Los cambios que han tenido lugar en España tienen un reflejo evidente en las familias. Posiblemente las jóvenes generaciones desconozcan que hasta el año 1975 se exigía la autorización del marido para que la esposa pudiera trabajar. Quizá también ignoren que, desde el año 1954 hasta la desaparición de Franco, uno de los actos más tradicionales del régimen era la entrega de los Premios Nacionales de Natalidad, a los que concurrían familias con un número extraordinario de hijos que, en ocasiones, sobrepasaban la veintena. Las mujeres asumían su rol de madres y esposas, como objetivo de sus vidas, lo debían hacer bien, así lo habían visto en su madres y abuelas, no tenían dudas y quedaban subordinadas a los varones en un entramado social patriarcal.

El nuevo papel asumido por las mujeres en sociedades desarrolladas como la nuestra, tras su progresiva incorporación al sistema educativo y al mundo laboral, ha sido uno de los principales vectores del cambio social y de la propia dinámica familiar Las mujeres han ido tomando las riendas de sus vidas, compatibilizan su papel de madres y esposas con su actividad profesional; no sin costes para ellas y sus propias familias derivados, en buena medida, de la falta de apoyos institucionales, que hagan posible conciliar la vida familiar y profesional.

Los factores que han afectado a los cambios familiares se vinculan, por un lado, a la evolución que han seguido los valores y patrones sociales/axiológicos (libertad, individualismo, igualitarismo, democratización, pluralismo, secularización, etc) y, por otro, a los cambios de la lógica económica (desarrollo económico versus crisis económica), a la intermediación de variables de orden demográfico (aumento de la esperanza media de vida, bajas tasas de fecundidad, etc), a la presencia de factores científico-tecnológicos (especialmente, la utilización de anticonceptivos) y a las coyunturas políticas, concretadas en las diversas leyes sobre la familia que han impulsado los sucesivos gobiernos (entre las más recientes, la Ley 40/2003 de Protección a las familias numerosas, o la Ley 13/2005 por la que se modificó el Código Civil y posibilitó contraer matrimonio a las parejas homosexuales).

Todo lo anterior se ha traducido en que las familias españolas actuales son más reducidas que las de hace unas décadas y que la familia nuclear biparental ha dado paso a otras alternativas más diversas y plurales. El aumento de los hogares unipersonales, junto con el incremento de las familias monoparentales y de las parejas con un solo hijo o sin hijos muestran la evolución seguida. Precisamente son las familias monoparentales (fundamentalmente, las madres con hijos a su cargo), junto con las familias integradas por personas mayores de 65 años (en particular, los hogares con mujeres viudas) y las familias numerosas las que se encuentran en circunstancias más desventajosas, situándose, bastantes de ellas, en los límites de la pobreza.

Además, el hecho de que las familias sean cada vez más reducidas es en sí mismo un dato inquietante de cara al futuro, en la medida que la soledad es uno de los factores reconocidos de exclusión social.

Por otro lado, las relaciones familiares (entre los integrantes de la pareja e intergeneracionales) han ido avanzando hacia una progresiva democratización, a pesar de los actuales episodios de violencia familiar (siempre ha existido, aunque más invisibilizada), que implican que algunos varones no aceptan el nuevo papel social de las mujeres y reaccionan, utilizando su dimensión más primaria y cruel.

¿Cuál es el futuro de la familia española? Previsiblemente se asentaran las tendencias apuntadas con anterioridad. De ser así, los cambios familiares podrían alterar muchos de los supuestos de funcionamiento de nuestra sociedad, haciéndose del todo necesario que el Estado asuma mayor responsabilidad en la protección a las familias. Este es quizá uno de los grandes retos de España, que actualmente se encuentra a la cola de los países de la Unión Europea en lo que al gasto social en familia se refiere. Por ello habría que desarrollar un derecho de ciudadanía que garantizará el acceso universal de servicios de ayuda (los Municipios deberían jugar un papel muy significado en ese terreno) ampliando el número de escuelas de infancia (red de guarderías hasta 3 años), potenciando las prestaciones para las personas mayores y dependientes (ayuda a domicilio, residencias, centros de día, etc), apoyando a los jóvenes (becas, viviendas públicas, acceso primer trabajo, etc), así como mejorando las pensiones y salarios mínimos o de inserción. En los últimos años se han dado pasos en este sentido, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Cuando se consiga se estará más cerca de una igualdad real entre mujeres y hombres, al tiempo que las familias mejoraran su nivel de bienestar.

Esperemos que podamos hacer nuestra la frase de Heráclito “nada es permanente a excepción del cambio”, y que a pesar de las dificultades y de las desfavorables coyunturas se provea a las familias de los recursos y medios necesarios que satisfagan razonablemente sus necesidades. De no hacerlo podríamos entrar en una fase de crisis de sociabilidad, que llegaría a comprometer nuestro futuro. Esperemos que no sea así…