Parece más que probable que, tras la oposición de los sindicatos, del malestar creado en la sociedad y de que el PP se haya pronunciado por un aumento voluntario de la edad de jubilación – cuestión que es ya actualmente posible y está, además, incentivada –, al menos la medida con mayor impacto sobre la cuantía de las pensiones (el incremento de la edad de jubilación) el Gobierno no la mantenga. Pero además de por las razones arriba enunciadas es difícil creer que el Gobierno de Zapatero, que ha tenido a gala adjudicarse un marchamo de izquierda, pueda mantener un enfoque de reforma de las pensiones que es típicamente de derechas.

Como siempre han defendido las formaciones de izquierda, la cuestión de la protección social y de las pensiones en particular, es una opción de sociedad, una opción política fundamental sobre el grado de solidaridad que quiere darse un país. Una opción que tiene por objetivo hacer de la pensión una nueva etapa de la vida, emancipadora y liberada del trabajo subordinado y no un sinónimo de precariedad. Tal perspectiva sólo puede ser posible desde una visión solidaria. Una solidaridad que hoy, y dentro de 50 años, seguirá siendo posible a condición de realizar una redistribución de la riqueza diferente de la que propugna la derecha y las organizaciones empresariales. Para éstas fuerzas, el objetivo es reducir el nivel de las pensiones públicas, poner en cuestión los sistemas de reparto, para así fomentar los sistemas privados de capitalización, tal y como lo han venido preconizando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde los años 90.

Es duro decirlo, pero desde hace más de dos décadas los sucesivos recortes de los regímenes de pensión que se han llevado a cabo en muchos países europeos, entre ellos el nuestro – alargar los años de cotización, hacer que la revalorización de las mismas se realice en función de la evolución de los precios y no de la de los salarios, modificar los períodos de cálculo de las pensiones, etc – no han respondido, de hecho, al problema de fondo: cómo garantizar la financiación del sistema y mantener, al mismo tiempo, el nivel adquisitivo de las pensiones, sin que ambas cosas queden supeditadas al nuevo contexto demográfico. Por el contrario, han aumentado las injusticias y las desigualdades de los sistemas de pensiones. De tal manera que cada vez más, en el conjunto de la Unión Europea, la jubilación tiende a no ser considerada, como antaño, como una nueva etapa de la vida liberada del trabajo, sino más bien como una entrada en la precariedad. Actualmente en España, el 40% de las pensiones están amenazadas por el riesgo de pobreza. Ese es el porcentaje que algunos estudios vaticinan para las pensiones en el conjunto europeo para dentro de diez años.

Esta peculiar manera de “asegurar” el futuro de las pensiones (reduciendo las mismas al tiempo que se va elevando los años de vida) ha sido sintetizada mejor que nadie por El Roto en su viñeta del 30 de enero de este año, que rezaba: “Para garantizar el futuro de las pensiones hay que hacerlas coincidir con la fecha de fallecimiento”. La pauperización como garantía de sostenibilidad. Mediante el recurso al miedo, la mayoría de los gobiernos de la derecha, y a veces también algunos de la izquierda, tratan de que los asalariados acepten como inevitables reformas que les impelen a subscribir, si pueden, fondos privados de pensiones y a alimentar de esta forma una vía más de financiarización de la economía, cuyas primeras víctimas, serán ellos mismos. La debacle provocada por la crisis financiera en las pensiones privadas da dramática cuenta de ello.

Es por esto que el anuncio del gobierno ha resultado tan contradictorio; y que su súbita preocupación por el futuro de las pensiones haya merecido tan poca credibilidad. El sentido común, el discurso anterior del Gobierno y la propia realidad del sistema español de pensiones – con superávit, con bajo nivel de gasto en pensiones en relación con los países europeos, asumiendo todavía cargas que no le corresponden, con pensiones de muy reducida cuantía, etc – indican que el anuncio no tiene que ver, en realidad, con el futuro de las pensiones sino con la reducción presente y futura del gasto y del déficit público.

