La primera parte del anterior artículo sobre los Tratados Comerciales Internacionales desde la perspectiva de las Políticas de la Tierra, terminaba con unas conclusiones que hacían referencia a que, en primer lugar, la dimensión ambiental suele aparece en ellos como un añadido “amable” pero sin compromisos, y que exactamente eso era lo que sucedía con el Acuerdo de Asociación del Pacífico (TPP) donde la interrelación con las condiciones de la producción de cada país, el transporte necesario de los productos comercializados y su correspondiente trazabilidad ambiental, o su huella de carbono, por citar solo elementos básicos de ese desarrollo sostenible al que se hace referencia genérica en el documento, no tienen la más mínima presencia. Tampoco se prevén sanciones por incumplimiento de los principios ambientales y, por el contrario, se considera “inapropiado establecer o utilizar las leyes ambientales, u otras medidas, de una manera que constituya una restricción encubierta al comercio o la inversión entre las Partes”, en cuyo caso sí se aplicarán las duras normas y sanciones que sí se recogen específicamente en otros Capítulos para asegurar dicha inexistencia de trabas al comercio o a la inversión exterior.

 También se concluía que, hasta ahora, habían sido numerosos los Acuerdos que han potenciado el comercio mundial con la liberalización de la entrada de mercancías, servicios e inversiones en los países con restricciones a los mismos, sin que estas medidas en muchas ocasiones hayan implicado un saldo global ventajoso para los intereses generales de cada país, contrastando este hecho con el de que las multinacionales suelen ser las objetivamente ganadoras netas en estos procesos, al ampliar sus mercados y sus beneficios. Adicionalmente, el incremento del comercio mundial no estaba claro que mantuviera una correlación directa con la disminución en términos reales del precio de la alimentación, materias primas o productos manufacturados, con lo que una de las ventajas teóricas de ese comercio mundial podría ser puesta en cuestión. Por el contrario sí queda claro que la globalización y el comercio mundial incrementa la formación de sistemas integrados (una especie de “trust globales”) de multinacionales con sus suministradores de inputs y comercializadores de outputs, que cada vez engloban una mayor parte de ese comercio mundial y controlan oligopolísticamente y en oligopsonios los mercados. E incluso diversos estudios del Economic Policy Institute acerca de los resultados de los sucesivos Tratados Internacionales sobre la sociedad estadounidense, muestran que estos han colaborado en la deslocalización empresarial, en el aumento del paro y de las desigualdades, en el estancamiento de los salarios y en la erosión de la clase media del país.

 Obviamente estas conclusiones difieren de las manifestadas en el Informe sobre el Comercio Mundial 2015, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos Objetivos declarados son los de acelerar el comercio y destacar las ventajas de la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. El evitar quedarse al margen de un comercio cada día más globalizado es uno de los aspectos más valorados en este Informe, donde se señala que cada Acuerdo implica ventajas para los que lo firman y desventajas para los que quedan fuera. Por ejemplo, se supone que el acuerdo TTP supondrá un grave perjuicio para algunas de las exportaciones agrarias y alimentarias españolas, como el porcino, el vino y las frutas y hortalizas y, a más largo plazo, el aceite que, en teoría, podrían ser recuperadas por el futuro tratado UE-EEUU.

El mismo Informe de la OMC señala que después de tres años de expansión débil, el crecimiento del comercio mundial siguió siendo moderado en los primeros meses de 2015, cuando la demanda de importaciones se ha acelerado en las economías desarrolladas, pero se ha hecho más lenta en los países en desarrollo. El volumen del comercio de mercancías registró incrementos anuales del 2,5% en 2014, del 2,5% en 2013 y del 2,2% en 2012. En 2014, las exportaciones crecieron con más rapidez en las economías en desarrollo y emergentes (3,1%) que en los países desarrollados (2,0%), mientras que las importaciones crecieron menos en los países en desarrollo (1,8%) que en las economías desarrolladas (2,9%). Factores determinantes de esta evolución han sido la desaceleración del crecimiento del PIB en las economías emergentes, la desigual recuperación económica en los países desarrollados, el aumento de las tensiones geopolíticas, y las fuertes fluctuaciones de los tipos de cambio, incluida la apreciación en el 15%, aproximadamente, del dólar EE.UU frente a una amplia cesta de monedas desde comienzos de 2014. Aspectos, fundamentalmente los tipos de cambio, que relativizan aún en mayor medida los beneficios socioeconómicos absolutos del comercio mundial para cada país. Y que, aunque muestran la clara correlación positiva entre PIB y comercio mundial, como ya se señalaba también en el artículo anterior, este crecimiento del PIB no es homogéneo entre los ciudadanos sino que beneficia fundamentalmente a los beneficios de las grandes multinacionales.

