La deriva de confrontación de Artur Mas y Oriol Junqueras ha conseguido dividir a la sociedad catalana y romper la convivencia en una sociedad que se había caracterizado por su modernidad, sus espacios de libertad y su apertura e innovación. La situación cada día es más insostenible desde el anuncio de elecciones autonómicas para el 27 de septiembre. Mientras, el Gobierno catalán sigue avanzando hacia el precipicio, ahora con su proyecto de Agencia Tributaria de Cataluña; cada vez más catalanes no salen de su asombro. El último, el presidente de la principal patronal catalana, Fomento del Trabajo, que asegura que “en este momento no es oportuno un proceso independentista”, y añade que no colaborará en el proyecto de Agencia Tributaria de Cataluña, si no está consensuado con el Ejecutivo Central, porque hacerlo de forma unilateral generará “inseguridad jurídica y fiscal”.

Desgraciadamente, los actores nacionalistas siguen con sus planes, y en poco tiempo, han creado una espiral de imposición y asfixia hacia lo que no represente lo que quieren imponer, que no solo fractura, sino que además deja sin resolver los verdaderos y graves problemas de los ciudadanos catalanes, que tienen que ver más con las cuestiones económicas y sociales que con lo tribal. Como demuestra el escalofriante dato de 726.200 parados en Cataluña, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). De los cuales, 305.500 personas, se consideren nacionalistas o no nacionalistas, llevan más de dos años en paro, y 129.000 entre un año y dos años.

De esta forma, mientras siguen los anuncios de independencia sí o sí, el Presidente de la Generalitat, su Gobierno y sus aliados políticos, dejan de lado, de manera irresponsable su obligación, que no es otra que trabajar para el interés general. Y no quieren reconocer la verdadera realidad, que es aquella donde un 65,8 por ciento de los ciudadanos catalanes opina que la Administración de la Generalitat de Cataluña responde lentamente a los problemas. O para ser más exactos, cuando se les pregunta a los catalanes si están de acuerdo con la afirmación de que la Administración de la Generalitat de Cataluña resuelve rápidamente los problemas, un 65,8 por ciento dice que están totalmente en desacuerdo o más bien en desacuerdo, como refleja la encuesta “Valoración del Gobierno de la Generalitat y de las políticas públicas”, que realiza el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña.

Pero no acaba aquí la cuestión, porque:

  • Un 41,6 por ciento de los catalanes tienen una imagen bastante negativa o muy negativa de cómo funciona la Administración Pública de la Generalitat. Es cierto también que hay otra mitad que opina lo contrario.
  • La valoración en su conjunto de la gestión del actual Gobierno de la Generalitat es calificada con un cero, es decir, muy mala, por un 13,1 por ciento de la población; y como muy buena (10) por el 2,4 por ciento.
  • Mientras Artur Mas privatiza y cierra servicios públicos, un 81,7 por ciento de la población considera muy importantes los servicios públicos, al auto-ubicarse en la escala de cero (poco importancia) a diez (mucha importancia) entre el ocho y el diez.
  • El 31,8 por ciento de los catalanes cree que los servicios públicos gestionados por organizaciones o empresas privadas funcionan peor.
  • Un 54,6 por ciento de la población están más bien en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación de que la Administración de la Generalidad de Cataluña explica a la ciudadanía qué hace y por qué.
  • Un 51,7 por ciento cree que cuando tratan con la Generalitat, ésta no se hace cargo de su situación, ni entiende sus problemas.

Con este panorama, un Gobierno responsable se dedicaría a aumentar el bienestar de sus ciudadanos, en lugar de alimentar la discordia, la división y la frustración de una u otra parte de la población. Pero como eso ya no va a suceder, es preciso ganar las elecciones del 27-S, para que haya un gobierno para todos los catalanes y no solo para una parte; para que haya un gobierno al servicio del bienestar de todos los ciudadanos. Un proyecto de futuro de todos y para todos. Juntos.

Es momento de legalidad, de unidad y de reformas para afrontar los retos de un futuro que sepresenta con muchas oportunidades para la convivencia y el bienestar de todos. Pero también, un futuro con muchas amenazas provenientes de la acumulación de la riqueza en pocas manos y del aumento de la desigualdad, a las que no hay que añadir la catástrofe del nacionalismo. Ese nacionalismo, que como decía Orwell es hambre de poder atemperada por el auto engaño.

Conclusión: hay que votar un Gobierno para todos. Hay que movilizarse y participar.