El nacimiento de UGT nos remite a larevolución industrial y al nacimiento de dos figuras claramente antagónicas: El capital y el trabajo. La acumulación del capital necesario para financiar el maquinismo conduce a una feroz explotación de los trabajadores, sobre todo en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX.

En este escenario, y al grito desesperado y claramente defensivo de “Organización o Muerte”, surgen las Sociedades de Socorros Mutuos, los sindicatos y más tarde la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), en 1864. La creación de una nueva Federación Madrileña de la AIT, en 1879, de inspiración marxista, apuesta por la total emancipación de los trabajadores: Es decir, por la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres, iguales, honrados e inteligentes.

En este contexto se celebra el congreso constituyente de UGT, en Barcelona, del 12 al 15 de agosto de 1888, por iniciativa de seis sociedades del Centro Obrero de Mataró, en un congreso al que asistieron 46 sociedades obreras con 5.154 asociados. Podemos afirmar que, desde su constitución, la historia de UGT se confunde con la historia del movimiento obrero en España, como lo demuestran infinidad de hechos relevantes que pusieron de manifiesto el decidido apoyo de UGT a la emancipación de los trabajadores y a la defensa de la libertad y de la democracia. Una política que se acrecentó de manera extraordinaria con el advenimiento de la II República, el levantamiento militar franquista y los años de plomo de la dictadura.

Con la muerte de Franco comienza la transición política y sindical hacia la democracia, donde quedó patente el fuerte protagonismo de los sindicatos en la recuperación de las libertades, así como en la modernización de las estructuras económicas y sociales.

Paradójicamente, esta dilatada historia del movimiento sindical contrasta con el escaso reconocimiento público que tienen los sindicatos en la actualidad y, lo que es más grave, con la brutal campaña antisindical (llena de falsedades y medias verdades) auspiciada desde la derecha económica y mediática más reaccionaria. Una campaña vergonzosa, que pone en grave riesgo a la democracia, además de atentar contra la Constitución Española en su decidida apuesta por la libertad sindical y por el reconocimiento de las organizaciones sindicales en defensa de los trabajadores.

No debemos olvidar que los sindicatos en la actualidad representan el último baluarte en la defensa del Estado de Bienestar Social; por lo tanto, en defensa del empleo, los salarios, la protección social, las pensiones, la dependencia, los servicios públicos (educación y sanidad) y una fiscalidad más justa y sostenible.

El ataque reiterado y sistemático a los sindicatos pretende remover los obstáculos para culminar la imposición de las políticas neoliberales emanadas de la UE, el BCE y el FMI. Eso mismo pretende el proyecto de ley de seguridad ciudadanía (auténtico abuso de autoridad), la ley de servicios mínimos en materia de huelga y la nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral en materia de contratación. No debemos olvidar que el desempleo, la devaluación salarial, el deterioro de los servicios públicos y la regresión fiscal están siendo contestadas por los movimientos sociales (“mareas”) y, desde luego, por los sindicatos, empeñados en oponerse a unas políticas que atentan contra los intereses de los más desfavorecidos generando desigualdad, pobreza y exclusión social.

Ante este brutal ataque, el Gobierno y la CEOE miran para otra parte o colaboran en la demolición de los sindicatos sin darse cuenta de que esta política resulta nefasta para el futuro de la democracia y, en particular, para la estabilidad de las relaciones laborales (el aumento de la conflictividad resulta evidente en los últimos años) y la mejora de la economía, que no será posible sin la participación de los trabajadores organizados en sindicatos. Debemos recordar que los países más avanzados destacan por contar con sindicatos fuertes y que el competir con bajos salarios, baja protección social, alto índice de desempleo y sindicatos débiles no tiene sentido y resulta absurdo y contraproducente para nuestra economía.

En estos momentos los sindicatos están sumidos en una profunda reflexión sobre su quehacer en un contexto económico y social difícil, y lo vienen haciendo sobre tres grandes capítulos a partir de las resoluciones emanadas de sus recientes congresos: Acción sindical (diálogo social, concertación y negociación colectiva), consolidación organizativa y financiación de las estructuras sindicales.

La acción sindical en los últimos años se ha llevado a cabo en defensa del empleo, los salarios, las pensiones, la protección social y los servicios públicos. El procedimiento seguido para ello ha sido la concertación y la negociación colectiva que, en la actualidad, está bajo mínimos. El Gobierno y los empresarios han llegado a la conclusión de que sin concertación y sin negociación colectiva consiguen imponer más fácilmente sus políticas al amparo de la crisis. Eso explica la ruptura del Pacto de Toledo, la imposición de la reforma laboral y el incumplimiento del AENC, 2012-2014. También explica el desplome de la negociación colectiva -escasamente cubre a 4 millones de trabajadores (datos provisionales, año 2013) sobre los 11,5 millones cubiertos en el año 2009-, muy afectada por los descuelgues y la ultraactividad.

