Los análisis que se están haciendo de los datos de desempleo ponen de relieve la penosa situación en la que se encuentra nuestro mercado de trabajo (temporalidad, bajos salarios, baja protección por desempleo, jornadas intensivas de trabajo, trabajo penoso y peligroso…). También destacan el temor a perder el empleo como una de las causas que está generando estrés físico y mental y, como consecuencia, un aumento de la siniestralidad laboral y un agravamiento de la situación social, que conducen al miedo y a la desmovilización ciudadana en nuestro país.

Coincidiendo con estos análisis, el pasado 28 de abril, como todos los años, se ha celebrado el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo impulsado en el mundo por la OIT- centrado en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo como una herramienta para la mejora continua de la prevención de incidentes y accidentes laborales-, consciente del problema que representan las muertes y las enfermedades profesionales en los centros de trabajo.

La OIT calcula que cada año en el mundo se producen 337 millones de accidentes y 2,3 millones de muertes en el lugar de trabajo, es decir, 6.300 muertes por día, mientras que más de 160 millones de personas enferman debido a un trabajo inseguro, insalubre, o peligroso. Además, las ausencias del trabajo, los tratamientos de la enfermedad, y las prestaciones de supervivencia que originan las lesiones, las muertes, y las enfermedades profesionales, traen consigo la pérdida del 4% del PIB mundial, que es 20 veces superior a toda la ayuda oficial que reciben los países en vías de desarrollo.

En Europa, a pesar de los avances producidos, todavía mueren cada año en la UE 5.580 personas como consecuencia de accidentes laborales, según cifras facilitadas por EUROSTAT. Además, la OIT estima que 159.500 trabajadores mueren en la UE cada año a causa de enfermedades profesionales (sobre todo cardiovasculares, pulmonares, oncológicas y mentales), lo que quiere decir que sumando ambas cifras se estima que cada tres minutos y medio muere una persona en la UE por causas relacionadas con el trabajo.

Estos datos demuestran que todavía persisten en el mundo formas inhumanas de trabajo: esclavismo; trabajo infantil; sobreexplotación de mujeres, jóvenes, e inmigrantes; trabajo humillante… que representan una vergüenza para la humanidad sobre todo cuando se produce en busca de la obtención de beneficios para unos pocos a costa de la sobreexplotación del factor trabajo, lo que produce sufrimiento y, lo que es inadmisible, la muerte de muchas personas por el simple hecho de ir a trabajar.

Los últimos datos conocidos en España (UGT, 2.010) reflejan una mejora de la siniestralidad que, en buena medida, se explica por la brutal caída del empleo en nuestro país. A pesar de ello, en España se han producido 627.876 accidentes con baja y 778.653 sin baja, lo que suman 1.406.529 accidentes en el periodo de referencia. En los accidentes mortales también se ha producido un descenso, pasando de 826 fallecidos en el año 2.009 a 737 en el año 2.010. Del total, 556 trabajadores perdieron la vida en su jornada de trabajo y 181 en el trayecto de ida y vuelta al trabajo (“in itínere”).

Dicho de otra manera: 2 trabajadores fallecen en España cada día por ir a trabajar, 17 tienen un accidente grave, 1.752 sufren un accidente leve, y 2.133 sufren un accidente sin baja.

En cuanto a las enfermedades profesionales, según el observatorio encargado de su seguimiento, se han producido un total de 16.928 enfermedades profesionales declaradas, de las cuales 8.875 han sido con baja y 8.053 no han producido baja, lo que representa un ligero aumento sobre el año 2.009 (78 más, un 0,46%).

Las causas que nos sitúan a la cabeza de la UE en siniestralidad laboral son conocidas: la temporalidad (dos tercios de los accidentes de trabajo que se producen en España los sufren trabajadores con contratos temporales), la subcontratación, la ausencia de cualificación profesional, el trabajo intensivo, el alargamiento de jornada, la mala organización del trabajo, los falsos autónomos; además de la ausencia de medidas elementales de prevención de riesgos laborales en muchas empresas.

La pérdida de salud de los trabajadores, además de las pérdidas económicas, justifica que los sindicatos denuncien el terrible azote que representa la siniestralidad laboral y exijan que se lleve a cabo la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.007- 2.012. En dicha estrategia se abunda en el cumplimiento de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, según los expertos sigue siendo un buen instrumento para frenar la alta tasa de siniestralidad laboral, aunque haya sido sistemáticamente ignorada en la práctica por los empresarios y condicionada en su aplicación por el modelo de organización empresarial y las condiciones de trabajo que imperan en nuestro modelo productivo.

Además, el funcionamiento del sistema empresarial ha cambiado y las empresas deciden externalizar distintas áreas de actividad: gestión y administración, producción, distribución y ventas… con el propósito de abaratar costes y transferir, en la práctica, los riesgos más graves para la salud a los trabajadores de las empresas subcontratadas, y por lo tanto menos exigentes en materia de prevención de riesgos- monetizando la salud- hecho que contribuye en gran medida al aumento de los accidentes de trabajo.

