Es impensable que nadie haya decidido sacrificar la seguridad de las obras ferroviarias o el servicio de cercanías a Barcelona con tal de que llegara el AVE a esa ciudad antes del día 21 de diciembre. Eso parece obvio.

Entonces, ¿por qué los responsables del Ministerio de Fomento han tenido que recordar esta obviedad después de producirse problemas de seguridad y de suspensión de servicios de cercanías?

Muy probablemente, la respuesta haya que buscarla en que, cuando el Presidente del Gobierno prometió que el AVE llegaría a Barcelona ese famoso día 21 para señalar un límite a la paciencia de los barceloneses que el pasado verano sufrieron un colapso simultaneo en su aeropuerto, sus trenes y sus carreteras, nadie le recordó la existencia del síndrome del «ahora sí».

Porque desde cuando yo recuerdo, todo cargo político que ha tenido la responsabilidad de hacer obra pública en España, sea municipal, autonómica o estatal, ha dicho, al empezar su mandato que, ahora sí van a cumplirse los plazos y los presupuestos de las obras.

Lo cual supone una constatación obvia: los presupuestos y los plazos de la obra pública no se suelen cumplir, ya que, si se cumplieran, los gobernantes no tendrían que hacer esa definición del «ahora sí» y, en su lugar, caracterizarían su labor por cualquier otra circunstancia como por ejemplo la ausencia de accidentes laborales, la paridad de géneros entre el personal de obra, o cualquier otra.

El caso es que, tras esa recurrente declaración de principios, el Cargo Público vuelve a operar como lo hizo su antecesor: lo primero que hace, considerando que la obra pública da votos, es prometer una obra en un plazo que le permita el mayor rédito electoral posible. A partir de ahí, se contrata el proyecto técnico que se ejecuta en un tiempo compatible con los deseos del Cargo Público, es decir corto e insuficiente. Después se contrata la obra en forma concursal y valorando como mérito el realizarla lo más rápidamente posible, es decir con prisas.

A dicho concurso se presentan las empresas constructoras sabiendo todo lo anterior, es decir, que el proyecto es manifiestamente mejorable y que los plazos señalados son difícilmente cumplibles, pero que si no dicen que los van a cumplir e, incluso, mejorar, se quedan sin obra. Por lo cual participan en el concurso compitiendo en la carrera de «a ver quien tarda menos», al mismo tiempo que deben competir en el otro reto de «a ver quien lo hace mas barato».

Y, todo ello, con la esperanza de que, si resulta adjudicataria, ya se alcanzarán unos plazos y unos precios más razonables cuando se corrija el proyecto original.

Mientras las obras den votos, los proyectos se hagan en tiempo insuficiente y las constructoras deban participar en tales procesos de adjudicación de obras, yo no cargaría las tintas en ningún eslabón del Sistema, pero es muy difícil que se obtengan otros resultados del mismo que no sean a base de incumplir los plazos y presupuestos previstos inicialmente.

Por tanto, ahora es posible que dimita, o que no dimita, la actual Ministra, pero lo que sí es cierto es que, cuando esta Ministra sea sustituida, y ello si es predecible, el próximo/a tendrá que hacer llegar otro AVE a otra ciudad española con el mismo Sistema, declaraciones de «ahora sí» incluidas.