Hay que señalar que aún sin conocer el detalle de lo que podría ser el Acuerdo final del TTIP, ya hay estudios -Fundación Bertelsmann, Comisión Europea- que estiman que generará un crecimiento del entre el 0,5% y el 1% del PIB europeo y que por la reducción de precios al consumo y otros efectos indirectos, añadirá unos 545 euros anuales a la renta familiar disponible de los europeos. Estimaciones oficiales americanas sitúan en 95.000 millones de dólares el beneficio que obtendría la economía americana cuando el TTIP se implante, frente a los 119.000 millones de euros de beneficio para la UE, según la Comisión Europea. Aunque también hay estudios -Universidad de Tufts (EE UU)- que hablan de la pérdida de hasta 600.000 puestos de trabajo en la UE, que se compensan con otros estudios que hablan de una creación neta de empleo de unos 400.000 puestos de trabajo en dicha UE, de los cuales 150.000 lo serían en España.

Al margen de estas estimaciones, y partiendo de las conclusiones y reflexiones generales y de las aplicables al último Acuerdo de Asociación del Pacífico, tal y como se veía en el artículo anterior, en este artículo trataremos de analizar en qué medida consecuencias similares serían aplicables a la Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión entre EEUU y la UE (TTIP. Tratado que, de firmarse, en opinión de los negociadores, establecería el mayor mercado libre del mundo (el 25% de las exportaciones y el 57% de las inversiones mundiales), eliminando barreras arancelarias (aspecto secundario, ya que los aranceles actuales ya son sólo del orden del 3% de media), liberalizando servicios e inversiones, y sobre todo, buscando una mayor armonización regulatoria en las leyes de protección social, laboral y medioambiental que impiden u obstaculizan el comercio libre, u otorgando una mayor flexibilidad al acogerse a una de las normativas vigentes. Este último aspecto que es el que más beneficios puede derivar para las empresas, es también el más controvertido, porque es el que más perjuicios puede generar para la sociedad. Y no hay que olvidar que un tratado internacional de estas características tiene jerarquía normativa, por lo que las legislaciones nacionales y europeas deberían adaptarse a sus términos.

En los estudios antes citados de la CE sobre las ventajas del TTIP, éstas se asocian mayoritariamente a la reducción de los «costes» impuestos por la burocracia y las regulaciones y, fundamentalmente, a la liberalización del comercio en servicios y en la contratación pública. En principio, el TTIP deberá abrir la contratación y licitación pública a empresas extranjeras, lo que favorece a las multinacionales y perjudica a las empresas locales. La apertura de los servicios sanitarios y de educación o el agua, y su posible privatización, las políticas de protección de datos (comercializar la privacidad de los consumidores) o el aumento del poder de las patentes y de la propiedad intelectual, en un mundo en que unas y otros están crecientemente concentradas en multinacionales, son otros tantos aspectos propugnados desde los lobbies y desde el Gobierno americano. Sin embargo, una de las principales líneas de interés para la UE es la apertura en el sector energético para diversificar sus fuentes de abastecimiento (facilitar la exportación de “carbón, petróleo crudo, productos derivados del petróleo, gas natural, en forma licuada o no, y energía eléctrica” desde EEUU a Europa) ante su elevado grado de dependencia energética y la nueva capacidad de producción energética que el fracking ha generado en EEUU, si bien la caída en los precios del petróleo y el encarecimiento del dólar han reducido sensiblemente las ventajas de este aspecto. EEUU incluye específicamente el gas de esquisto proveniente del fracking estadounidense y el petróleo proveniente de las arenas bituminosas de Canadá como beneficiarias del acuerdo, lo que nos lleva a una política contradictoria con la lucha contra el cambio climático, y en la que ambas partes han olvidado incorporar el fin de las subvenciones a la energía fósil.

Otro aspecto importante que pretende el TTIP es que las empresas puedan demandar –como ya es norma en otros tratados vigentes, algunos ratificados por la UE- a los gobiernos mediante tribunales especiales privados sin instancia superior – tribunal de arbitraje entre inversores y Estado (antiguo ISDS ahora denominado ICS)- ante el que las empresas pueden denunciar a los Estados si legislan o actúan en contra de los intereses presentes o futuros -lucro cesante-de las compañías, exigiendo las correspondientes indemnizaciones. Ya existe jurisprudencia al respecto de denuncias por implementar medidas de protección ambiental con sentencias de tribunales arbitrales. Y en este ámbito cabrían denuncias, por ejemplo, contra posibles ayudas estatales o nacionales a las energías renovables de implantación local o al autoconsumo y energía distribuida. O por restricciones que afectaran a empresas por la protección de espacios o la reclasificación de terrenos.

