La profunda transformación administrativa no ha ido acompañada de un cambio en el discurso político, ni en la formación política, pero sobre todo no se ha sabido inculcar la idea del esfuerzo fiscal para sufragar el gasto público y los derechos adquiridos por los ciudadanos.

El primer gran error cometido por la socialdemocracia española ha sido anteponer siempre libertad económica a equidad social. El análisis de la distribución de renta desde los años 80 muestra cómo se ha producido un progresivo deterioro de los indicadores de concentración, tipo Índice de Gini, que muestran una progresiva concentración de los ingresos tributarios en las rentas medias y bajas, justificándolo con el esfuerzo en materia de gasto que ha supuesto la universalización de la sanidad, de la educación y servicios sociales. Un ejemplo palmario de dejadez en materia de equidad son los conciertos educativos que están segregando a la población española alejándonos de las mejores prácticas y creando ghetos educativos que provocarán que buena parte de la población española deje de ser empleable en un futuro no muy lejano. Esto es grave especialmente en jóvenes y mujeres, pero también en población mayor de 50 años que ahora sufre esta disfunción del sistema educativo, especialmente en las poblaciones del Sur de España y del litoral mediterráneo y las islas Baleares.

Esta falta de equidad en el diseño fiscal es particularmente llamativa en el caso de la vivienda. La desgravación fiscal es particularmente regresiva y ha provocado un incremento de precios sin parangón, lo que ha contribuido a vaciar progresivamente las arcas fiscales. A pesar de que la actividad inmobiliaria ha generado muchos ingresos fiscales, la distribución sectorial del crecimiento ha posibilitado que la sensibilidad de los ingresos públicos ante la evolución del ciclo económico sea muy elevada, lo cual condiciona la financiación de las políticas públicas en el largo plazo. Otros países han diseñado sistemas fiscales menos elásticos al ciclo económico, lo cual les permite amortiguar mejor las ondas del ciclo. Esto se ha traducido en una profunda desfiscalización, lo que ha permitido a amplias capas de la población, y a una parte de las rentas, no tributar. Llo cual, al margen de la pérdida de equidad fiscal, ha provocado una insuficiencia recaudadora, que está castigando la inversión pública y el sostenimiento del Estado del Bienestar.

Ante esta dificultad de generar ingresos, todo el ajuste está viniendo por parte de los gastos, y especialmente la inversión pública. Si algo tiene la inversión pública es que tiene un efecto multiplicador sobre la actividad y sobre la recaudación fiscal muy elevado. Es cierto que la inversión pública, especialmente infraestructuras, también tiene un componente esencial que es la elección, la localización y el uso, pues sobreactuar en este campo provoca ineficiencias que pueden conducir a una reducción incluso de la productividad económica, pero también social. Por estas razones, parece un grave error económico, pero también político, cargar todo el ajuste sobre la inversión pública. La comunicación terrestre y ferroviaria en forma de malla, la supresión de barreras al comercio de mercancías y de personas, sobre la base de desplazamientos largos y costosos, sin duda son elementos que no se pueden parar. La conexión marítima y ferroviaria también es otro elemento esencial en la cohesión social y en la dinamización económica. Más grave, si cabe, es paralizar inversiones ya en marcha, pues al perjuicio económico se añade el riesgo financiero que eso conlleva para muchas empresas constructoras y para la banca que en muchos casos ha anticipado flujos de caja esperados o renegociado la deuda sobre la base de una inversión ya en marcha.

La insuficiencia recaudatoria, el parón en la obra pública y la reducción de rentas de forma generalizada, únicamente nos puede llevar a una deflación y a la reducción del crecimiento potencial, lo cual implica que tardaremos mucho más en salir de la crisis económica actual.

En conclusión, la falta de equidad económica y social, la desfiscalización progresiva, la renuncia a la redistribución de la renta, el parón de la inversión pública, y por supuesto la ausencia de una gobernanza económica y política sólida, a nivel europeo y mundial, son frenos que no permitirán una recuperación rápida y sostenida.