El Papa, como Jefe del Estado Vaticano, conoce perfectamente las normas elementales de la diplomacia, debe respetarlas y no emitir declaraciones que supongan injerencia alguna en la soberanía que nuestro país tiene, de dotarse de las leyes que las mayorías elegidas democráticamente aprueban en las Cortes Generales.
Las declaraciones del Papa, comparando el auge del laicismo (que él etiqueta de agresivo) en la sociedad española actual, con el clima previo a la guerra civil española son ciertamente intolerables y sólo pueden realizarse desde la más absoluta ignorancia o desde la mala fe, no ayudan en nada a un clima de entendimiento y respeto mutuo y probablemente llevarán a una rectificación o matización como anteriormente ya ha ocurrido con algunas declaraciones suyas. El Papa debería saber que hoy la sociedad española manifiesta un alejamiento cada vez mayor de los postulados de la jerarquía eclesiástica; una sociedad, que cada vez más rechaza los planteamientos reaccionarios e inmovilistas de esa jerarquía cuya credibilidad social cae ininterrumpidamente.
La sociedad española observa cómo la jerarquía eclesiástica es muy intolerante y dura, con quienes desde dentro de la Iglesia discrepan con su forma de actuar; asimismo asiste indignada a los muy numerosos casos de actuaciones delictivas de muchos de sus miembros (ocultadas en muchos casos) y ello favorece el alejamiento.
Conviene también recordar el refranero español (es de bien nacidos ser agradecidos). Quizás la jerarquía de la Iglesia debiera tener en cuenta que España es un Estado aconfesional y a pesar de ello la Iglesia Católica española recibe una importantísima subvención de dinero público; en época de crisis, con muchos españoles con serias dificultades económicas, el máximo responsable de la Iglesia podría haber mostrado mayor sensibilidad y habernos agradecido nuestro esfuerzo para con su Iglesia, en lugar de efectuar declaraciones que pueden entenderse suponen una injerencia en la política del gobierno legítimo de nuestro país.
Para concluir quiero expresar una convicción de que se hace necesario revisar los actuales Acuerdos con la Santa Sede y favorecer que la Iglesia Católica, al igual que las demás, se financie con las aportaciones de sus miembros.
