La autonomía gubernamental adquiere una importancia estratégica en dos retos claves. Primero, la respuesta a la desaceleración de la economía. “No vamos a renunciar al progreso social”, ha sido el compromiso del Presidente. La respuesta a la desaceleración se diseñará y se aplicará en clave socialdemócrata: iniciativa pública para reactivar la economía y garantía de protección social para los sectores más desfavorecidos.

Las principales medidas anunciadas en el discurso de investidura están muy alejadas de las recetas conservadoras y neoliberales: refuerzo de la inversión en infraestructuras públicas, con adelanto de las licitaciones previstas; apuesta por la vivienda protegida y la remodelación de espacios urbanos deteriorados, a fin de reactivar el sector de la construcción; énfasis en el cambio de modelo productivo, incidiendo en la investigación, la innovación y el desarrollo sostenible…

El PSOE en el Gobierno no va a renunciar a los compromisos de carácter social que marcaron la campaña y cimentaron su triunfo en las urnas. Estos compromisos son, además, de cumplimiento imprescindible en una etapa de dificultad económica. La elevación del salario mínimo a 800 euros, el incremento de las pensiones más reducidas a 850 euros (con cónyuge a cargo), la reducción del porcentaje de empleos temporales al 25%, la habilitación de escuelas infantiles, el aumento de la becas, las ayudas a las familias con nuevos hijos…

El segundo gran reto de la legislatura que el PSOE afrontará con autonomía tiene que ver con la estructura territorial del Estado. En breve tiempo comenzará la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Las contrapartidas reclamadas por los grupos nacionalistas para otorgar su voto a la investidura de Zapatero en primera vuelta hubieran versado, muy probablemente, sobre este trascendental capítulo. La autonomía reivindicada por el Gobierno es de capital importancia para asegurar una distribución territorial de los recursos del Estado conforme a los principios constitucionales de la cohesión, la solidaridad y la igualdad de todos los españoles.

Zapatero lo expresó con claridad: el objetivo es la suficiencia de recursos, “para las comunidades autónomas y para el Gobierno de España”. El nuevo sistema de financiación territorial ha de ser fruto de un consenso muy general, a partir de los criterios que dicta la Constitución Española y el sentido común. Las administraciones regionales recibirán el dinero que les corresponda, con objeto de asegurar un desarrollo sólido y cohesionado, con independencia del color político de su gobierno y al margen de sus “balanzas fiscales”. Y la administración central se reservará “al menos un 50% del gasto público total” como garantía de que todos los ciudadanos de España, vivan en la región que vivan, disfrutan de iguales derechos y oportunidades.

El Gobierno de España será un Gobierno para el diálogo, el encuentro y el consenso. Pero será un Gobierno socialista.