Pero existen claras diferencias entre estos tipos de investigaciones. Una investigación judicial tiene todas las posibilidades de indagar, de practicar toda clase de pruebas, de llamar a cualquier testigo y al final puede acabar con la instalación del investigado en un centro penitenciario. Las investigaciones periodísticas, aunque menos rigurosas que las judiciales, son mucho más eficaces: bastan tres o cuatro días seguidos de portadas para que algún responsable político investigado dimita voluntaria o forzadamente.

Sin embargo las Comisiones de Investigación parlamentarias no suelen dar ningún fruto. La experiencia española demuestra la dificultad que tiene una Comisión de este tipo para depurar alguna responsabilidad política, lo que llevaría a pensar en que, o han investigado casos en los que no había nada que investigar o han investigado mal.

El problema radica en el formato de estas Comisiones. Se usa el mismo procedimiento que llevaría a que un atracador de Banco fuera investigado por un jurado formado por sus compañeros de banda y por víctimas del atraco. Bastaría conocer la proporción de unos y de otros para vaticinar el resultado de la investigación.

En los casos conocidos hasta ahora, los compañeros de banda son más numerosos que las víctimas, razón por la cual, el resultado de las Comisiones de Investigación es el que es: frustrante. Y que nadie piense que si las víctimas fueran más que los compañeros de banda la situación sería más justa. En el caso de que la oposición fuera mayoritaria en las Comisiones parlamentarias podría peligrar hasta la constitucional presunción de inocencia.

Esto es así porque la independencia de los parlamentarios españoles es menor que la de algunos otros de países de los que se ha importado este procedimiento. En España, el que se mueve no sólo no sale en la foto, como antiguamente, sino que, ahora, es espiado por sus propios compañeros de partido.

Así pues, dificultada la independencia de los miembros de la Comisión, cosa que se supone a los jueces y, no se sonrían, a los periodistas, no hay ninguna posibilidad de que una Comisión de Investigación pueda investigar nada.

Y esto no solo es inútil. Además, es perjudicial. Lo es para los miembros de la oposición, vapuleados a fuerza de ver negadas sus peticiones de información, de comparecencias, de tiempo para estudiar el tema, etc. Pero tampoco crean que sea fácil hacer esa exhibición de soberbia en que suelen consistir muchas intervenciones de los miembros de la mayoría, rodeados de la aureola de impunidad de la que se creen dotados.

Pero, sobre todo, estas Comisiones son caras: en horas de trabajo de parlamentarios, de auxiliares, de ujieres, etc., en coste de energía eléctrica, de papel, aunque de esto último, la mayoría tiende a ahorrar lo máximo posible, etc. Y este despilfarro se hace más insoportable en momentos como los actuales.

Por ello, hay que abogar porque se prohíban la Comisiones de Investigación. Y, si es necesario, mediante una Ley Orgánica.