Sin embargo, los aspectos más controvertidos tienen que ver con el principio de precaución vigente en la UE, por el que si existen dudas de un producto para la salud (humana, animal o vegetal), este no puede comercializarse, mientras que en EEUU se retira el producto solo cuando existen pruebas fehacientes de su daño. Productos hoy prohibidos en la UE como algunos de los modificados genéticamente o clonados (se estima que el 70% de los productos elaborados en EE UU los contienen), ciertos pesticidas o medicamentos y productos químicos (más de 1.400 productos químicos prohibidos en la UE están autorizados en EEUU) que ya se comercializan en EEUU podrían introducirse gracias a la relajación de las normas europeas. El sector productivo europeo ligado a la alimentación aboga por la firma del TTIP sólo si el mismo, además de abrir las fronteras en ambas direcciones, armoniza las normativas sobre exigencias de sanidad animal y vegetal, alimentación animal o seguridad alimentaria, para evitar posiciones discriminatorias en unos mismos mercados.

En derechos laborales es fundamental que EEUU no haya ratificado 70 convenios, algunos fundamentales, de la Organización Mundial del Trabajo, y que el TTIP pueda tender a homogeneizar derechos “por abajo” propiciando el neoliberalismo imperante en muchos círculos europeos y americanos, con la consiguiente pérdida de derechos laborales en la UE. En este sentido, la Comisión Europea (CE) ha dado a conocer la propuesta presentada a EEUU en la última ronda de octubre en Miami sobre el capítulo de «desarrollo sostenible» que abarca la protección medioambiental y laboral, con principios básicos como la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la salud y la seguridad en el puesto de trabajo o la promoción a nivel global de la eliminación del trabajo infantil. No obstante, precisó que aún está por definir cómo se aplicará este capítulo de mutuo acuerdo con Washington. Esta propuesta hace referencia a los compromisos con la Organización Internacional del Trabajo y a los acuerdos medioambientales multilaterales, para «garantizar que ambas partes respetan estándares laborales y reglas medioambientales fundamentales», señalando la «obligación de no relajar las leyes nacionales de protección laboral o medioambiental como un método para atraer el comercio o la inversión». Más específicamente, el texto presentado por la Comisión propone reforzar la cooperación contra la tala y pesca ilegales y el comercio de especies en peligro, minimizar los efectos adversos del intercambio de químicos o residuos, promover el comercio o inversión en bienes y tecnologías «verdes» o comprometerse a conservar la biodiversidad.

Para España, según señala el Ministerio de economía y competitividad, el lento proceso de liberalización de los servicios que se está desarrollando en la UE, ha abierto ya bastantes oportunidades para que las empresas españolas operen en otros países europeos, “bien sea mediante sucursales y empresas participadas o bien desplazando a equipos que trabajen, técnicos que diseñan, controlan y dirigen proyectos de gran importancia, como ocurre con las grandes obras de infraestructura, en las que las empresas españolas han logrado un elevado grado de penetración, tanto en varios países latinoamericanos, en Oriente Medio e incluso en algunos grandes países, como Estados Unidos». El nuevo TTIP teóricamente beneficiaría la expansión de este proceso.

Previsibles efectos perniciosos en sectores sensibles europeos, como es el caso del sector cultural, o de algunos subsectores agrícolas, obligan a una negociación defensora del establecimiento de cláusulas de salvaguardia, o a promover su exclusión del TTIP en una primera fase.

Por último, en un marco presidido por la COP de Paris sobre Cambio Climático, la UE no parece valorar adecuadamente el hecho –reconocido por la propia Comisión Europea- de que el TTIP supondría un aumento de las emisiones de CO2, incluso en el Escenario más cercano a la sostenibilidad que defiende la UE. Y que objetivos precisados y definidos pormenorizadamente en documentos como la Hoja de ruta de la UE hacia una economía descarbonizada en el 2050, no encuentren su paralelismo con varios de los artículos conocidos del TTIP. Parece pesar más que el TTIP neutralizaría la tendencia de EEUU hacia el área del Pacífico haciendo que los gobiernos y agentes económicos norteamericanos volvieran a interesarse por los temas y socios europeos.

Al tratado le queda todavía mucha tramitación y acuerdos. Tendrá que ser ratificado por el Parlamento europeo y por los Parlamentos nacionales de los 28 estados miembros, en su totalidad y sin poder introducir enmiendas. Los términos precisos de los artículos no se conocen para hacer una valoración fiable de sus verdaderas consecuencias. Pero la experiencia de otros Tratados y el sesgo en la asignación final de los costes y beneficios derivados a favor de las multinacionales y en contra del interés general, obligan a exigir información, trasparencia y participación en el balance de lo que se cede y de lo que se gana. Porque obviamente en un Tratado hay aspectos en los que se gana y aspectos en los que se pierde. Y no es suficiente que el balance global sea positivo, sino que el balance global debe ser positivo para el conjunto de los ciudadanos (y no sólo para el beneficio de las empresas) y para el interés general y la sostenibilidad ambiental.