Después del 29-S se ha impuesto un periodo de reflexión al que han sido llamados todos los sujetos activos en la confrontación que ha motivado la huelga. Una primera valoración determina que la huelga y las movilizaciones han sido un acto supremo de participación democrática, han ilusionado a la izquierda, y también han puesto en valor las ideas socialdemócratas, al enfrentarse los sindicatos con dignidad y firmeza al gobierno, a la UE y al dictado de los mercados. Por el contrario, ha dejado al gobierno en una mala situación: falto de ideas, con exceso de retórica y pérdida de credibilidad al defender políticas propias de la derecha más conservadora desde un partido de izquierdas. Ante esta situación, el gobierno no tiene otra alternativa que reaccionar retomando la iniciativa política (que contemple cambios en profundidad, no basta con cambiar a personas), porque la huelga ha situado la pelota en su propio tejado, sobre todo cuando le faltan apoyos parlamentarios suficientes y sabe que sin los trabajadores carece de apoyo social y no son creíbles sus apelaciones al “futuro” para consolidar el estado de bienestar social.

Por eso, en este contexto, no cabe cualquier negociación sino se basa en la rectificación programada de las medidas tomadas (el 81% de los votantes del PSOE quieren que el gobierno rectifique), so pena de pagar un alto precio en futuras confrontaciones electorales, como vienen anunciando con reiteración las encuestas, porque no es verdad que “las circunstancias” impidan rectificar, como bien dicen los sindicatos.

La primera rectificación se debe establecer en torno a la reforma de las pensiones que puede abrir la puerta del diálogo social interrumpido. Ello exige que el gobierno, de entrada, ponga el “contador a cero” en relación a las medidas unilaterales tomadas (al margen del Pacto de Toledo) sobre las pensiones: congelación de las pensiones para el año 2011; alargar la jubilación a los 67 años; aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones a los 20 años, o a toda la vida laboral; y aumentar la carrera laboral por encima de los 35 años para cobrar la totalidad de la pensión.

La pretensión del gobierno de sentarse a negociar las pensiones sin esta premisa resultará un ejercicio baldío para los grupos parlamentarios y, sobre todo, para los sindicatos- fortalecidos y exigidos por la huelga-, porque no pueden aceptar negociar sobre medidas tomadas al margen del Pacto de Toledo que, además, perjudican a los trabajadores y responden, en buena medida, a “intereses para contentar a los mercados”, o simplemente a dictados ideológicos. Debemos reiterar que las medidas relativas a las pensiones no tienen nada que ver con el déficit y la deuda pública. Además, en España gastamos menos en pensiones que la media europea (3% del PIB) y nuestras pensiones están por debajo, en su cuantía, de las que se perciben en la UE.

En todo caso, no es ocioso recordar que nadie se niega a discutir sobre el futuro de la seguridad social, como se ha venido haciendo hasta ahora en el Pacto de Toledo- sin descartar ninguna medida, incluso recurrir a los presupuestos generales del estado-, por eso no es aceptable situar a las partes ante un hecho consumado como ha hecho el gobierno, y mucho menos hacerlo en el actual contexto político, económico y social marcado por la crisis.

En segundo lugar, los presupuestos generales del estado (víctimas de la obsesión por el déficit) no deben perder de vista que el desempleo es nuestro principal problema y por lo tanto tienen que ayudar- y no ser una rémora- a crear empleo repartiendo esfuerzos. Por eso, el tremendo ajuste presupuestario debe salvar la inversión pública generadora de empleo (se reduce el 40,7% la inversión en infraestructuras) y el impulso a las políticas activas de empleo, así como la financiación de una política social que ponga remedio a las carencias de los más perjudicados por la crisis (parados sin prestación por desempleo). Los sindicatos no pueden aceptar resignadamente – con un 20% de trabajadores desempleados- unos presupuestos que consolidan cifras de paro y un escaso crecimiento de la economía por debajo de la media europea.

En tercer lugar se debe reformar la negociación colectiva y abordar la flexibilidad interna entre los interlocutores sociales- en base a una exigencia, tal como se contempla en la ley 35/ 2010, de 18 de septiembre, de medidas para la reforma del mercado de trabajo-, para potenciar la estructura de los convenios colectivos; enriquecer sus contenidos; ampliar la cobertura de éstos a todos los trabajadores; consolidar sus ámbitos de negociación (desde el convenio de sector al de empresa); articular dichos ámbitos; superar la individualización estéril de las relaciones laborales; y establecer los criterios (democracia participativa) para fijar las condiciones de trabajo. Ello fortalecerá a los interlocutores sociales en los diversos ámbitos de negociación y, sobre todo, en el ámbito de la empresa. Sin embargo, el acuerdo en este caso no será nada fácil ante la apuesta de la CEOE por la individualización de las relaciones laborales y el descuelgue de los convenios.