El maestro, amigo y catedrático de economía, ya fallecido, David Anisi, solía decir que plantear la inviabilidad de las pensiones como consecuencia de la ampliación de la esperanza de vida le resultaba tan absurdo como si, por ejemplo, se planteara el cierre de las escuelas públicas como consecuencia de una reducción de la mortalidad infantil.

Anisi defendía, con argumentos estrictamente técnico-matemáticos (Anisi,2003), la viabilidad de las pensiones, incluso en las situaciones más difíciles. Esto es, que la totalidad de las pensiones se paguen recurriendo exclusivamente a las cotizaciones de los trabajadores empleados y que la cuantía de la pensión individual se iguale con el salario efectivo. En base a cuatro axiomas, que transcribo literalmente:

a) “Mientras que la renta per cápita se incremente no hay problema que una adecuada combinación de productividad, porcentaje de población activa e índice de desempleo sea incapaz de resolver para que las pensiones individuales y los salarios efectivos se mantengan aunque aumente de forma persistente el peso de los pensionistas en la población total.

b) El porcentaje de cotización podrá mantenerse estable si el aumento de la proporción de pensionistas sobre la población total se ve compensado con una disminución del desempleo y la elevación del porcentaje de la población activa

c) Aunque la renta “per cápita” se incremente, la pensión individual y el salario efectivo perderán peso en relación con esa renta “per cápita” a menos que se redistribuya la renta a favor de salarios

d) Si se llega al pleno empleo y a un máximo no superable en la proporción que se declara población activa el aumento del peso numérico relativo de los pensionistas tenderá a elevar el porcentaje de cotización independientemente de lo que ocurra con la renta “per cápita” y la distribución de la renta”.

David Anisi añadía, sin embargo, que una cosa era la viabilidad y otra la deseabilidad. Es decir, que el futuro de las pensiones dependía sobre todo de la voluntad política. ¿En qué consistiría tal voluntad política? ¿Cuáles son las premisas más comunes de la izquierda europea a la hora de plantearse el debate sobre el futuro de las pensiones? A riesgo de ser excesivamente sintético e incompleto, me parece que la respuesta a ambas preguntas se puede concretar en las siguientes cuestiones:

1.- Las proyecciones que se vienen realizando hay que tomarlas como escenarios de debate pero nunca como predicciones incontestables. Por la dificultad que supone realizar previsiones a tan largo plazo y porque en no pocas ocasiones factores esenciales suelen estar totalmente infravalorados o simplemente ignorados. Si los escenarios demográficos – que son los más estables – pueden verse fuertemente modificados por cambios en la natalidad (caso de Suecia desde 1990), o por los flujos migratorios, qué no sucede con los económicos.

2.- El futuro de las pensiones es algo que requiere consenso, credibilidad y estabilidad. Lo que demanda que los debates sean planteados con transparencia, aportación de datos y consideración de todas las alternativas. Y, especialmente, con el tiempo que sea necesario. A título de ejemplo, la reforma del sistema de pensiones sueco fue precedida por más de 10 años dedicados al debate y a la búsqueda de consensos.

3.- No se trata de negar el desafío que para la financiación de los sistemas de pensión – tanto de reparto como de capitalización – suponen los cambios demográficos. El tema central entre las distintas maneras de abordar este desafío consiste, sin embargo, en enfocarlo exclusivamente desde el ángulo de los gastos o tratarlo de una forma holística incluyendo el componente de los ingresos.

4.- Desde el punto de visto de los gastos, en España el gasto en pensiones es tres puntos de PIB inferior a la media europea y unos cinco puntos inferior a la de los países que más gastan. Nuestra pensión media de jubilación es de 861,49 euros mensuales. La pensión mínima de jubilación es de 587,80 euros. El 46,23% de los pensionistas percibe una pensión inferior a 600 euros y otro 24,13 entre 600 y mil euros. La aportación del Estado al sistema de pensiones es una de las más bajas de la Unión Europea. Ante este panorama, entiendo que la pregunta relevante a la que hay que responder es la siguiente: ¿qué nivel de pensiones vamos a querer garantizar en el futuro?. Lo que no tiene sentido es que el enfoque de las reformas sea el cómo asegurar que el gasto en pensiones en proporción del PIB sigua siendo dentro de 30 años, con muchos más pensionistas, equivalente al actual, es decir uno de los más bajos de la Europa-15.

