En un Estado de Derecho, la ley es la expresión y la garantía de la democracia. Porque las leyes las aprueban los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos mediante elecciones libres. Y porque el imperio de la ley blinda los derechos democráticos de la ciudadanía frente a poderes, fuerzas o influencias espurias.

Resulta extraño tener que recordar estos principios tan elementales en democracia, pero la contumacia del independentismo catalán en el desafío a la ley y a las sentencias de los Tribunales lo hace obligado.

Por tanto, es falaz el argumento que busca enfrentar la legitimidad de la ley a la legitimidad de la democracia. En un Estado de Derecho como el nuestro, se trata de las dos caras de una misma moneda. La ley surge de la democracia, y la democracia se sustenta en la ley. Cuando los secesionistas aluden al mandato de las urnas para dar la espalda a la ley, están traicionando a ambas, a la ley y a la democracia.

Las leyes pueden interpretarse de manera diversa, bajo arbitraje judicial, y se hace. Las leyes pueden recurrirse cuando se considera una posible vulneración constitucional, y se hace. Las leyes pueden cambiarse mediante los procedimientos establecidos en la propia ley, y de hecho se cambian cada día. Pero las leyes no pueden ignorarse o vulnerarse impunemente, porque entonces se violentan las bases de la mismísima convivencia democrática.

Los independentistas, por tanto, pueden someter al arbitraje de los tribunales aquellas leyes del Estado a las que se oponen. Y pueden hacer propuestas a través de sus representantes en las Cortes Generales para cambiar esas leyes. Incluso pueden plantear un cambio de la ley más importante de todas, la Constitución Española que la sociedad catalana votó mayoritariamente, por cierto.

Pero no pueden ignorar las leyes del Estado, ni pueden saltárselas, ni pueden incumplirlas. Y si lo hacen, la propia ley debe aplicar sus mecanismos legítimos de defensa. Para salvar la ley, para salvar el Estado de Derecho, y para salvar la democracia.

Quien no está con la ley, no está con la democracia. Y quien no está con la democracia está con la tiranía.

El resto de argumentos de que hacen uso algunos independentistas, comenzando por el máximo representante en funciones del Estado en Cataluña, Artur Mas, son sencillamente ridículos.

Comparar la situación de la sociedad catalana con la discriminación que sufren las mujeres privadas de derechos y de sufragio en algunos países, desacredita a quien lo expresa. Tratar de establecer paralelismos entre la Cataluña actual y la Suráfrica del aparheid es sencillamente un insulto para los millones de personas que lo sufrieron.

Y reivindicar las resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación en las colonias sometidas y explotadas del siglo XX, denota una ignorancia sobre el derecho internacional y sobre la historia misma que imposibilita cualquier debate serio.

Afortunadamente, la gran mayoría en Cataluña y en el resto de España sigue creyendo en la democracia y sigue defendiendo el imperio de la ley, frente a la tiranía y la barbarie.