Cabría preguntarse el por qué de tan brutal legislación. Y parece claro que, más allá de la inspiración fascista y totalitaria del franquismo, la razón fundamental estaba en la conciencia de que el ejercicio de tales derechos resultaría mortal para la supervivencia del Régimen, cuyo mantenimiento sólo era sostenible reprimiendo, atemorizando y hasta aterrorizando a los españoles. No andaban muy descaminados, pues el franquismo se fue erosionando primero y viniéndose abajo después gracias, fundamentalmente, a las luchas que en las empresas, en las universidades y en las calles que protagonizaron cientos de miles de personas utilizando esos derechos, policialmente perseguidos y sufriendo las correspondientes y durísimas consecuencias.

Vuelven a mi memoria estos recuerdos al conocer el proyecto del Gobierno sobre una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuya intención no es otra que penalizar los derechos de manifestación, reunión y expresión. También es alarmante su propósito de arremeter contra el derecho de huelga. Vaya por delante que no se trata de equiparar lo que se vivió durante la dictadura y lo que se prevé que puede sucedernos con estas nuevas reformas. Pero el tufo del pasado lo impregna todo. Porque, en el fondo, asistimos al intento de mantenerse en el poder e incluso crear condiciones para prolongarlo, atemorizando a la ciudadanía y tratando de maniatar su capacidad de respuesta frente a las tropelías que desde ese poder se cometen contra ella. Las medidas no son, como en el pasado, la proscripción de las libertades básicas sino poner crecientes obstáculos a su ejercicio y crear un clima de temor paralizante y de resignación que facilite la aceptación de la inevitabilidad de las reformas del Gobierno, cuyo resultado es que se estén dinamitando los pilares de nuestro sistema público de protección social, de nuestra cohesión y de los avances en términos de igualdad.

No es en absoluto casual que haya sido el desenlace de la huelga de los trabajadores de la limpieza de Madrid el detonante de ese compromiso de Mariano Rajoy de legislar sobre los servicios mínimos “para que se cumplan”. No ignora que eso ya está regulado. De ahí que lo único que cabe pensar es que cuando no se cumplan la sanción será brutal. Pero ni siquiera eso es lo más significativo. Lo que realmente asusta a esta derecha es comprobar que, como ha ocurrido con los trabajadores de la limpieza, su lucha y unidad ha demostrado que pueden evitarse los despidos a mansalva y las drásticas rebajas salariales. Temen que el contagio de estas experiencias pueda socavar profundamente esa máxima del Gobierno de que no hay otra política posible y, a la larga, hundirles electoralmente.

La frontera entre democracia y dictadura no suele tener una línea divisoria nítida. Existen siempre solapamientos y su gravedad depende de la extensión y la naturaleza de tales solapamientos. Quienes sufrimos la dictadura franquista, con sus persecuciones policiales, torturas, tribunales especiales, años de cárcel y hasta con compañeros muertos a manos de las fuerzas de orden público, sabemos lo que costó conquistar las libertades y construir nuestra democracia. Desde los inicios de la Transición hemos asistido a muchos momentos de conflictividad laboral y social, en ocasiones con bastante más intensidad que en el presente. Lo hemos hecho con una regulación de la huelga y los servicios mínimos, que lleva casi los mismos años de vigencia que la propia democracia, y con los derechos de manifestación, reunión y expresión que esa Ley de Seguridad Ciudadana trata ahora de convertir en prácticas de alto riesgo. De ahí que lo que se nos anuncia nos parezca una vuelta de tuerca más en la involución social, laboral, política y democrática con que será recordada esta legislatura del Partido Popular.