La negociación colectiva del año 2009 no ha sido nada fácil al estar marcada por la crisis económica y las altas cifras de desempleo- que particularmente han afectado a nuestro país-, así como por la ausencia de un acuerdo de referencia para la negociación colectiva (ANC) que resultó fallido ante la escasa capacidad de maniobra de los sindicatos para hacer concesiones en la actual situación, pero sobre todo por la intransigencia y la actitud de la CEOE en varios frentes: connivencia con un PP al alza en las encuestas que se viene aprovechando de la crisis y el paro; la provocadora defensa de una política salarial a la baja, en base a los diagnósticos más conservadores e ideológicos (Banco de España, FMI, y expertos de corte neoliberal); fase de ajuste en su cúpula directiva tras el relevo de José María Cuevas; crisis de Air Comet, afectando negativamente a su presidente Díaz Ferrán y por lo tanto a la dirección de la patronal y que, incomprensiblemente, se ha zanjado con su continuidad, lo que demuestra que los empresarios tienen la dirección que merecen Estas son algunas de las circunstancias que no hicieron posible el ANC y el cierre del diálogo social con acuerdo, a pesar del compromiso del propio presidente del gobierno que se involucró directamente en las conversaciones.
Sin embargo, los sindicatos han hecho frente a la situación- no sin serias dificultades- y han conseguido cerrar 4.086 convenios, que afectan a 8.676.110 de trabajadores con un incremento medio de los convenios nuevos y de los revisados de años anteriores del orden del 2,59%. Si tenemos en cuenta que la inflación en el año 2009 ha sido del 0,8% y la media anual del -0,3% se puede manifestar que el balance final resulta positivo al reflejar un incremento real de salarios para los trabajadores con convenio -sin perder de vista que, según Contabilidad Nacional, la masa salarial media ha perdido peso en el PIB, 2,7 puntos, desde Enero a Octubre del 2009, por el desempleo-, sin necesidad de haber activado la cláusula de revisión salarial al situarse ésta como media en el 2,12% y por lo tanto por encima de la inflación del año 2009. La jornada de trabajo pactada se ha situado en una media ponderada de 1.752,04 horas al año, registrándose jornadas superiores en los convenios de ámbito sectorial y disminuyendo en el ámbito empresarial. La reducción de jornada se ha producido en 1.594 convenios (el 39,01% del total de convenios cerrados), lo que representa una mejora de 15 puntos porcentuales respecto al año anterior, siendo la reducción media de 3,12 horas al año.
A partir de este balance los interlocutores sociales están negociando un acuerdo que debe contribuir al restablecimiento de la confianza y del consumo interno, además de ayudar a reducir las cifras del paro. En materia salarial los sindicatos proponen la mejora del poder adquisitivo a lo largo de un acuerdo plurianual (3 años) cuyo incremento inicial en 2.010 debería situarse entre el 1% y el 2%. El 1% responde a la previsión de inflación contemplada en los Presupuestos Generales del Estado y el 2% es el objetivo fijado por el Banco Central Europeo como mecanismo de estabilidad de precios.
Esta política requiere otras medidas: superar la brecha salarial de género (las mujeres ganan un 26,3% menos que los hombres en España) y establecer la cláusula de revisión salarial- con carácter general- para evitar pérdidas de poder adquisitivo ante una hipotética alza de la inflación sobre lo pactado. A ello hay que añadir incrementos salariales basados en la mejora de la productividad y en los beneficios empresariales que se produzcan en las empresas.
Otros asuntos tienen relación con el salario mínimo garantizado a introducir en los convenios estatales de sector, por encima del SMI, y el establecimiento de una cláusula de descuelgue en los convenios- medida planteada por la CEOE- que podría ser utilizada por las empresas con problemas en la actual situación de crisis, a cambio de mantener el empleo. Finalmente, el acuerdo debe contemplar la participación sindical en el seguimiento del mismo y, en general, en los convenios a negociar en los sectores y empresas, sobre todo, en las afectadas por expedientes de regulación de empleo.
