Los hechos y las tendencias objetivas con que desde hace aproximadamente una década España viene recibiendo un flujo permanente de población extranjera que ha oscilado en torno a 400.000 personas anuales. Lo cual supone que en pocos años se ha pasado de una población extranjera que apenas superaba el medio millón de residentes a los cinco millones seiscientos mil del último padrón municipal publicado a fecha de 1 de enero de 2009. A lo cual hay que añadir un flujo constante y creciente de nacionalizaciones (lo cual suma en 2009 más de seis millones de residentes no nacidos en España).

Al principio un crecimiento tan notable –y nuevo– dio lugar a ciertas reacciones de recelo, e incluso de rechazo, entre la población española. Estas reacciones se manifestaron, por ejemplo, en las Encuestas del CIS, en las que la “emigración” empezó a ser citada como uno de los dos o tres principales “problemas” de España en aquellos momentos (durante 2006, por ejemplo, este “problema” era referido por más del 40% de la población). Asimismo, algunas otras Encuestas específicas detectaron un aumento de componentes racistas y xenófobos en España hasta afectar a cerca de un 25% de la población española.

Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo y la población española de origen se ha ido acostumbrado a la nueva situación, muchos de los recelos iniciales han ido disminuyendo, de forma, por ejemplo, que en las últimas Encuestas del CIS la “inmigración” ya no aparece citada entre los dos o tres principales “problemas” de España, sino que desciende al puesto número cinco (en el barómetro del CIS de diciembre de 2009), siendo sólo referida por el 12,4% de la población; pero aun así se sitúa a corta distancia del terrorismo (12,9%). Lo cual no es poco.

En este tiempo muchas personas han entendido no sólo los derechos de los inmigrantes a buscar nuevos y mejores horizontes, sino también su utilidad para nuestra economía y nuestra sociedad. La mayor parte de los inmigrantes llegados a España son personas muy trabajadoras que han venido realizando tareas que otros nativos no querían o no podían realizar: en el servicio doméstico, en cuidado y atención a ancianos, en la recogida de productos de temporada en el campo, así como en sectores económicos que hasta hace bien poco eran muy pujantes y prósperos, como la construcción y las actividades vinculadas a la hostelería y la restauración.

De manera especial, algunos círculos económicos y sectores de empresarios venían alentando la llegada de un volumen apreciable de inmigrantes que cubrían rápida y fácilmente –y, en ocasiones, a costes bastantes reducidos– la demanda de empleo, en una manera que a veces recordaba la célebre teoría del “ejército laboral de reserva”. Es decir, dando lugar a una sobre-oferta que indicía beneficiosamente en el mantenimiento moderado del nivel de los salarios, propiciando, por lo tanto, altos beneficios. Lo cual daba lugar a que con harta frecuencia se hiciera la “vista gorda” ante la inmigración “sin papeles”.

Sin embargo, hay que entender que muchas cosas están cambiando en España en estos momentos, a la par que ha cambiado la situación económica. Y de nuevo están surgiendo recelos y voces airadas que claman contra aquellos que vienen a competir por puestos de trabajo escasos. Además, la diferencia es que ahora algunos empresarios y círculos económicos, y algunos sectores públicos más vinculados a ellos, ya no apoyan la llegada y permanencia de tanto inmigrante. Ahora, incluso, algunos caen en la cuenta de que en España “no cabemos tantas personas” y que “no se puede acoger a todos los que quieran venir a vivir y trabajar en España”. De hecho, los datos de interceptaciones en el mar han limitado sustantivamente la llegada de inmigrantes por cayucos, al tiempo que los permisos oficiales de trabajo se han reducido drásticamente.

El problema es que la dinámica del anterior período de crecimiento económico había producido una tendencia de fondo que ahora no es fácil revertir, ya que, como vengo insistiendo en varios de los estudios que he publicado sobre esta materia, en la inmigración actual no influyen sólo factores de atracción o demanda económico-laboral interna, sino también factores de huida o alejamiento de entornos que ofrecen pocas oportunidades de futuro en sus países a los que quieren emigrar. Es decir, el problema de fondo es la dinámica desigualitaria global y las escasas perspectivas que existen en las zonas más pobres del Planeta. Por eso, incluso en el último año, en el que las condiciones laborales y económicas de España han sido bastante malas, el número de extranjeros empadronados en nuestros municipios ha sido similar al de años anteriores. Es decir, 330.000 personas más.

Ahora, algunos empiezan a ver estas llegadas como un problema y como un peligro de aumento de costes en términos de servicios educativos, sanitarios y asistenciales. ¿Hay un gran egoísmo y una enorme doblez en esta manera de proceder? Sin duda alguna. Pero, más allá de las condenas morales, hay que entender que estamos ante una cuestión compleja, cuya explicitación posiblemente no ha hecho más que empezar, y que algunos van a intentar explotarla de cara a las próximas convocatorias electorales en una forma que puede proporcionar réditos electorales, como ya ha ocurrido en algunos otros países europeos. Por ello hay que ser capaces de analizar fría y rigurosamente todos los elementos implicados en este debate.