Simancas defiende como “principio básico del Estado de Bienestar” “la gratuidad y la universalidad en el acceso a los servicios que atienden a las necesidades fundamentales”. El enunciado suena bien y resulta fácil abrazarlo. Sin embargo, exige precisiones y suscita algunas interrogantes.

La primera precisión es qué entendemos por “necesidades fundamentales”. ¿Se trata de todas las necesidades que se le presentan al ser humano a lo largo de la vida? Si la respuesta fuera afirmativa, habría que incluir, al menos, la comida, el vestido, la vivienda, el transporte (cuando resulta imprescindible), la salud, la educación y la asistencia en la vejez y en la enfermedad. Probablemente se podría ampliar el catálogo. Pero, ¿han de satisfacerse todas estas necesidades mediante prestaciones gratuitas: comida gratis, vestido gratis, vivienda gratis, sanidad gratis y así sucesivamente? La verdad es que este modelo social ya se experimentó durante un tiempo suficiente y en un espacio también suficientemente amplio como para poder emitir un juicio fundado sobre su viabilidad y conveniencia. Fue el modelo del llamado “socialismo real”, que, parece, fracasó históricamente. Supongo que Rafael Simancas no se refiere a él.

Lo que, en cambio, se ha venido denominando “modelo social europeo”, porque ha formado parte del consenso con el que se han construido las democracias europeas occidentales, configura un sistema de bienestar que confiere al Estado cuatro tareas prioritarias: a) el acceso universal a la educación como instrumento básico para la igualdad de oportunidades; b) el acceso también universal a la sanidad, para que todos puedan hacer frente a las enfermedades sin depender de las circunstancias económicas de cada cual; c) un sistema público de pensiones basado en la solidaridad entre generaciones; y d) unas políticas sociales para facilitar el acceso a determinados bienes (vivienda, transporte, etc.) a quienes están en condiciones socioeconómicas más desfavorecidas.

Si nos referimos a este modelo, (sinceramente, creo que es el que se plasma en el pacto constitucional), conviene hacer ya dos observaciones para centrar el debate.

La primera observación es que, en mi opinión, ni la gratuidad ni la universalidad son una exigencia de todas las políticas sociales que configuran el Estado de Bienestar. Por de pronto, todas las comprendidas en el apartado “d)” de mi enumeración anterior no las reclaman. Se ayuda al acceso a la vivienda, por ejemplo, a determinados jóvenes; se subvenciona (parcialmente) el transporte a los pensionistas; se establecen ayudas de comedor a los escolares pertenecientes a familias más desfavorecidas. La finalidad de estas políticas es, de alguna manera, compensar las desigualdades que inevitablemente o fisiológicamente, si se me permite decirlo así, existen en cualquier sociedad que adopta el modelo de economía de mercado. Y, por lo tanto, sus destinatarios no son todos los ciudadanos, sino aquellos que viven en peores condiciones o atraviesan situaciones de especial dificultad. En estos supuestos el criterio de renta resulta primordial. No puede prescindirse de él. Los beneficiarios serán quienes estén por debajo de los umbrales de renta que se consideren razonables, con arreglo a las disponibilidades económicas de la nación.

La segunda observación es que los “derechos sociales” son derechos con costes. Es decir, tienen que financiarse. Eso los hace inevitablemente de carácter variable, mal que nos pese. No podemos fijar el contenido de las prestaciones y de los servicios de una vez por todas. Como el ámbito de solidaridad en el que se ejercen es la nación, el ‘quantum’ y las modalidades de todas las políticas sociales dependerán de la riqueza que ella sea capaz de generar. En Nigeria no podrá haber las mismas prestaciones sociales que en España, ni nosotros podremos tenerlas como los alemanes, mientras subsistan las actuales diferencias de renta.

Pero este carácter variable de los “derechos sociales” no es sólo espacial sino temporal. Si un país prospera económicamente, podrá ir mejorando sus prestaciones sociales. Pero puede suceder lo contrario, que es lo que ahora nos está pasando. Los españoles quizá no saben –porque nadie se lo dice- que nuestra renta per capita ha descendido en términos reales diez años. Nuestra renta es similar a la que teníamos en el 2002, con el agravante de que ahora estamos mucho más endeudados y hay el doble de paro que entonces. Lo que quiero decir, es que debemos ajustar la financiación de nuestras prestaciones a nuestros niveles de renta, porque en la vida socioeconómica de una nación no hay variables independientes. Cualquier gobernante que se negara a admitir tal “verdad” y no actuara en consecuencia me parecería irresponsable.

Quisiera ahora aplicar las precedentes consideraciones al ámbito sanitario. Lo hago expresando mi opinión personal, que no es del todo coincidente con la que ahora mantiene mi partido, como tampoco lo es con la manifestada por Rafael Simancas. Me parece evidente que, desde hace tiempo, sufrimos importantes tensiones financieras en el ámbito sanitario, que se han agravado con la importante caída de nuestras rentas. ¿Debemos mantener como dogma indiscutible la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias? ¿Debemos seguir considerando como algo abominable el “copago” sanitario?

Yo he vuelto a leer el famoso “Informe Abril” que se elaboró en 1991, por encargo del entonces Ministro de Sanidad García Vargas. Me parece un buen informe, muchas de cuyas recomendaciones siguen teniendo vigencia. Y tengo que decir que comparto la inteligente defensa que hace del “copago” sanitario, con tal de que sea moderado y que se haga con criterios equitativos, porque introduce dosis de racionalidad en el funcionamiento del sistema. Su adopción, dentro de ciertos límites, no me parece, sinceramente, que suponga “socavar los cimientos del Estado de Bienestar”, como sostiene Rafael Simancas. Con variantes, lo tienen ahora implantados prácticamente todos los países de la Europa continental (Alemania, Francia, Italia, Portugal etc.). ¿Han abandonado todos estos países el “modelo social europeo”? ¿Podemos mantenernos nosotros en nuestra torre de marfil, abjurando de lo que hacen nuestros socios? ¿Resulta tan insoportable e injusto, por ejemplo, que los 17 millones de españoles que trabajan contribuyan con modestas cantidades por algunas de las prestaciones sanitarias que reciban? A mí no me lo parece, si sirve para mantener la viabilidad del sistema y todas sus bondades.

El “copago” sanitario se ha convertido entre nosotros en un arma arrojadiza. El “Informe Abril”, alabado cuando salió, se encerró cuidadosamente en un cajón y nadie ha tenido la valentía de desempolvarlo. Es un botón de muestra de lo que nos está pasando. Lo que, en definitiva, reclamo en nuestra vida política son debates más sosegados y fundados en argumentos racionales.