Han procurado que la operación pasara desapercibida, pero ha resultado imposible, porque los daños son muy importantes. Daños para los millones de ciudadanos que están viendo recortado su derecho básico a la movilidad. Daños para cientos de municipios, sobre todo pequeños y medianos, que de la noche a la mañana han sido borrados del mapa y sometidos al aislamiento. Daños para la economía y el empleo en muchos territorios, que tendrán menos oportunidades de futuro sin el apoyo del ferrocarril. Y daños al medio ambiente, porque sustituir servicios ferroviarios por viajes en carretera multiplica las emisiones contaminantes.

La ministra de Fomento intenta quitar importancia a los recortes, sosteniendo que “En realidad, no se van a levantar las vías ni se van a derribar las estaciones en ningún sitio. Simplemente, los trenes no pararán”. Si las consecuencias de esta actitud no fueran tan penosas, casi invitarían a la chanza. No se preocupen ustedes, las estaciones se mantendrán, pero sin trenes… Seguimos innovando: de los aeropuertos sin aviones pasamos a las estaciones sin trenes.

En realidad estamos hablando de un plan de envergadura, que afectará a más del 32% de todos los servicios ferroviarios destinados al transporte de viajeros en España, con 48 líneas en trance de supresión y más 1,65 millones de ciudadanos directamente afectados por tal supresión. A estos últimos datos habrá que añadir los cientos de servicios que no serán eliminados del todo, pero que serán amputados, derivados o sustituidos por el autobús. ¿Cómo lo sabemos? Desde luego no nos ha informado el Gobierno que presume de impulsar una ley de “transparencia”, sino que la filtración nos llega de los informes de consultoras públicas que el Gobierno se resiste a distribuir, de la experiencia de los sindicatos, de las asociaciones de consumidores…

¿Por qué lo hacen? Aducen el cumplimiento de una directiva europea que obliga a limitar las ayudas públicas para el sostenimiento de las empresas ferroviarias. Pero en realidad esa directiva admite que el Estado financie unas “obligaciones de servicio público” a definir con amplio margen. Se justifican con la necesidad de reducir el déficit público. Pero parecen no tener en cuenta que reducir las oportunidades de movilidad de la población disminuye también las posibilidades de generar actividad económica, empleo y, por tanto, ingresos fiscales. Sitúan unos umbrales mínimos de eficiencia para los servicios ferroviarios, utilizando unas cifras tan arbitrarias como cuestionables: 15% de ocupación y 30% de rentabilidad. Como si diera lo mismo medir la ocupación en trenes de 100 plazas o en trenes de 300 plazas, y como si la rentabilidad solo pudiera medirse en términos de cobertura de costes mediante el billetaje, ignorando la “rentabilidad” de la movilidad eficiente, la vertebración territorial, las oportunidades para el desarrollo o la lucha contra el cambio climático.

La verdad es que el Gobierno del PP socava este servicio público esencial, al igual que está socavando otros, como la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos o, muy pronto, las pensiones públicas. Se trata de aprovechar el contexto de crisis económica y la disposición de muchos ciudadanos a aceptar sacrificios importantes bajo el falso pretexto de la austeridad, para cercenar gravemente derechos básicos de ciudadanía. Tras la supresión de los servicios públicos más deficitarios llegará la liberalización apresurada del transporte ferroviario de viajeros y la privatización del operador público de referencia, la RENFE. La estrategia no es nueva: ya la puso en marcha hace tres décadas una tal Margaret Thatcher en el Reino Unido, y el desastre fue tal en términos de ineficiencia, pérdida de calidad en los servicios y hasta accidentalidad, que hoy, cuando ya se han superado muchas de aquellas consecuencias nefastas, ningún británico en su sano juicio se atreve a proponer algo parecido.

En España se ha agotado el negocio de la promoción especulativa del suelo y el burbujeo inmobiliario. Y nuestros avispados “emprendedores” han localizado sus nuevos caladeros de negocio fácil en la liberalización de servicios públicos de los que depende el ejercicio de derechos cívicos muy relevantes, sea en la atención a la salud, la cobertura social de las pensiones o, en este caso, el transporte de viajeros. Primero se libera al gestor público de los servicios “no rentables”. Después se “liberaliza”, con una nueva regulación del sector orientada más a favorecer el negocio de los operadores que a garantizar la prestación de un servicio seguro y de calidad a precios razonables. Y finalmente se privatiza aquel gestor público colocando a su frente a algún buen amigo que sepa pagar favores, como ya sucedió en su día con Telefónica, Argentaria o Repsol.

¿Toda liberalización ha de ser necesariamente negativa? No, desde luego. De hecho, La Unión Europea nos obliga a emprender este camino. Ahora bien, nada confesable nos impele a hacerlo a ritmo matacaballo, dado que los plazos marcan el horizonte del año 2019. Nada lógico nos ha de conducir a pensar antes en los beneficios privados que en las rentabilidades colectivas, como parece estar ocurriendo. Y obviamente nada presentable nos lleva a abrir nuestro mercado ferroviario para pasajeros antes de preparar debidamente a nuestro operador nacional para la competencia que llegará, sobre todo y paradójicamente desde los operadores públicos alemán y francés. Porque el riesgo no lo es solo para el orgullo patrio, que podría resentirse más o menos viajando con servicios de titularidad alemana o francesa, ni lo es solo para los miles de puestos de trabajo de RENFE que estarán en juego. El riesgo estará también en entregar a operadores foráneos la explotación de un gran negocio, en las líneas AVE por ejemplo, después de sufragar unas infraestructuras carísimas con los impuestos de nuestros ciudadanos en buena medida.

¿Hay que ganar eficiencia? Sí, claro. Pero la racionalización y la eficiencia no se logran aplicando tan solo la tijera. Los servicios que sean rentables comercialmente deberán prestarse conforme a las reglas del mercado. Pero aquellos servicios que se definan como rentables desde el punto de vista de los derechos ciudadanos y el interés general, aunque no lleguen a los umbrales de rentabilidad económica que marcan los “expertos”, habrán de ser prestados igualmente con todas las garantías. Este es el verdadero sentido de las Obligaciones de Servicio Público que mandata Europa, y que el actual Gobierno confunde con una buena oportunidad para ahorrarse gasto público y para liberar a RENFE de parte del lastre que dificultaría su viabilidad como futuro operador privado.

El Gobierno le ha encontrado el gusto al juego de los trenes. Pero no debe jugarse con los derechos e intereses que se mueven en torno a los trenes.