En cuarto lugar es urgente abordar la reforma de las inoperantes y burocráticas oficinas públicas de empleo para que sean capaces de intermediar y poner en práctica medidas que reactiven la recolocación de los trabajadores desempleados, potencien la formación profesional en coherencia con las necesidades de nuestro mercado de trabajo, impulsen las políticas activas de empleo y busquen nuevos yacimientos de empleo.

En quinto lugar el gobierno debe abrir una mesa para abordar una reforma fiscal en profundidad encaminada a conseguir más ingresos de los que más tienen. No es posible- desde la razón, la equidad y la progresividad- que la corrección del déficit se lleve a cabo sólo a través del capítulo del gasto y no también de los ingresos. En este capítulo debe ocupar un lugar preferente la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, así como recuperar impuestos (el de patrimonio es uno de ellos) y aumentar éstos a las rentas más altas, a las plusvalías y a las transacciones financieras; además de revisar las desgravaciones fiscales (muchas de ellas sin justificación suficiente).

En sexto lugar, y por último, se debe poner freno a la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios y al recorte del empleo público; así como, sobre todo, revisar la reforma laboral. El acuerdo plurianual firmado en su día en la administración pública se debe recuperar y reactivar; para ello el gobierno debe asumir, delante de los sindicatos presentes en las administraciones públicas, un compromiso firme que lo haga realidad en el tiempo.

La reforma laboral – en los meses que lleva en vigor se está contratando menos empleo indefinido y más temporal (91,2% en septiembre) – va a ser el talón de Aquiles de futuras conversaciones y encuentros entre sindicatos y gobierno. La solución no resultará fácil a corto plazo; sin embargo, resulta imprescindible para recuperar la confianza y el respeto debido entre las partes. La persistencia del desacuerdo en esta importante materia será malo para los trabajadores y sindicatos, negativo para el diálogo social, contraproducente para salir de la crisis y nefasto para las expectativas electorales del PSOE.

Paralelamente, el gobierno debe propiciar, como una de las tareas fundamentales, el reducir la deuda privada generada por un consumo improductivo exacerbado y por la burbuja inmobiliaria (el gobernador del Banco de España debe asumir su responsabilidad directa en esta materia) con un inmovilizado en ladrillo, en buena parte en manos del sector bancario- víctima de su propia política especulativa-, por la morosidad de empresas y particulares, que lastra la concesión de créditos y, por añadidura, reduce el crecimiento de nuestra economía más allá de la crisis.

También debe impulsar (ante la pasividad de la CEOE afectada por una crisis de liderazgo) la competitividad de nuestra economía basada actualmente en un modelo productivo obsoleto. La filosofía de la reforma laboral sigue apostando por la competitividad del factor trabajo: intensificación del trabajo, bajos salarios, alta precariedad en el empleo, baja protección social y un alto índice de desempleo. Abandonando, por lo tanto, el necesario cambio de modelo productivo basado en la educación y el conocimiento, la investigación, la innovación, la organización del trabajo, las nuevas tecnologías, las comunicaciones…

Este modelo productivo es el que explica que en nuestro país se destruya más empleo en épocas de crisis que en otros países de la UE. Lo mismo que ocurre entre CCAA: unas destruyen más empleo que otras por las mismas razones referidas a su modelo productivo.

Por su parte, los sindicatos deben también reflexionar y, como ha exigido la huelga, reforzar su autonomía y avanzar en una acción sindical más ofensiva, más de combate, movilizadora, cercana a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores. El movimiento sindical debe reflexionar, además, sobre sus carencias en el sector servicios, en las administraciones públicas; debe estudiar la integración de importantes colectivos actualmente al margen de los sindicatos mayoritarios, así como mejorar su presencia e implantación en las pequeñas empresas.

Como se puede comprobar, las enseñanzas de la huelga son muchas. Sin embargo, es el gobierno el que tiene que responder con urgencia a las exigencias sindicales que han justificado la huelga; convencidos de que nuestra política económica y social no debe nunca sucumbir dogmáticamente al déficit, a la deuda, y al dictado de los mercados. Sólo la democracia y el trabajo, así como las políticas sociales encaminadas a defender a los más débiles, nos obligan a todos.