Este debate ha surgido a raíz de que el ejecutivo aprobase la reaccionaria “Ley para la reforma del mercado laboral”, que ha sido entendida por gran parte de la sociedad civil, organizada o no, como lesiva con sus derechos. Por eso muchos ciudadanos salieron a la calle el pasado 29 de marzo, convocados por los sindicatos, para decirle al Gobierno que no estaban de acuerdo con esta nueva legislación laboral. Se podrá dudar de que la huelga fuese más o menos secundada por los trabajadores, pero nadie debería atreverse a decir que tras una presencia masiva de ciudadanos en las calles de nuestro país fuera un día normal. Las imágenes que hemos visto no son opiniones, son realidades que constatan un hecho: millones de personas mostraron su rechazo a esta contrarreforma.

La malicia de ciertas opiniones, bien orquestadas por líneas editoriales conservadoras, está tratando de echar por tierra la legitimidad de todo lo que les es molesto. Ponen en duda la legitimidad de los sindicatos, olvidándose que ésta se la otorga la Constitución Española. Ponen en duda la legitimidad de una Huelga General, cuando también es un derecho reconocido en ella. Incluso se atreven a deslegitimar el valor de la presencia masiva en las calles, insinuando que los ciudadanos no pueden decir nada hoy, ya que ayer votaron al gobierno que ahora dirige sus designios. ¿Hay mayor inmoralidad que la que están mostrando los defensores en otros momentos de la moral? ¿Hay mayor perversión del concepto de democracia que dicen defender?

Estas voces, supuestamente legitimadas por sus virtudes intelectuales, se olvidan deliberadamente de que lo que llevó al poder al partido que defienden fue una serie de promesas incumplidas en tan corto espacio de tiempo para un gobierno como son los cien días que se les suele otorgar de cortesía. Cortesía que Mariano Rajoy no ha tenido con los que le votaron. Mintió intencionadamente a los ciudadanos para cabalgar a lomos de la crisis hasta la Moncloa. Ni una sola de sus medidas ya adoptabas figuraban en su programa electoral, en el contrato que firmaba con sus votantes. ¿Esto es legítimo?

Muchos ciudadanos seguro que piensan que no lo es. Por eso es justo que lo expresen, ya sea en unas elecciones autonómicas como las recientemente celebradas, ya sea en su participación o no en una Huelga General legítimamente convocada por los sindicatos, ya sea en manifestaciones a las que muchos asistieron porque creían justo lo que defendía su convocatoria. Y muchos otros no lo hicieron, también legítimamente, porque o bien estaban a favor de estas medidas o simplemente porque pensaron que su expresión en la calle no serviría de nada ante la poca voluntad de escucha ciudadana demostrada por algunos de los anteriores gobiernos legítimamente elegidos. Pero… ¿quién ha inventado la vara de medir de lo que es más o menos justo? ¿Acaso eran más justas las movilizaciones junto a la jerarquía eclesiástica? No obstante, no seré yo quien le niegue a nadie su derecho a la libertad de expresión, pero que ellos tampoco le nieguen esta misma libertad a quien decida mostrarla por cualquier cauce legalmente admitido.

Quizás lo que subyace de fondo es un anhelo de otro sistema político con el que regir el Estado Español, de otra Constitución y de otro marco de derechos y libertades. Así ellos, privilegiados cercanos al poder, podrían decidir que es lo justo conforme a sus valores o ausencia de ellos. Pero hoy es el sistema que tenemos y que algunos defendemos y seguiremos haciéndolo. Como defendemos una Constitución que en su artículo uno reza que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y no es otro que el pueblo el que se ha expresado echándose a la calle.

Hubo una vez un presidente que lo olvidó y dijo aquello de “haré lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”, llevando a su partido a uno de los peores resultados de su historia. Que no se le olvide al señor Rajoy porque a veces la historia tiende a repetirse y entonces nadie podrá decir que no ha sido igual de justo que lo que le llevó a la Moncloa.