Esta política se basa en una realidad que nadie puede desmentir, a pesar de las declaraciones de José Luis Feito, presidente de la comisión de economía de la CEOE, que ha manifestado que los salarios son los culpables de la destrucción de empleo en España, lo que demuestra la escasa calidad intelectual de los dirigentes empresariales y su nula capacidad de análisis de la situación económica, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los expertos coinciden en que una drástica reducción de salarios sería nefasta para el consumo interno y por lo tanto para el empleo, y no al revés, como plantea la CEOE.
En España los salarios son bajos sin paliativos: según la OCDE, en el año 2.007, España ocupaba el tercer lugar por la cola en cuanto al salario medio anual entre 15 países europeos, sólo por encima de Portugal y Polonia. Esto demuestra que los países con salarios más altos (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda ) se han comportado mejor en relación con el empleo. Por el contrario, España, con salarios más bajos, ha registrado cifras más altas de paro; ello significa que los salarios no son los culpables del desempleo.
Hay que insistir, una vez más, que la destrucción de empleo en España tiene mucho que ver con nuestro modelo productivo y nuestra dependencia del ladrillo, así como la precariedad de nuestro mercado de trabajo (fraude, temporalidad, rotación, y encadenamiento de contratos) y, desde luego, con las facilidades de despido existentes. Según UGT, en Alemania ha bajado en los últimos 10 años el número de trabajadores en la construcción, en torno a 600.000, mientras que en España en ese mismo periodo aumentaron en 1.300.000, lo que ratifica el análisis anterior de manera terminante.
Como consecuencia, el acuerdo en materia de negociación colectiva debe ayudar también a superar los desequilibrios de nuestro mercado de trabajo. Por eso hay que fomentar el mantenimiento y la recuperación del empleo y terminar con la lacra de la temporalidad injustificada, además de exigir a los empresarios un comportamiento acorde con la crisis que estamos viviendo. En este sentido, es necesario insistir en la contención del reparto de dividendos y en el incremento de la inversión productiva. Resulta inmoral el considerable reparto de dividendos que se está produciendo, a cuenta del ejercicio económico del 2009- sobre todo en la banca que ha contado con ayuda pública-, en comparación con la fuerte exigencia de contención salarial, junto a la precariedad y las cifras de paro escandalosas que sufren los trabajadores.
No nos cansaremos de repetir que los trabajadores han pagado una doble factura, derivada de nuestro modelo productivo, sin ser los responsables de la crisis: la rápida destrucción de empleo y la pérdida de salarios, generada por la transferencia de empleos hacia sectores de poco valor añadido y de baja productividad y por la política de moderación salarial aceptada incluso por los sindicatos.
El acuerdo bilateral debe dar paso- sindicatos y empresarios han solicitado al gobierno un aplazamiento- al diálogo social con la participación del gobierno. El propósito es negociar:
La mejora de la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo, incentivando y privilegiando la contratación de carácter indefinida.
Impulsar las políticas activas de empleo y revisar los actuales incentivos públicos a la contratación.
Reformar las oficinas públicas de empleo potenciando su labor de intermediación en el mercado de trabajo y la colaboración con otros entes públicos y privados.
Reformar la formación profesional y adecuarla a las necesidades del mercado de trabajo, mejorando la inserción profesionalidad.
Mejorar el mecanismo de reducción de la jornada laboral- alternativa al ajuste de plantillas-, a pesar de que ya existe en nuestro país, aunque los empresarios la utilizan poco (modelo alemán).
Racionalizar la negociación colectiva, articulando los ámbitos de negociación.
Estas son algunas de las medidas sobre las cuales el gobierno se ha comprometido a presentar sus propuestas el próximo 5 de febrero; además del calendario de negociación, que se presume de corta duración, según las partes implicadas, ante la gravedad de la crisis.
Esperamos con interés el acuerdo; los trabajadores y las empresas lo necesitan. Y, además, siempre será positivo porque generará confianza en la opinión pública, lo que representa un paso importante para salir de la crisis a través de un mayor crecimiento de la economía y, finalmente, del cambio de modelo productivo que, no lo olvidemos, debe ser compatible con la superación de las desigualdades y la pobreza, el escandaloso fraude fiscal, y la agresión al medio ambiente.
