Los socialistas lideramos en buena medida el cambio político que ha hecho de España una democracia equiparable a la de los países más avanzados del mundo. También fueron los gobiernos socialistas los que impulsaron el cambio social construyendo los cimientos de nuestro Estado del Bienestar. Y ahora le corresponde nuevamente al socialismo gobernante propiciar otro cambio histórico: el cambio que ha de conducirnos desde la economía industrial a la economía tecnológica.

Los cambios a emprender serán tan profundos como inexorables. Se trata de transformar el qué producir y el cómo producir. El viejo modelo económico fundamentaba nuestro crecimiento en el ladrillo especulativo, los servicios turísticos de calidad media-baja, y una industria que basaba su competitividad limitada en los salarios reducidos. La última crisis nos ha demostrado que este modelo se ha agotado. Este modelo no puede asegurarnos productividad, competitividad, empleo, derechos y bienestar. Este modelo nos condena al paro y al subdesarrollo.

Hemos de ser ponderados en la autocrítica. España ha avanzado mucho durante los últimos años en términos de modernización de nuestro modelo de crecimiento: mejora de la educación, generación de infraestructuras, triplicación del gasto público en I+D+i, internacionalización de nuestras empresas, generalización del uso de nuevas tecnologías… Pero aún sufrimos algunas “tasas” que nos mantienen lejos de las referencias más positivas, la tasa de paro, la tasa de temporalidad en el empleo, las tasas de fracaso y abandono escolar, la tasa del sobrepeso inmobiliario, la tasa de inversión privada en innovación, la tasa de patentes…

El reto es inexorable: la economía española ha de subirse al tren de la economía del conocimiento, de la revolución tecnológica, de los mercados globales. En palabras de Rodríguez Ibarra, hemos de superar la era analógica para incorporarnos definitivamente a la era digital de la historia. El nuevo modelo dará a luz nuevos productos, nuevos servicios, nuevas claves competitivas, nuevas formas de producción, nuevos empleos… Por vez primera, además, el ser humano deberá tener en cuenta la preservación de su entorno natural. Y el gran objetivo de la izquierda seguirá siendo el de evitar que la nueva marea arrastre los derechos de los trabajadores y las políticas que aseguran la equidad y la justicia social.

Se está repitiendo hasta la saciedad en estos días: una ley no cambia el modelo económico. Y es cierto. Pero una ley de economía sostenible puede fijar metas, orientar comportamientos y facilitar el camino a quienes hacen las apuestas que importan. Por esta razón nos importa la ley, más allá del contenido concreto del texto.

¿Qué hay que “sostener” en el nuevo modelo productivo? Primero, una actividad económica con crecimiento sólido, asentada sobre los pilares de la competitividad: educación, formación, investigación, innovación, inmersión tecnológica, capital físico, internacionalización… Porque la construcción residencial a destajo y el chiringuito playero ya no nos proporcionarán ni riqueza ni trabajo como antaño.

Segundo, un sistema financiero al servicio de la economía real. Porque lo contrario nos ha llevado al desastre. Tercero, un sistema laboral reformado y a la altura de los nuevos requerimientos de productividad y competitividad, que asegure la “empleabilidad”, el empleo y los derechos de los empleados. Porque el sistema actual nos conduce al 20% de paro.

Cuarto, una economía compatible con la preservación del medio ambiente y basada en energías renovables. Porque ignorar los efectos ambientales de la economía y perseverar en la economía del carbono nos lleva al suicidio. Y quinto, un “Estado Global” capaz de garantizar la “libertad regulada” en los mercados, al tiempo que promueve la equidad social. Porque la deserción de lo público nos devuelve a la selva.

La ley en tramitación no agota ni mucho menos el catálogo de medidas a adoptar. Entre otras razones porque gran parte de las medidas a adoptar no tienen que proceder de la administración, sino de los propios emprendedores y de los agentes económicos y sociales. Pero miente a conciencia quien niega virtualidad y eficacia a algunas de las medidas que contiene el proyecto: la regulación de las remuneraciones de los directivos financieros y de los productos de “riesgo”; los planes de austeridad y racionalización del gasto público; las nuevas oportunidades para la colaboración público-privada con sociedades mixtas y avales del Estado; la reducción de plazos y trámites para crear empresas; la reducción de la morosidad en los pagos de la administración; la consideración de la banda ancha como un derecho universal; el fomento de la creación de empresas de base tecnológica; los estímulos fiscales a la I+D+i; el impulso a la formación profesional; las ayudas a la internacionalización; la reducción de gases y el ahorro energético en los transportes; la apuesta por la rehabilitación de viviendas para mantener actividad constructiva; la defensa de la industria de contenidos culturales en la red…

La gran pregunta, no obstante, está por responder: ¿Cómo convertiremos la “sostenibilidad” en un discurso político entendible y a compartir por el conjunto de los ciudadanos? ¿Cómo hacer de la “sostenibilidad” un vector de identificación y de movilización para la izquierda? Nos queda un trabajo apasionante y duro por delante…