5.- El mayor problema para la izquierda ante este debate es que en los planteamientos de reforma se escamotean las grandes cuestiones que tienen que ver con los ingresos. De eso no se puede hablar. Por ejemplo, de la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores mayores antes de llegar a la edad de jubilación. No por su propio deseo sino por la opción de las empresas de cambiar trabajadores mayores con más cargas sociales, menor polivalencia profesional y mayores limitaciones físicas por jóvenes con menores costes sociales, mayor formación y resistencia física. La tasa de actividad de los trabajadores entre 60 y 64 años era en nuestro país, a finales de 2009, del 36%, la de ocupación del 31,7%, el 12% estaba en paro, situándose la edad real de jubilación en algo más de 63 años. Hay mucho espacio, por tanto, para políticas dirigidas a que los trabajadores puedan llegar a la actual edad legal de jubilación. Reforzando, de esta forma, la financiación del sistema y garantizando pensiones más completas.

6.- Fomentar el acceso, la permanencia y la continuidad de las mujeres en el trabajo, así como reducir el grado de discriminación, sería un factor importantísimo para acercar la cuantía de las pensiones de ambos sexos y para aumentar la financiación del sistema. También podría y debería articularse una política que eliminara los obstáculos que dificultan que las familias tengan los hijos que deseen, para que a tenor de lo que hacen otros países europeos, como Francia o los países nórdicos, aumente nuestra tasa de natalidad

7.- Por supuesto, se deberían terminar de asumir los compromisos ya adquiridos como la financiación vía impuestos de los complementos de mínimos de las pensiones o la imputación a los presupuestos del Estado de gastos que ahora son soportados por el Servicio Público Estatal de Empleo y la Seguridad Social, como las bonificaciones y reducciones en las cuotas de las empresas.

8.- El aumento del paro y la reducción de los salarios, factores que inciden poderosamente sobre la financiación del sistema, son cuidadosamente eliminados del debate. El aumento del empleo y el incremento de los salarios conforme a la productividad aumentarían en gran medida los ingresos. Tampoco se deberían descartar distintas formas para gravar los ingresos no salariales, como las primas, los bonus, las rentas financieras o, como recoge el Pacto de Toledo, la posibilidad de establecer, lo mismo que en Francia, una especie de Contribución Social Generalizada o contribución universal sobre todas las rentas. La Seguridad Social no es una compañía de seguros y, si un país es cada vez más rico, no se entiende por qué el Estado no puede complementar vía impuestos la sostenibilidad del sistema de pensiones. Mucho más cuando las rentas no salariales tienen una participación creciente en el PIB

9.- Tampoco debiera descartarse la posibilidad de aumentar las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores. Las encuestas indican en los países europeos que los trabajadores estarían muy mayoritariamente de acuerdo con ello para mantener sus niveles de pensión. Además, si se demanda continuamente una aportación económica de los trabajadores hacia los fondos privados de pensiones ¿por qué no poder hacerlo hacia los sistemas públicos? Ello podría compensarse con un aumento de los salarios (que cada vez representan una participación menor en la distribución de la renta) vinculado con un mayor crecimiento de la productividad y una política orientada al pleno empleo. Y atenuar o adaptar sus efectos para las Pymes o tratando fiscalmente, por ejemplo, de manera diferente los beneficios distribuidos que los reinvertidos.

10.- Y, finalmente, es necesario tener en cuenta a la hora de abordar cualquier debate sobre el futuro de las pensiones, la situación del empleo de los jóvenes o el nivel de desgaste y de esperanza de vida de las distintas profesiones (10 años de diferencia entre un catedrático y un obrero de la construcción, por ejemplo). Sin remediar antes estas y otras situaciones reales de desigualdad, umentar la edad de jubilación ahorraría desde luego dinero a las arcas públicas pero tendría como consecuencia engrosar las filas de los parados y de los pensionistas pobres y beneficiar a los cuadros y a determinadas profesiones. Aún más si a esa medida se le añade el aumento del período de cálculo de la pensión y otras medidas de recorte.