El objetivo del Gobierno no ha sido sólo tratar de consolidar la hegemonía política, ideológica y cultural de la derecha, en la confianza de que el resultado final de sus reformas permita, como acaba de afirmar Mariano Rajoy, decir en 2015 a los votantes que el PP ha mejorado el país que heredó en 2011. Es casi metafísicamente imposible que, si por país entendemos al conjunto de sus habitantes, pueda decirse tal cosa en 2015. Pues la devastación que se viene haciendo del sistema público de protección social, junto al clarísimo empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados y el no menos claro y brutal retroceso que sufrimos en términos de igualdad y cohesión social, tardará bastantes años en corregirse aún después del esperado varapalo electoral que se merece esta impresentable derecha.

Dicho lo anterior, conviene prevenirse ante la manipulación de distintas variables que pueden cambiar y dar la impresión de que, al menos cuantitativamente, hay algunas mejoras. Por ejemplo, la del porcentaje de parados respecto de la población activa. Se sabe de sobra que una de las derivaciones de ese cambio en las relaciones de poder entre capital y trabajo es crear un marco de competitividad a costa de los asalariados en el que, particularmente las empresas exportadoras, ganen espacios de mercado y, quizás, creen empleo. No hace falta decir que el sector exportador no tiene ni va a tener dimensión suficiente para sacar a la economía del pozo donde se encuentra. Pero, en todo caso, es preciso repetir que no hay que centrarse sólo en si las reformas sirven o no para crear más puestos de trabajo. Porque, sobre el papel, y por poner un ejemplo simple, cabría pensar que si se parte en dos un empleo de 40 horas semanales y se distribuye entre dos trabajadores, el número de parados se reduciría considerablemente. Este ejemplo sirve para ilustrar la idea de que entre las consecuencias más perniciosas de la reforma laboral está la acelerada degradación de la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo. El proceso no ha hecho más que empezar y tenderá a acentuarse en el medio y en el largo plazo. Salvo, claro es, que consigamos echar abajo semejante normativa y a los que la promovieron.

El empeoramiento de las condiciones de trabajo lo demuestran distintos factores. Algunos son del dominio público y otros tienen menor proyección externa, aunque se sabe de su existencia. Entre los primeros puede citarse lo que le está pasando con los salarios, cuyo deterioro viene de atrás pero que está agravándose en los últimos tiempos. Su más gráfica expresión es que el retroceso de cinco puntos del PIB en la distribución de la renta nacional, sufrido por las rentas salariales entre el primer trimestre de 2008 y el de 2013, ha supuesto una transferencia a las rentas del capital de 66.081 millones de euros, que no han servido para mucho más que para aliviar el endeudamiento de las empresas, ejerciendo los trabajadores de banqueros indirectos; eso sí, sin intereses y derechos de gestión y devolución.

La reforma ha favorecido una sensible reducción del trabajo estable y a jornada completa a favor de los contratos a tiempo parcial no voluntarios y susceptibles de irregularidades, entre ellas la de lo que formalmente se declara y las jornadas reales. Al otorgar mucho más poder de disposición a las empresas, crece la llamada modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con sus correspondientes recortes abusivos de salarios, horarios de trabajo discrecionales, ampliación a funciones de menor categoría, traslados geográficos de difícil asunción, etc., etc.

También la reforma ha dado un duro golpe al desarrollo de la negociación colectiva, hasta el punto de que a finales de 2012 sólo el 56% de los trabajadores cubiertos por convenio habían podido culminar la negociación del suyo y, además, con la espada de Damocles cerniéndose sobre unos y otros tras la eliminación de la ultractividad, esto es, el derecho que existía de mantener el convenio en curso hasta la sustitución por otro nuevo.

No hace falta seguir. Asistimos a la reducción del componente básico del mundo del trabajo, que en su gran mayoría estaba formado por trabajadores con empleo estable, jornada completa y con derechos. En paralelo crece la precariedad, la inseguridad, el retroceso salarial y, por supuesto, una serie de esos derechos. Pero de peores agresiones y situaciones se ha salido, entre otros medios por la acción de los propios trabajadores y sus organizaciones.

No hay que dejarse arrastrar por el pesimismo. Entre los efectos de la reforma laboral está también el dato proporcionado por el Ministerio de Empleo, según el cual mientras en 2011 se realizaron 1,7 millones de horas de huelga por motivos laborales, en 2012 fueron 17,3 millones. Diez veces más. Expresa que aunque el paro y las reformas del Gobierno han conseguido extender el miedo entre los trabajadores y que movilizarse resulta a menudo demasiado cuesta arriba, son muchos los que saben que quedarse quieto o resignarse sería dar por buena la brutal agresión a la que se les está sometiendo.