos financieros apenas están obteniendo beneficios. Esto supone que aunque se elimine el régimen por completo, apenas se obtendrá recaudación fiscal. En segundo lugar, hay que ser conscientes de que aunque no nos guste, el riesgo de deslocalización está ahí. Así, en 2009 se eliminó el régimen fiscal de SICAV del País Vasco y ahora ya no queda ninguna de las más de 200 que estaban allí establecidas. Como en la Unión Europea existe libertad de circulación de capitales y libertad de establecimiento, el riesgo de fuga de capitales es real. En un supuesto así, no perderíamos casi recaudación fiscal porque, por ejemplo, el año pasado todas las SICAV pagaron 8 millones de euros en impuesto de Sociedades. Sin embargo, los 13.000 millones de euros que las SICAV tienen invertidos en activos españoles podrían ser muchos menos si estas entidades se gestionasen desde el extranjero. ¿Es el momento de modificar la situación en medio de una tormenta financiera? En mi opinión, claramente no.

El régimen de las SICAV se percibe como injusto por un sector muy importante de la opinión pública. Sin embargo, el sistema fiscal, como la vida misma, a veces es injusto. Lo que no es presentable en una democracia es considerar a los ciudadanos como menores de edad. La opinión pública puede entender, aunque no le guste, que si no cambian las cosas a nivel europeo, un régimen de este tipo es inevitable. Lo que no se puede justificar es que se establezcan unos requisitos, como es el de un mínimo de 100 partícipes, para que se incumplan, y que para blindar estos incumplimientos y no tengan consecuencias se quite la competencia de control a la Inspección de Hacienda. Cualquier reforma, cuando sea el momento de hacerla, tiene que pasar porque el control fiscal debe volver a la Inspección de Hacienda. Una ley puede ser injusta, pero la mayor injusticia es el incumplimiento de las leyes.