Hasta ahora, sin embargo, manteníamos una excepción en este pertinaz pesimismo histórico. La Transición Democrática y la Constitución de 1978 generaban un amplio consenso en cuanto a sus razones justificadas y a su materialización eficaz. Treinta y cinco años después, no obstante, también este gran hito de nuestra historia contemporánea se ve sometido en determinados ámbitos a un revisionismo falaz y a un cuestionamiento injusto. Y son muchos ya los juicios mal informados y peor motivados que intentan echar por tierra aquel gran logro del pueblo español.

En las tertulias televisivas, en las redes sociales e, incluso, en la universidad se habla de la “impunidad” con que se trataron los crímenes del franquismo. Se deslegitima la institución monárquica por su “imposición” desde la dictadura. Se denigran los procedimientos negociadores del consenso constitucional. Y se critican las “grandes concesiones”, y hasta las “traiciones” llevadas a cabo por las representaciones políticas de la izquierda y de la derecha españolas en aquellos momentos. A los primeros se les reprocha haber admitido la monarquía como régimen, los privilegios de la Iglesia Católica o el papel preminente reservado al Ejército. A los segundos se les acusa de tolerar el desmembramiento autonómico o la influencia otorgada a los sindicatos.

Hay quienes hablan de una especie de gen autodestructivo en la naturaleza de los españoles: una especie de aversión genética al éxito o una tendencia enfermiza al denuesto del semejante. El hecho es que las grandes alabanzas colectivas a un personaje suelen venir seguidas en escaso tiempo por los grandes cuestionamientos al mismo personaje. Pocas son las referencias personales incuestionadas. Aquí no se reconoce a un Kennedy, a un Adenauer, a un De Gaulle o a un Churchill, como figuras de referencia común. Y hemos tenido líderes que lo merecían tanto o más.

Nos criticamos gravemente cuando estamos detrás de los demás en cualquier factor, como, por ejemplo, los cinco puntos sobre quinientos que nos diferencian de la media OCDE en las valoraciones sobre conocimientos escolares que figuran en el informe PISA. Pero también nos criticamos con dureza por tener más kilómetros de alta velocidad ferroviaria o contar con más universidades que el resto. No hay precedentes en nuestro entorno de un ministro en el Gobierno que desprecie públicamente la calidad del cine de su país, como ha ocurrido en España. Y, mientras ignoramos las potencialidades de nuestro idioma, uno de los más hablados y con más potencialidades de futuro del mundo, nos abrimos constantemente las carnes por la poca habilidad que muestran algunos políticos en el uso del inglés. Jamás escuché una crítica a Obama por sus lamentables escarceos con el español.

Claro que hubo renuncias en la Transición Democrática. Y hay que reconocerlas y agradecerlas, porque tales renuncias, algunas muy dolorosas, propiciaron el consenso imprescindible para superar siglos de despotismo y falta de libertades, para abrir una página nueva y esperanzadora en nuestra historia común para la democracia y los derechos humanos. Claro que se priorizó el mirar adelante sobre las tentaciones revanchistas. Muchos de los interlocutores de aquel consenso habían sufrido cárcel, torturas, exilio y el asesinato de sus seres queridos. Pero antepusieron el afán colectivo de construir un futuro en paz y desarrollo sobre sus legítimas aspiraciones de justicia. ¿Vamos a reprochárselo ahora, al calor de la democracia y los derechos que ellos conquistaron para nosotros?

La Constitución de 1978 constituye probablemente el mayor éxito histórico de los españoles, sin exageración alguna. Después de siglos de ausencia de libertades y derechos, tras múltiples “constituciones” que unos elaboraban sin contar con los otros, por fin una generación de españoles supo racionalizar sus diferencias y establecer unas reglas del juego aceptadas por todos, para asegurar la convivencia pacífica y la vida en libertad. Con la Constitución de 1978 llegó la democracia, se reconocieron los derechos que disfrutaban nuestros vecinos desde mucho tiempo atrás, y se desbrozaron algunos de los nudos históricos que habían imposibilitado nuestro desarrollo: desde el papel del ejército hasta las singularidades territoriales.

Es verdad. La izquierda tuvo que asumir la monarquía, porque se votó en la sede de la soberanía popular y ganó esta fórmula. Y es cierto también que la derecha tuvo que reconocer el derecho al autogobierno de catalanes y vascos. Ese era el precio del acuerdo, y era un buen precio. No nos ha ido tan mal en estos años, y los problemas que padecemos no se deben precisamente a la Constitución, sino quizás al poco empeño que algunos ponen en su cumplimiento.

Treinta y cinco años después pueden analizarse las insuficiencias de aquella Carta Magna que elaboraron nuestros mayores, y debemos esforzarnos en mantener una memoria histórica respetuosa con la verdad. Desde luego que sí. Y puede plantearse una reforma de la Constitución. Cabe reforzar los derechos sociales en riesgo para tiempos de crisis. Cabe introducir reformas federalizantes para mejorar la organización territorial del Estado. Y cabe mejorar los cauces de participación democrática de la ciudadanía.

Estos cambios mejorarán la Constitución si se llevan a cabo con el mismo afán de atender al interés común y de promover el consenso que presidió la Transición Democrática.

Yo no voté la Constitución, porque aún no tenía edad para ello. Pero me encuentro entre los que valoran aquel esfuerzo de la Transición Democrática desde el reconocimiento, la gratitud y el orgullo. Orgullo de ser español, sí.