Nadie sabe cómo va a evolucionar esto, y se permiten múltiples comentarios o análisis. Yo no los voy a hacer, me limitaré a recoger, entre los muchos eslóganes que allí prosperan, algunos temas que me parecen de gran interés. Me centraré en la ley electoral y la práctica de referéndums.

Hace décadas que algunos hemos tratado de empujar una reflexión sobre la ley electoral heredada de tiempos poco fiables en cuanto a practica democrática. Tentativas siempre fracasadas. La ley electoral nos parecía no solo en algo injusta, todas lo son más o menos, y en ello tienen razón los jóvenes, sino sobre todo peligrosa para el crédito político del sistema democrático de los partidos. Decir que es injusta es indiscutible cuando vemos el número de votos que necesita un diputado de Izquierda Unida para ser elegido y lo comparamos con los votos que necesita un nacionalista vasco o catalán. Injusta porque refuerza los grandes partidos en un proyecto de bipartidismo, de seguro necesario después de cuarenta años de ausencia de democracia pero que conlleva, sobre todo en nuestra tradición histórica grandes riesgos de monolitismo político y de “falta de cintura” de algunos líderes. En esto utilizo la terminología futbolística que caracteriza los defensas centrales que tienen escasa capacidad para darse la vuelta cuando se ven desbordados. ¡Injusta cuando otorga tres senadores a la provincia de Soria y tres a la de Madrid!

Pero sobre todo estimábamos que era peligrosa para la percepción democrática del sistema por el ciudadano. Las listas bloqueadas y cerradas, definidas en últimas instancias por las respectivas direcciones, relacionan los candidatos únicamente con sus dirigentes políticos, nunca con sus electores. Es fácil comprobarlo preguntando a cualquier ciudadano de un pueblo o de un barrio de capital quién es su diputado. Es decir, ¿quién le representa? Podrá contestar el PP, el PSOE, IU u otro partido pero no podrá citar con nombre y apellido quién lleva su representación a las Cortes. Con el correr de los años tal alienación se transforma en una enorme frustración porque el ciudadano necesita de un interlocutor directo. Por otra parte, la total dependencia del “aparato” -no me gusta el término, pero es el que se utiliza los medios- transforma el diputado, legalmente representante de sus ciudadanos, en el instrumento fiel, sino se tendría que atener a las consecuencias de la dirección de su partido. Es muy ilustrativo el anonimato de las inmensa mayoría de los diputados y se pueden contar con los dedos de una mano las iniciativas personales de uno u otro en una legislatura. En las democracias asentadas la tendencia a la abstención y al descrédito de lo político se ve así facilitada. Una de las funciones de los representantes del pueblo es llevar a sus partidos las preocupaciones de éste. No digo que no lo hagan, pero de una manera demasiado impersonal. Así actúan las organizaciones juveniles de los Partidos políticos que se olvidan que no existen únicamente para defender la política de sus mayores entre la juventud, sino también para trasmitir con ímpetu a estos las preocupaciones de sus compañeros de edad.

La Ley electoral tiene realmente los defectos que los manifestantes de Sol proclaman. Y encima las Cortes acaban de reexaminarla y sacar de este debate unas medidas aún más injustas. Por ejemplo, la instauración del voto rogado de los residentes en el exterior para las autonómicas y las generales ha suprimido prácticamente el voto de la emigración. ¡Vaya éxito en tiempos de peligro abstencionista! Y recordemos que fue decidido por acuerdo, uno de los pocos acuerdos de los dos grandes partidos, cuando, desde fuera, asociaciones y agrupaciones políticas anunciaban lo que iba a ocurrir. ¡La sordera de las direcciones en este caso fue increíble!

El segundo tema que quiero comentar es el de los referéndums. Es el instrumento ideal de la democracia directa y lo hemos utilizado para grandes ocasiones como la ratificación de la Constitución o la permanencia en la OTAN. Curiosamente no se ha puesto en práctica para el Tratado de Maastricht u otras grandes ocasiones. Además se ha desvalorizado en algunas ocasiones, por ejemplo, haciendo votar en Cataluña para ratificar su Estatuto, que luego el Constitucional modificó profundamente, anulando así el voto popular! Esto quiere decir que tenemos más que reticencias, temores, en su práctica regular. Y seguramente hay razones para ello, ya que su utilización excesiva puede conducir a una democracia directa impulsiva, populista, extremista y que termina cansando a los electores, como ocurre en Suiza. Pero no estaría mal, a mi modo de ver, que algunas leyes fundamentales establecidas por las Cortes pudieran ser sometidas a la ratificación del pueblo. La consulta sobre el proyecto urbanístico de la Diagonal de Barcelona fue buen ejemplo de una correcta utilización. Existiría una ventaja en su utilización: corresponsabilizar los ciudadanos en la practica de las decisiones democráticas. Y otra, de refilón, unificar de manera transversal el país sometiendo al voto popular las grandes decisiones en todas las nacionalidades y autonomías.

Son reflexiones que se me ocurren a raíz de las manifestaciones de protesta juvenil. Quizás tengan el mismo grado de infantilismo político. Todos sabemos que reformar la Constitución en nuestro país es una empresa temible, lo que se traduce en nuestra superficialidad democrática. Y hay ejemplos para todos los gustos. Hace unos días la reforma justa y lógica de la absurda ley electoral inglesa fue rechazada… ¡por referéndum! Pero la política además de ser pragmática exige algo de ilusión.