Todos los medios de comunicación privados han reaccionado a favor de mantener el ente, criticando lo que supone la desaparición de un medio de comunicación público. Sólo los medios de comunicación de la derecha han aplaudido la decisión de cerrar, porque ya estarán negociando abrir una televisión privada, por supuesto, con claros intereses mercantiles, económicos e ideológicamente conservadores. Ésa será la última puntilla de muerte a un sistema democrático que le debamos al PP.

Si abrimos la prensa, hoy podemos leer titulares como “Puro instrumento político”, donde el periódico Levante destaca “Sin un sistema financiero propio, capaz de salir al rescate en momentos convulsos, con una sociedad desarticulada y vencida ante tantos recortes que sólo suspira por encontrar mecanismos de supervivencia que le permitan llegar a fin de mes, y con un gobierno debilitado cuya subsistencia depende del malhumor con el que el ministro de Hacienda acoja cada mañana sus iniciativas, no cabía esperar otra cosa. Muere RTVV y con ella otro pedazo de dignidad de los valencianos. Cualquier movimiento cohesionador que emprenda la sociedad civil para recuperar su autoestima queda pronto ridiculizado por la contundencia de los hechos. Convertida en un instrumento político bochornoso, Canal 9 fenece víctima de la inconsistencia y la cicatería de la clase dirigente valenciana. El PP, que tanto la utilizó en beneficio propio, ha acabado convirtiéndose en verdugo de una tele que se había alejado tanto de sus criterios fundacionales que apenas era apreciada ya por la audiencia. Quienes más llorarán por ella serán sus trabajadores. Y no sería justo que fueran las únicas víctimas”.

Efectivamente, no hay responsables políticos, y la impunidad es la peor injusticia de una sociedad democrática. Y no sólo debe haber responsabilidad política, sino también judicial. Porque lo que ha ocurrido con Canal 9 ha tenido mucho que ver con una forma de gobernar chulesca e inmoral, claramente antidemocrática, con abuso de poder, uso del dinero público en beneficio privado, con despilfarro, clientelismo, mala gestión e ineficiencia, pérdida del objetivo constitucional, presión a los periodistas, mordazas y manipulación, corrupción a raudales y estafa, incluso con denuncias por abusos sexuales, hasta llegar a convertir este medio de comunicación informativo y cultural en un instrumento al servicio de lo peor y más nefasto del PP.

RTVV ha sobrevivido 28 años, pero su muerte comenzó en 1995 con el ascenso de Zaplana al poder. En aquellos momentos, la audiencia era de un 21%, 687 trabajadores y 22 millones de deuda. Hoy, al día de su cierre, el PP ha dejado un déficit de: casi 1700 trabajadores, una deuda de 1.126 millones de euros, y una audiencia por debajo del 5%.

Es cierto, el modelo de televisión valenciana del PP es insostenible, ineficaz, despilfarradora y además no sirve ni para cohesionar y vertebrar al territorio valenciano, ni para difundir su cultura, ni para ofrecer una información plural y objetiva, ni para sostener al sector audiovisual, ni para entretener a una ciudadanía que hace mucho que no veía ni le interesaba Canal 9, y que ¡no llorará por su cierre!

Pero eso no quita para que no nos sintamos indignados y estafados con su muerte. Porque es la muerte de un sistema democrático, de unas autonomías, de trabajos y empleos periodísticos, de la cultura y la información. Muchos lloramos porque los responsables que generaron este monstruo insostenible e incivilizado, hoy son los mismos que cierran la televisión alegando una barata demagogia, como ha dicho el Presidente Alberto Fabra: “no cerraré un colegio ni un hospital para pagar la televisión”. ¡Derechos contra Derechos!

Demagógico y manipulador. Lo próximo que caerá será la enorme deuda que se esconde detrás de los colegios públicos, y no porque se hayan hecho colegios, sino porque al igual que RTVV se ha robado y estafado detrás de nobles acciones políticas como la Educación. Porque además no es una cuestión de elegir derechos, mientras el PP sigue manteniendo prebendas suntuosas para lo que quiere, y porque no basta con cerrar: ¡hay que asumir la responsabilidad!

La siguiente será Telemadrid, ya lo ha dicho Ignacio González, quien, como tiene más mala mordida que Fabra, se ha atrevido a señalar a los culpables: ¡serán los sindicatos, porque no permitirán el ERE! ¿Puede existir mayor maldad que denunciar a las víctimas?

Ahora, toda España se da cuenta que esta locura vivida en la Comunidad Valenciana, bajo los periodos del PP, no era solamente cuestión “de cuatro trajes” como solían decir quienes justificaban la corrupción y la inmoralidad. El castillo se cae, pero en su derrumbe se lleva detrás a una sociedad valenciana que ha estado cegada por el brillo dorado y falso de las mentiras.

Los responsables son quienes crearon un sistema emocional, con resortes psicológicos de manipulación colectiva, para sustentar un sistema podrido de corrupción.