Particularmente los sindicatos exigen prestar una mayor atención a las pequeñas empresas que representan más del 90% del tejido empresarial y donde no llegan ni los sindicatos ni la Inspección de Trabajo. Para ello es imprescindible fomentar la participación, coordinación y eficacia de las administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales (INSHT, Inspección de Trabajo, Fiscalía Especial, Mutuas, Comisión Nacional de Seguridad, Fundación para la Prevención…). En este sentido, UGT viene reclamando desde hace años una Ley que contenga la unificación en el orden social de todos los aspectos y sujetos involucrados en los accidentes de trabajo.

Además de todo ello, los sindicatos están haciendo hincapié, desde hace años, en el reconocimiento de las enfermedades profesionales- que están infra declaradas (no se ha declarado ninguna en los últimos 10 años, lo que resulta inconcebible) y causan diez veces más muertes que los accidentes de trabajo- ante el previsible incremento de los diversos tipos de riesgo en los próximos años: biológicos, químicos, de estrés (causante de más del 50% de los días de trabajo perdidos en la UE), así como el riesgo que representa la exposición a las nanopartículas y partículas ultra finas que se puede convertir en lesiones profesionales poco conocidas en estos momentos pero que pueden aparecer en el futuro como ya ocurrió con el polvo de sílice (silicosis) y está ocurriendo con el amianto (asbestosis), afectando en este caso a 60.000 familias en España.

Un ejemplo muy significativo de lo señalado anteriormente se refiere a la empresa France Telecom (el Estado tiene el 26% de las acciones) sometida a un proceso de reorganización desde 2.008 que perseguía el despido de 22.000 trabajadores de los 100.000 que tenía el grupo. Ello ha producido ya el suicidio por estrés de 44 trabajadores en un año y medio, la mayoría en el lugar de trabajo. El último ejemplo de ello se refiere al suicidio de un trabajador (el pasado 26 de abril) a lo bonzo en Burdeos. La CGT, el primer sindicato del país, ha denunciado que los cambios introducidos en la empresa para responder a las decenas de suicidios llevados a cabo por la política laboral de la empresa no han sido “suficientes ni satisfactorios”.

La violencia laboral es otra de las lacras en aumento (acoso moral, discriminatorio, y sexual). El 6% de los trabajadores sufren algún tipo de violencia laboral y el 28% padecen habitualmente conductas de violencia de baja intensidad, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2008; sin embargo, sólo el 16% de las empresas tienen algún protocolo para tratar la intimidación y el acoso y apenas el 14% realizan evaluaciones de estos problemas (El País, 27-04-2011) a pesar de que la ley les obliga a ello y tienen potencial para afectar a la salud del trabajador.

Por otra parte, IU ha registrado una proposición no de ley en el congreso- digna de que se tome en consideración- sobre protección de la salud frente a la exposición a campos electromagnéticos, con el propósito de que el gobierno establezca un sistema público de control fiable e independiente de los niveles de emisión radioeléctrica de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones ubicadas en zonas residenciales, educativas y hospitalarias. Plantea también el reconocimiento legal de la electrohipersensibilidad como enfermedad causante de discapacidad, con el correspondiente protocolo sanitario para su diagnóstico y tratamiento. Además, la proposición pretende regular el uso del móvil, las redes WIFI y otras tecnologías inalámbricas por los menores de edad, así como en el transporte público y centros públicos, partiendo del reconocimiento de un riesgo sanitario por contaminación electromagnética o electropolución.

Como se puede comprobar, existen razones poderosas y argumentos sobrados para trabajar por la disminución de los accidentes y enfermedades profesionales hasta situarlas, cuando menos, en la media de la UE. Lamentablemente, eso sólo será posible cuando se integren en un modelo de desarrollo en el que el cuidado de la salud sea realmente un recurso productivo y no un mero efecto colateral, más o menos asumible en términos económicos, y las empresas terminen por aceptar, de una vez por todas, el concepto de “trabajo decente, seguro y con derechos” como un concepto rentable en términos económicos. Por eso resulta necesario el cambio de nuestro modelo productivo, que está llamado a representar un considerable avance en el combate contra la siniestralidad laboral. Además, no debemos olvidar que de aquí en adelante no será posible competir con empresas y países en base a la sobreexplotación del trabajo, la precariedad de nuestro mercado de trabajo, los bajos salarios, la baja protección social, y la alta siniestralidad laboral. Esa es una lección que hemos aprendido de la crisis en un mundo globalizado y que no podemos olvidar.

En definitiva, hay que continuar extendiendo la cultura de la prevención de riesgos laborales para que penetre en las empresas y en el conjunto de la sociedad (las campañas sobre los accidentes de tráfico son un modelo a seguir) y exigir a las diversas administraciones públicas que se tomen en serio este problema, comenzando por penalizar con dureza (a través de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía Especial) las conductas irresponsables y delictivas de algunos que se llaman empresarios.