En España, el Ministerio de Trabajo, por Orden de 30 de marzo de 1999, también convirtió el 28 de abril en el día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente, en 2003, la OIT instituyó el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo para destacar la imperiosa necesidad de prevenir las enfermedades y los accidentes en los centros de trabajo.
Según la OIT, cada año mueren en el mundo más de 2 millones de personas a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. De acuerdo con estimaciones moderadas, se producen 270 millones de accidentes y 160 millones de personas enferman debido a un trabajo inseguro, insalubre, o peligroso, siendo los más afectados los pobres y los menos protegidos (mujeres, niños y migrantes).
En la UE, en torno a 27.000 personas mueren por accidentes laborales, cifra que se eleva hasta cerca de 300.000 si se contabilizan los fallecimientos derivados de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, oncológicas y mentales provocadas por las malas condiciones de salud en el trabajo.
Estos datos, a escala planetaria, demuestran que todavía persisten, en pleno siglo XXI, formas infrahumanas de trabajo: esclavismo; explotación del trabajo infantil, de la mujer y de los inmigrantes; trabajos que hieren la dignidad humana y los derechos fundamentales; sobreexplotación; trabajo en precario; trabajo humillante que se convierten en una lacra social y en una vergüenza para la humanidad, sobre todo cuando se busca la obtención de beneficios para una exigua minoría -a través de la sobreexplotación del factor trabajo- a costa de la vida y el sufrimiento de los trabajadores.
En nuestro país, la siniestralidad laboral sigue representando uno de los peores indicadores y es un fiel reflejo de lo que ocurre en nuestro mercado de trabajo. La escasa contribución de los empresarios y la complacencia de las administraciones públicas, junto a la intensificación de los ritmos de trabajo; la precariedad (temporalidad, subcontratación, y falsos autónomos); los bajos salarios; y el alargamiento de la jornada laboral, explican que mantengamos la tasa de siniestralidad más alta de la Unión Europea.
Cuando se han cumplido 110 años desde la aprobación de la primera Ley de Accidentes de Trabajo, en 1900, y 15 años de la aprobación de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una de cada cuatro empresas es ajena a sus obligaciones preventivas básicas y en el 80% de las empresas de menos de 6 trabajadores no existe representación sindical, ni delegado de prevención. Además, en el 36 por ciento de los accidentes laborales sucedidos en este tipo de empresas, durante 2008, se detectó que no se había realizado ninguna evaluación de riesgos laborales (INE).
Según los datos, todavía provisionales, del Ministerio de Trabajo, en 2009, 1.456.777 trabajadores sufrieron un accidente laboral (un 16,3% menos que en 2008) y 826 perdieron la vida (258 accidentes mortales menos). No obstante, este descenso se debe en buena medida a la destrucción de empleo en los dos últimos años, sobre todo en el sector de la construcción. De los accidentes mortales, 632 fueron en su lugar de trabajo y 194 in itinere (bajan el 17% por las medidas drásticas tomadas por la DGT y porque se siguen computando muchos de ellos como accidentes de tráfico).
En relación con las enfermedades profesionales, en 2009 se han notificado un total de 16.850 (1.850 menos que en 2.008, un 10%). De las notificadas, 9.803 han sido con baja y 7.047 no han producido baja. Todo indica- con estos datos- que se están derivando al Sistema Nacional de Salud patologías que se producen en las empresas y, por lo tanto, se están tratando como enfermedades comunes con el perjuicio que ello representa para los trabajadores y para la prevención eficaz de la salud en el trabajo. A ello contribuye que no está clara la frontera entre enfermedad común y enfermedad profesional. Con frecuencia los factores relacionados con el trabajo agravan una enfermedad establecida, por lo que resulta difícil su reconocimiento y registro, incluso su prevención.
Estas cifras, así como las pérdidas económicas, y fundamentalmente la pérdida de salud de los trabajadores, justifican que los sindicatos denuncien el terrible azote que representa la siniestralidad laboral y exigen que se lleve a la práctica la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2.007- 2.012, aprobada en su día. En dicha Estrategia se abunda en el cumplimiento de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales que, según los analistas, sigue siendo un buen instrumento normativo para frenar la alta tasa de siniestralidad laboral, aunque haya sido permanentemente ignorada en la práctica por los empresarios y condicionada en su aplicación por el tipo de organización del trabajo y las condiciones de trabajo que imperan en nuestro país.
Para mejorar esta situación, los sindicatos exigen una mayor atención a las microempresas- que representan más del 90% del tejido empresarial- donde llegan con dificultad los sindicatos y la Inspección de Trabajo; mejorar el sistema de prevención fortaleciendo el papel de los sindicatos; incrementar la información y la investigación en materia de seguridad y salud en el trabajo; adecuar, mejorar, e implementar la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales; y fomentar la participación, coordinación y eficacia de las administraciones públicas en las políticas de prevención de riesgos laborales (INSHT, Inspección de Trabajo, Fiscalía Especial, Mutuas, Comisión Nacional de Seguridad, Fundación para la Prevención ).
En relación con el último punto, UGT viene planteando, además, crear un Organismo Estatal con capacidad política suficiente para actuar en la prevención de riesgos laborales, con la pretensión de resolver los problemas derivados de la falta de coordinación causados por la transferencia de competencias a las CCAA, su desigual financiación, y la necesidad de optimizar la eficacia de los recursos empleados en los distintos niveles territoriales en materia de prevención de riesgos para la salud de los trabajadores.
En esta ocasión, los sindicatos están haciendo especial hincapié en el reconocimiento de las enfermedades profesionales (la salud no se vende, ni se delega; se defiende)- que están infradeclaradas y causan diez veces más muertes que los accidentes laborales- ante el previsible incremento de los diversos tipos de riesgo: físicos, biológicos, químicos, de estrés (causante de más del 50% de los días de trabajo perdidos en Europa), así como el riesgo que representa la exposición a las nanopartículas y partículas ultrafinas que se pueden traducir, finalmente, en lesiones profesionales poco conocidas en la actualidad pero que pueden aparecer en el futuro, como ocurrió con el polvo de sílice (silicosis) y está ocurriendo con el amianto (asbestosis), afectando en este caso a más de 60.000 familias en España. Recientemente, un ejemplo significativo- y motivo de alarma- ha sido el de la empresa France Telecom sometida a un proceso de reorganización desde 2006, que perseguía la salida de 22.000 trabajadores del grupo. Ello ha producido depresión por estrés y el suicidio de 35 trabajadores, lo que ha generado una investigación judicial por acoso moral y por poner en peligro la vida de terceras personas, lo que va a requerir nuevos diagnósticos sobre la salud ante las nuevas realidades que nos esperan.
En todo caso, la disminución de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales- hasta situarlas al menos en la media de la UE- sólo será efectiva cuando se integre en un modelo de desarrollo en el que el cuidado de la salud sea realmente un recurso productivo y no un mero efecto colateral más o menos asumible en términos económicos, y las empresas terminen por aceptar, de una vez por todas, el concepto de trabajo decente, seguro y con derechos como un concepto rentable, incluso en términos económicos.
Por eso hay que seguir extendiendo la cultura de la prevención de riesgos para que penetre en las empresas y en el conjunto de la sociedad, y exigir a los diversos gobiernos que se lo tomen en serio y trabajen por llevar a cabo una inmediata y profunda reforma, de acuerdo con la importancia que tienen en una sociedad democrática los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, comenzando por penalizar como se merece- a través de la Inspección de Trabajo y de la Fiscalía Especial- las conductas irresponsables y delictivas de algunos empresarios, porque la seguridad en el trabajo es un derecho que no admite excepciones.
