En su alocución del jueves por televisión, Ben Alí ha anunciado que no se presentará a la reelección en 2014. Ben Alí ha hecho otras promesas para apaciguar el ambiente. Lo más concreto: revisará la subida de los productos básicos y restablecerá los medios electrónicos suspendidos. También asegura que la policía no disparará contra los manifestantes, salvo en casos excepcionales. Más vaga resulta la promesa de «revitalizar el pluralismo político». La oposición considera «positivo» el propósito del Presidente. La cuestión es si, a estas alturas, resulta suficiente.

En primer lugar, porque ya antes de la crisis, no estaba claro que Ben Alí pensará en seguir personalmente al frente del Estado. Para hacerlo tendría que haber modificado la Constitución, porque ésta impide que el Jefe del Estado supere los 75 años y él tiene ya 74. No es que esto fuera un impedimento importante. En absoluto. Más bien habría que preguntarse si lo que el presidente tenía en mente -y sigue teniendo- era y es designar un sucesor, un delfín, al modo que lo han hecho, oficial y oficiosamente, sus colegas de Egipto y Libia.

Lo más probable es que Ben Alí trate de ganar tiempo para poner a buen recaudo el patrimonio de la familia y no concluir su «reinado» con un dorado exilio y el aminoramiento importante de la fortuna de sus descendientes y allegados.

EL MALESTAR SOCIAL

Sea como fuera, el estallido social de las últimas cuatro semanas -más de medio centenar de muertos, según datos aún por confirmar- ya ha marcado un antes y un después en la evolución política, social e internacional de Túnez. La revuelta se extiende, alcanza la capital y se amplía a otros sectores sociales además de la juventud.

Ya se sabe que los cambios históricos a veces empiezan por pequeños gestos. En este caso, un joven licenciado en paro resignado a la venta ambulante no encontró otra respuesta a su desesperación que prenderse fuego a lo bonzo, después de que un aparato represivo tan intransigente y estúpido como impune le privara de su alternativo recurso de subsistencia.

Que las protestas cuajen y abran un nuevo periodo en la historia de Túnez, más allá de las últimas promesas de Ben Alí, depende, básicamente, de tres factores: 1) la capacidad de los propios ciudadanos tunecinos para mantener el pulso con un régimen desgastado pero todavía temible (o más temible precisamente por estar desgastado); 2) la inteligencia y la habilidad de las frágiles formaciones de la oposición para convencer al entorno presidencial de la convivencia de abrir un proceso de negociaciones destinadas a garantizar la democratización real del país; y 3) la presión que, discreta pero inequívoca, puedan efectuar los países europeos, sobre todo los ribereños mediterráneos, con Francia como interlocutor si no único, si principal y portavoz indiscutible de todos los demás.

EL FUTURO DE LA REVUELTA

El primer factor, la firmeza de la ciudadanía en mantener unas protestas sólidas razonables y sensatas, eludiendo, en la medida de lo posible, las derivas violentas, constituye el elemento fundamental. Si se mantiene el caudal de críticas al funcionamiento del régimen por su autoritarismo, nepotismo y corrupción, encauzado a través de las modernas herramientas informáticas y comunicacionales (redes sociales, twiter, Internet), es difícil que las autoridades puedan ignorarlo durante mucho tiempo. Que en los primeros días de la extensión y generalización de las protestas, el régimen arremetieran contra blogs, webs y otros sitios cibernéticos de libre expresión demostraría la importancia de esta nueva forma de manifestar opiniones políticas. Aunque, naturalmente, por si sola, esta estrategia de protesta no resulta suficiente. Como ya ocurrió en el caso iraní, con las discutidas elecciones parlamentarias de junio de 2009.

