El problema se presenta en un triple plano. El plano jurídico trata de establecer los procedimientos para la repatriación de los inmigrantes llegados ilegalmente a Europa. El plano político ha de dar respuesta a la preocupación creciente entre los europeos por la falta de control en la llegada de inmigrantes “sin papeles”, especialmente en un contexto de crisis económica. El plano moral nos sitúa ante el drama de ignorar la angustiosa necesidad de ayuda de millones de criaturas como nosotros, violentar sus derechos reteniéndoles en campos de internamiento, y devolverlos en contra de su voluntad al origen de su miseria.

La primera aproximación al proyecto de directiva en discusión puede ser demoledora. El texto establece plazos máximos de detención para inmigrantes “sin papeles” de entre seis y dieciocho meses. Año y medio de detención administrativa para personas que no han cometido más falta que la de intentar escapar de la pobreza y el hambre. Sin embargo, un análisis más ponderado nos ayudaría a entender que la directiva supone en realidad una mejora importante para la garantía de los derechos humanos, porque cerca de la mitad de los Estados de la Unión Europea no tienen límite temporal alguno en la actualidad para estas detenciones. Aunque sea duro de entender y de admitir, este procedimiento común, en el caso de aprobarse, supondría un paso adelante desde la perspectiva general de la preservación de las libertades.

La directiva, por otra parte, ha de ser considerada como un planteamiento “de mínimos” en aquellos Estados, como el español, donde la legislación en más garantista y exigente en la defensa de los derechos y libertades de las personas inmigrantes. España no renunciará al control judicial de los procesos de retorno, y nuestro Gobierno no agotará en ningún caso estos plazos mayúsculos para la detención de los “sin papeles”.

Hiela la sangre, sin embargo, constatar las razones esgrimidas por los Estados que han impedido hasta ahora el acuerdo en torno a la directiva. Grandes naciones como Alemania, Francia, Austria o Grecia, que pueden presumir legítimamente de albergar la cuna del Estado de Derecho, la democracia y la promulgación de los derechos humanos, se han negado a firmar la norma porque no admiten límites al tiempo de internamiento, porque no quieren asumir los costes de la asistencia jurídica de los inmigrantes, o porque se oponen a limitar la repatriación de menores en función del calendario escolar.

Europa debe hacer frente al desafío de las grandes migraciones. Con determinación, con valentía, con eficacia. Pero sin traicionarse a sí misma.

Los flujos migratorios deben controlarse, y la repatriación de los inmigrantes ilegales resulta inevitable. Las mafias que trafican con personas han de recibir un mensaje nítido al respecto desde el conjunto de las naciones europeas. Hemos de ejercer la solidaridad de una manera racional, conforme a procedimientos y garantías legales. La propia viabilidad de nuestras economías, de nuestras sociedades y de nuestras instituciones depende de ello. No hay alternativa a corto plazo y no podemos ser ingenuos.

Pero las limitaciones del presente no pueden impedir que soñemos un futuro distinto. Y que trabajemos para hacerlo realidad. Un futuro en el que el modelo de globalización no promueva la opulencia de unas sociedades a costa de la miseria de otras. Un futuro en el que Europa no se mire cada mañana al ombligo y se comprometa con el desarrollo de sus vecinos y hermanos de otros continentes. Un futuro en el que no tengamos que sacrificar los derechos de unos hombres para preservar los derechos de otros.