Es necesario recordar los datos, para ver el alcance que ha supuesto esta medida que adoptó el Gobierno socialista, ante la realidad de que España tenía la edad de emancipación de sus jóvenes entre las más altas de toda Europa, situándose la media en los 31 años. España tiene a 5 millones de jóvenes menores de 30 años viviendo aún en casa de sus padres. Suponía, por tanto, un cambio en el modelo de acceso a una vivienda que tradicionalmente había tenido nuestro país y que había sido heredado del franquismo, donde los jóvenes se casaban a una edad temprana y automáticamente se iban a vivir a una vivienda en propiedad.

En tan sólo dos años y sin haber dado tiempo a cambiar este modelo, para el que evidentemente es necesario mucho más tiempo, solicitaron esta ayuda (210€ al mes) medio millón de jóvenes españoles. Más de 300.000 vieron concedida su solicitud y pudieron cumplir su sueño de salir del hogar familiar. Sin embargo, ya no podrán hacerlo más jóvenes.

Además, en la situación actual de crisis económica, donde la ralentización en la construcción de nuevas viviendas es un hecho y las dificultades para el acceso a un crédito hipotecario son una realidad que, unida al boom inmobiliario de los años anteriores derivado de la liberalización del suelo en el año 2000, ha llevado a que nuestro país cuente con uno de los mayores parques de vivienda vacía de toda Europa. Según diversos estudios, el número de viviendas en esta situación en España rondaría los tres millones y medio, lo que supone un 13,2% sobre el total.

A nadie se le escapa que la mejor solución para sacar al mercado estas viviendas es el alquiler, aunque las intenciones finales del propietario sea su venta definitiva, una vez haya pasado la crisis económica. El mayor problema para estos propietarios estriba en el miedo al cobro y la situación en la que se queda la vivienda una vez deja de estar alquilada. Sin embargo, con las políticas realizadas por el anterior Gobierno a través de la Sociedad Pública de Alquiler, esta situación desaparece, otorgando las garantías necesarias al propietario para sacar su vivienda al mercado del alquiler. Asimismo, la RBE provocaba la rebaja de los precios del alquiler para hacerlos mucho más competitivos y por lo tanto, también se hacían beneficiarios de su acción otros jóvenes a los que no se les había concedido, por razones económica, de edad, etc.

Pero el Partido Popular ha decidido volver al modelo que infló la burbuja inmobiliaria tras la modificación de la Ley del Suelo del año 2000, apostando por la vivienda en propiedad. Sin embargo, este tipo de política nos hace divergir con Europa, donde de media el 36% del parque residencial (170 M. viviendas) está en alquiler. En España este porcentaje se reduce a tan sólo el 13%. Si analizamos los datos de Eurostats, país por país, vemos que en Alemania, Holanda o Francia, la edad de emancipación se sitúa en torno a los 24 años. En ellos, el porcentaje de viviendas en propiedad es tan sólo del 30%, 48% y 54% respectivamente. Por lo tanto, la política de promoción del alquiler está muy relacionada con rebajar la edad de emancipación.

Tras las primeras decisiones del nuevo Gobierno del PP, a los jóvenes, sólo les quedará la opción de la adquisición de una vivienda en propiedad y por lo tanto deberán esperar a tener un empleo estable y unas condiciones económicas solventes para que los bancos les otorguen un crédito hipotecario y así poder salir de casa de sus padres. Y para ello, tendrán que esperar varios años, hasta que la crisis económica escampe, baje el número de parados y los bancos vuelvan a otorgar créditos. Por lo tanto, no es difícil aventurar un nuevo repunte en la edad de emancipación.

No me extraña que, ante este panorama, muchos jóvenes se estén planteando cambiar de país y esperar a tiempos mejores. ¿No es esto una manera de volver al pasado del que tanto deseábamos huir?