LA ESTRATEGIA OPOSITORA

El segundo factor clave para el éxito de una eventual evolución democrática es la pericia política de la oposición, hasta ahora ignota. Ben Alí promovió la legalización de un puñado de organizaciones políticas notoriamente dóciles. Pero la conexión de la oposición real con los sectores sociales descontentos es más que débil. De hecho, las protestas le han cogido tan desprevenida como al gobierno. Entre otras cosas por la represión silenciosa, pero nada negligente. La persecución del exagerado -cuando no directamente inventado- peligro integrista de hace una década sirvió a la ‘dictablanda’ de Ben Alí para sembrar un miedo paralizante en los grupos más críticos de la sociedad. Pero el elemento que más ha contribuido a endurecer el régimen frente a las protestas es la defensa del entramado de privilegios del que disfruta el entorno presidencial.

Por ese motivo, la oposición ha situado en el centro de su discurso la dupla represión-corrupción. Así lo sostiene en otra pieza de opinión para LE MONDE el dirigente opositor Moncef Marzouki. No puede ocultarse el desprecio de los derechos y las libertades con la etiqueta de «sistema autoritario». Debe hablarse claramente de dictadura. Y no vale seguir aceptando la prosperidad comparativa de Túnez, cuando ésta es una herencia del mandato de Burguiba, que Ben Alí habría dilapidado más que incrementado. Debe hablarse claramente, según la oposición, de «sistema mafioso».

El general que llegó al poder en 1987, después de un golpe palaciego -casi un parricidio- contra el patriarca de la independencia, el venerado Habib Burguiba, sería ahora una especie de gran padrino de una suerte de mafia ‘clánica’ político-económica que controla el sistema nervioso de la economía tunecina. Con ser ésta la base más sólida de su poder -por encima de la represión- constituye también su flanco más débil. ¿Cómo se explica esta aparente paradoja? Pues, porque mientras el crecimiento y la prosperidad dejaba margen para un cierto reparto del botín, la familia Ben Alí podía manejar la bolsa para neutralizar el descontento. Ahora, que los recursos escasean, el enriquecimiento del clan gobernante se empieza a hacer odioso. E intolerable.

COMPLICIDAD INSOSTENIBLE

Y el tercer factor, la presión internacional, no debe desdeñarse. Las primeras medidas apaciguadoras del presidente tunecino, cesando al Ministro del Interior (aunque sea un puro chivo expiatorio), ordenando la liberación de los detenidos, restableciendo las comunicaciones vehículo de las protestas, prometiendo 300.000 puestos de trabajo para licenciados e incluso anunciando la creación de un increíble comité investigador de la corrupción, son escasamente fiables. Más bien deben ser interpretadas como una respuesta a un más que probable presión europea. De momento, oculta. Pero quizás más eficaz. Hay que tener en cuenta que el entramado económico tunecino es imposible de mantener sin el respaldo europeo. Ése ha sido el pacto durante dos décadas: territorio libre de islamismo radical, cooperación regional, tratamiento preferente (primer país del Magreb en obtener ese estatuto de la UE), a cambio de un «silencio cómplice» sobre el binomio corrupto-represivo. El Departamento de Estado, aunque sin el entusiasmo por la democracia que exhibe en otros territorios menos amigables, ha convocado al embajador y subido un poco más el tono que las cancillerías europeas.

Cuando todavía no estaba claro que las protestas se extendieran, al menos dos ministros franceses -Le Maire y Alliot-Marie- salieron templando gaitas; en realidad, se trataba más de justificar la indiferencia que de amparar al dictador. Pero si nos atenemos a las prácticas de la diplomacia sarkozyana, podemos suponer que desde París se ha intensificado el teléfono rojo con el Palacio de Cartago. Si la sangre sigue corriendo, las expresiones de «preocupación» parecerán inicuas y la «prudencia» no se sostendrá. En todo caso, lo que cabe esperar del pilotaje francés no es una apuesta por la decencia democrática, sino por la transformación controlada del actual régimen hacia un territorio más civilizado y protegido. Si no por el interés de los tunecinos, si al menos para prevenir un escenario de inestabilidad crónica indeseable con altas probabilidades de prender, como ya está ocurriendo, en el resto de la región.