El que esté en candelero esa demanda a Cándido Méndez y a Ignacio Fernández “Toxo” se debe, en general, al contexto de crisis en que estamos inmersos y, en particular, al interés político de un determinado grupo de periodistas, articulistas y comentaristas identificados, en general, con posiciones muy críticas con el Gobierno socialista o directamente proclives al principal partido de la oposición. Más que preguntar, en no pocas ocasiones éstos parecen demandar a los sindicatos que realicen ya una HG contra el Gobierno. Eso, en el mejor de los casos. En otras ocasiones, la entrevista se convierte, pura y simplemente, en un indisimulado reproche a las organizaciones sindicales por no convocarla. Lo más paradójico del caso es que muchos de tales profesionales de la comunicación defienden las posiciones – como el abaratamiento del despido y una mayor desregulación del mercado de trabajo – contra las cuales probablemente los sindicatos sí terminarían convocando una HG.

La propuesta implícita de tales periodistas resulta absurda: viene a pedir que los sindicatos convoquen una HG a favor del abaratamiento del despido. Aunque, en realidad, se conformarían con que se llevara a cabo simplemente por cualquier motivo, siempre que fuera contra el Gobierno. En el fondo del pensamiento de este tipo de creadores de opinión anida la idea de que los sindicatos, cuando convocan HG, no lo hacen por reivindicaciones de carácter sindical perfectamente identificables, sino en función del color del Gobierno de turno. Simétricamente, hace apenas cinco años periodistas del otro espectro político acusaban subrepticiamente a UGT y CCOO de no convocar tantas HG durante los Gobiernos de Aznar como las que hicieron cuando gobernaba González.

El interés por esta cuestión se debe también, y con un origen radicalmente distinto, a la sugerencia realizada por el entonces recién elegido coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, cuando se refirió a la posibilidad de llevar a cabo una HG. Lo dijo, probablemente, para diferenciarse de la anterior dirección y enviar un mensaje a la opinión pública y, sobre todo, a las propias bases, de que la nueva dirección estaba dispuesta a realizar una oposición diferente. Sus declaraciones llamaron especialmente la atención por la manera en que fueron formuladas, y que inducían a confundir los distintos papeles que desempeñan los partidos y los sindicatos en la convocatoria de huelgas, incluidas las generales.

En mi criterio, aquel posicionamiento reflejaba, asimismo, una cierta concepción demiúrgica de la HG, entendida como un instrumento que puede resultar efectivo ante cualquier problema social importante. Como la crisis a la que nos enfrentamos. No parece, sin embargo, nada evidente que la respuesta más adecuada ante una crisis de la complejidad de ésta consista en la convocatoria de una HG. Su eficacia frente a esta gran recesión – que es de carácter internacional, tiene el epicentro en el sistema financiero y en endeudamiento desmesurado de empresas y familias y que hunde sus raíces en causas estructurales cimentadas durante décadas – no soy capaz de apreciarla.

Combinando los dos factores arriba señalados – tipo de HG e hipotéticos errores de Zapatero – cabría identificar cuatro escenarios que podrían desembocar en una huelga o movilización general.

1.- El primero de ellos es escenario de conflictividad “reactiva”. En realidad todas las HG producidas en España durante los últimos 30 años han sido reacciones contra medidas legislativas (laborales o sociales) agresivas para los trabajadores. Y, por tanto, han sido huelgas contra el Gobierno. En consecuencia, una HG reactiva podría desencadenarse por propuestas de desregulación laboral emanadas del Ejecutivo y claramente antagónicas con las posiciones sindicales. No parece que esta hipótesis vaya a materializarse. El Presidente Zapatero se ha manifestado reiteradamente en contra de cualquier reforma en este campo que no cuente con el consenso de los interlocutores sociales y, por lo tanto, de las organizaciones sindicales. Las reiteradas declaraciones del Presidente del Gobierno ponen de manifiesto una firme voluntad al respecto, tanto por razones de oportunidad como por las lecciones extraídas del pasado. Pero también por otras de fondo, al considerar que esa respuesta no es la más adecuada frente a la crisis.