Ante esta realidad, los sindicatos deben obrar en consecuencia fortaleciendo la negociación colectiva en los centros de trabajo a través de una acción sindical más ofensiva; por lo tanto, al margen de la moderación salarial y de una política acomodaticia, encaminada simplemente a limitar daños y a conseguir logros a corto plazo.

En relación con la consolidación organizativa, los sindicatos se afanan en combatir los riesgos de burocratización y en fomentar el debate y la participación de los afiliados en las estructuras sindicales. El aumento de la afiliación, la presencia de los sindicatos en colectivos específicos (jóvenes, mujeres, pensionistas, autónomos, técnicos y cuadros…) y la organización de los sindicatos en empresas pequeñas son asuntos de relieve que merecen una dedicación prioritaria. Ello debe estar acompañado de una mayor participación de los afiliados en la toma de decisiones. En todo caso, las decisiones que se puedan tomar (por ejemplo en el caso de UGT) sobre la unificación de federaciones y la simplificación de organismos básicos de la estructura territorial deben estar presididas por la racionalidad; pero también por el aumento de la afiliación, el fomento de la participación, la organización del sindicato en las empresas pequeñas y la mejora de la representatividad sindical (elecciones sindicales).

Por último, la financiación de los sindicatos debe ser profundamente revisada en las actuales circunstancias. Debemos recordar que los sindicatos son organizaciones con dos estructuras muy descentralizadas y con una gran autonomía en lo funcional y en lo económico. Además, los órganos de control y de revisión de cuentas de los múltiples organismos sindicales son -en la práctica- escasamente independientes de las comisiones ejecutivas, lo que debe ser analizado y corregido, garantizando con ello un riguroso control y transparencia que pueda llegar, incluso, a bloquear las cuentas. De la misma manera se deben establecer fuertes cortafuegos capaces de resolver el problema donde se produzca, evitando así que las hipotéticas irregularidades puedan dañar a los organismos superiores.

En todo caso, la financiación del sindicato debe mejorar por un incremento de los ingresos derivados de la cuota sindical, lo que ayudará a reducir la dependencia del dinero público. Dicho esto, no debemos perder de vista que los sindicatos defienden a todos los trabajadores, no sólo a sus afiliados. Este es el motivo que justifica el cobro de cantidades para cubrir los gastos que genera el asesoramiento económico y jurídico a sus representantes en la negociación colectiva y en los expedientes de regulación de empleo. También obtienen dinero de la cuota patronal y obrera de formación profesional por impartir cursos de formación como, por otra parte, hacen los empresarios. Cobros que, todo hay que decirlo, no todos los ciudadanos comprenden y justifican, por lo que hay que explorar otros cauces posibles para que el sindicato cubra los gastos derivados de su acción sindical en defensa de los no afiliados, evitando así la discriminación negativa que se produce con los afiliados que, no podemos olvidar, pagan la cuota y reciben las mismas prestaciones que los no afiliados. En cualquier caso, todo lo que se haga o decida en esta materia debe ser público y transparente y estar sujeto a controles internos y externos (si se trata de dinero público), sobre todo en un contexto de crisis económica y social.

Mientras tanto, hay que responder a una opinión pública muy impactada por noticias contrarias a los sindicatos -que se han publicado en todos los medios de comunicación- y por los expedientes administrativos abiertos por la Junta de Andalucía, que requieren una explicación y una respuesta firme, convincente y decidida de los sindicatos y particularmente de UGT. La opinión pública espera que las informaciones sobre la presunta mala administración económica, el descontrol del dinero público y la malversación de fondos se persigan y depuren. Además, exige que los sindicatos colaboren con la justicia y devuelvan todo el dinero que no se pueda justificar y, por supuesto, que los culpables de estos presuntos desaguisados abandonen el sindicato.

En este sentido, la rapidez y contundencia de la respuesta sindical será fundamental para mantener la necesaria confianza y la credibilidad de los trabajadores. No debemos olvidar que la organización de los trabajadores en sindicatos se ha demostrado eficaz a través de la historia a partir de una actuación ética, honrada, comprometida y solidaria con los más desfavorecidos. Desde luego, así actúan la casi totalidad de los responsables, cuadros, delegados y afiliados en el desarrollo de su acción sindical a los que, por lo tanto, se les debe respeto y también el reconocimiento por su labor desinteresada.

En todo caso, se debe seguir apostando por un sindicalismo más participativo, más abierto, más de combate y, por lo tanto, más creíble y capaz de ilusionar, sobre todo a los más jóvenes. Un sindicalismo con capacidad de asimilar los cambios sociológicos que se expresan a través de las redes sociales; un sindicalismo capaz de conectar con los movimientos sociales emergentes y de llegar a acuerdos con ellos en defensa de los intereses de los trabajadores, sabiendo que los Gobiernos y los empresarios nunca han regalado nada a los trabajadores. Ante semejante situación, los sindicatos deben inspirar respeto y ello sólo será posible mejorando su relación de fuerzas y demostrando capacidad de respuesta ante los atropellos que se están cometiendo con la democracia y, en particular, con los más débiles.