La justicia es un servicio público, exclusivamente público y necesariamente público: no hay justicia privada.

Por todo ello, este mal llamado «copago» no se puede plantear en relación con la justicia en los mismos términos que en aquellos otros servicios públicos, en particular en lo que se refiere a la enseñanza y los servicios sanitarios, donde sí cabe siempre la posibilidad de acudir al sector privado, claro está, pagando. Por otra parte, el Gobierno socialista en el año 1986, aprobó la supresión definitiva de unas tasas que veían gestionando hasta entonces los secretarios judiciales en los tribunales y juzgados españoles. Lo que sin duda representó un avance decisivo en la modernización de la justicia y en la erradicación de intolerables corruptelas en los juzgados españoles. Quizá los inusitados defensores que ahora han aparecido desde la propia judicatura para que se introduzca el «copago» en la justicia, deberían recapacitar aunque solo sea porque la derecha judicial siempre ha sido muy reticente a la hora de aceptar, precisamente, una concepción de la justicia como servicio público: un concepto que, paradójicamente, va siempre ligado a la configuración jurídica de la figura de la tasa.

Y es que, en definitiva, esta idea del copago lo que fomenta, además de la desigualdad, es sencillamente una visón contraria a los principios esenciales del Estado social democrático y de derecho.