Esta decidida posición presidencial seguirá siendo muy necesaria en el futuro para seguir neutralizando la previsible continuidad de la ofensiva de aquellos sectores que consideran imprescindible una profunda reforma laboral. Más allá de que crean mucho o poco en la eficacia de las medidas flexibilizadoras que proponen para remediar la crisis esos apóstoles del trabajo más barato, más fácil de despedir, con mayor jornada laboral y menor poder sindical, está claro que las plantean por dos razones tácticas. La primera se basa en la idea de que es en época de crisis cuando son posibles este tipo de reformas duras. La segunda, pretende desviar el debate sobre la crisis – ante el agravamiento de la misma y las dificultades para darle solución – hacia la “rigidez” del mercado de trabajo. Y, consecuentemente, trata de hacer recaer sobre la supuesta intransigencia sindical ante tales “reformas” los destrozos producidos por la recetas neoliberales.

Otra variante de huelga reactiva podría venir motivada por la implementación de un programa económico-social de corte neoliberal para hacer frente a la crisis: reducción de impuestos directos, recorte de prestaciones sociales, rebaja importante de cotizaciones empresariales, contrarreforma laboral, reducción de la cobertura de desempleo. Para entendernos, un programa parecido al que defienden el PP y las organizaciones empresariales. Esta parece una hipótesis claramente descartable. Las medidas ya adoptadas no van por ahí; el Gobierno ha rechazado ese camino; y lo que prima, a nivel internacional, son las recetas de tipo keynesiano.

2.- El segundo escenario podría provocar una HG de tipo “defensivo”. Y tendría que ver con la actitud que adopte la patronal. Por ejemplo, una aguerrida política en cuestiones como los expedientes de regulación de empleo, la regulación del despido, la reducción de las cotizaciones sociales empresariales, el incumplimiento de lo pactado en los convenios vigentes en términos salariales, la oposición a la negociación de los nuevos convenios conforme a criterios equivalentes a los que se están planteando en el conjunto de la UE, aumentaría la conflictividad laboral.

Ésta, lógicamente, sería una movilización contra las posiciones de las organizaciones empresariales y no contra el Gobierno. Un detonante especialmente sensible podría ser un eventual rechazo empresarial a hacer efectivas las cláusulas salariales establecidas en los convenios vigentes. Amparándose para ello en que la inflación de 2008 ha quedado por debajo de las previsiones recogidas en los convenios ya firmados.

La Confederación Europea de Sindicatos ha recomendado, con carácter general, subidas salariales del 2/3% como referencia para el conjunto de la UE. Con el poderoso argumento, cargado de razón sindical y económica, de que una caída de los salarios nominales por debajo de esos niveles lastraría aún más la demanda y alimentaría la deflación. Si los empresarios españoles, en la negociación de los convenios que han de ser renovados, hacen casus belli de incrementos salariales que vayan en esa línea, el descontento sindical y la conflictividad laboral podrían dispararse y culminar, si no en una HG, sí al menos en una importante jornada de acción.

3.- El tercer supuesto es el de una HG de tipo corporativo/desestabilizador. Es decir, la confluencia, en un mismo momento, de las reivindicaciones de sectores que poco tienen que ver con el espacio de los sindicatos de trabajadores por cuenta ajena: transportistas, agricultores, médicos, pilotos o, como estamos viendo estas semanas, jueces. Pese a que la experiencia nos indica que en los momentos de fuerte impacto de una crisis económica sobre los sectores de clase media éstos suelen ser propicios al surgimiento de duros conflictos “corporativos” no existen, en mi opinión, condiciones en España para que se acumulen varias protestas de este tipo. No parece, en efecto, que estos sectores estén por la labor (como hemos conocido en otros países) de realizar acciones de desestabilización política, ni existe en nuestro país ningún partido político que tenga suficiente influencia sobre ellos como para poder aglutinarlos. Tampoco es previsible que el Gobierno cometa el error de no desactivar este tipo de reacciones, si se produjeran, atendiendo lo que de justo y razonable pudieran plantear.

4.- Finalmente, cabría imaginar alguna movilización de tipo “programático” en el ámbito supranacional europeo. Una acción que más que a una HG podría parecerse a una demanda general de transformaciones profundas en las políticas económicas y sociales practicadas por los gobiernos a los largo de las últimas décadas. Y a favor de profundos cambios en el sistema capitalista. Como rezaban algunos carteles en la última jornada de acción convocada por las organizaciones sindicales francesas el pasado 29 de enero, se trataría más de una movimiento de rêve (sueño, aspiración, reivindicación) que de grève (huelga, presión) . Si la UE no da pasos decididos hacia una mayor integración política, hacia políticas comunes, y no solo orientaciones compartidas, frente a esta crisis sistémica, o no lanza un new social deal, no es del todo descartable que algo parecido a una “huelga” o movilización laboral europea, de una dimensión hasta ahora desconocida, pudiera producirse.