Muchos son los logros alcanzados por nuestro país en los últimos cuarenta años. Destaquemos tan solo tres: la consolidación de la democracia, nuestra incorporación a la Unión Europea y la implementación del modelo de bienestar que ha conllevado grandes ventajas de orden económico, político y social para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la crisis económica que encaramos desde finales de la década pasada, ha traído consigo profundos recortes sociales y una agudización de la pobreza y la exclusión social llegando a niveles impensables en un país como el nuestro que, en pocas décadas, llegó a ser ejemplo de buen hacer para el resto del mundo. Frente a una situación de tal gravedad es preceptivo salvaguardar los valores en los que se sustenta la democracia: la igualdad y la equidad y reivindicar con firmeza el papel de las políticas públicas.

Políticas públicas responsables, según el discurso neoliberal, del actual escenario carencial que atravesamos, en tanto en cuanto consideran exigen extraordinarios gastos, muy lejos de la perspectiva progresista de valorarlas en términos de inversión social. En Europa y, en particular, en nuestro país se han ido acometiendo medidas de “austeridad” económicas, que han empeorado sustancialmente las condiciones de vida de millones de seres humanos.

Frente a esta realidad, la codicia y la ganancia de rapiña, se han convertido en una forma de comportamiento habitual entre las élites económicas. Sirva de ejemplo, que tan sólo en España, según el Informe Anual sobre la Riqueza en el Mundo de Capgenmini y Royal Bank of Canada Wanagement, el número de personas con grandes patrimonios ha experimentado un crecimiento del 10% el pasado año 2014, hasta alcanzar a 178.000. En concreto, desde el año 2008 a 2014 se han incrementado en 50.000 los ricos españoles. En el mundo, el número de millonarios aumentó en 2014 en más de 900.000, de manera que la población mundial con alto patrimonio superó los 14 millones en ese año y su riqueza llegó a los 56,4 billones de dólares, un 7% más que en 2013.

Los efectos de la crisis económica se pueden medir observando el considerable acrecentamiento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. De hecho el índice de Gini pasó del 0,330 en 2009 a l0, 357 en 2014. Por su parte, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en el informe titulado El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2009-2013, informó que hay 12.866.431 de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social (el 27,3% de la población), de los cuales 9,6 millones viven bajo el umbral de la pobreza y 2,8 millones con una falta severa de recursos. Se asocia a la destrucción masiva de empleo a la que hemos asistido y que ha dejado a millones de familias fuera del sistema productivo.

De hecho, somos el país europeo con una de las tasas de paro más elevadas (23,78% según datos del primer trimestre de la Encuesta de Población Activa 2015), partiendo de una tasa en 2008 para ese mismo trimestre del 9,6%. Un análisis más detallado sobre este particular permite plantear que nos enfrentamos a una crisis no sólo económica, sino social de gran profundidad y alcance. La realidad no deja lugar a dudas: la evolución del porcentaje de parados de larga y de muy larga duración (2007-2014) revela que se trata de una problemática de serio calado, con particular apremio a partir del año 2008. Particularmente, los parados entre dos o más años ascienden a 2.387.700; el 47,74% de los jóvenes entre 20 y 24 años están en paro, el 17,75% lo estaban en 2008; y el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro es de 1.793.60 (Encuesta Población Activa. Primer trimestre, 2015).

La inmigración es otro de los factores que explican el riesgo de pobreza constante (rentas bajas con privación material), hecho ya visible previo a la crisis, pero agravado a partir del año 2008 a consecuencia de las mayores tasas de paro entre este sector de población. Según datos del primer trimestre de la Encuesta de población activa 2015supera el 33%, 10 puntos por encima de la tasa de paro entre los nacionales. Lo anterior se explica a tenor de que los inmigrantes desempeñan trabajos altamente precarizados e irregulares. Y se traduce en que desde el año 2009, especialmente para los extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social se ha ido elevando hasta alcanzar al 62,7% en 2014. Le siguen los extranjeros pertenecientes a la Unión Europea (45,2%) cuyas circunstancias vivenciales se han problematizado también en el año 2014.

Así las cosas, en su mayor parte los que acuden a entidades sociales del tercer sector, lo hacen tras ser derivados de los servicios sociales públicos que se encuentran desbordados e imposibilitados de atender a un número tan extraordinario de ciudadanos que necesitan ayudas, unas ayudas que han demostrado ser insuficientes. De hecho, Cruz Roja Española ha reforzado los programas y medidas específicas en relación a los efectos de la pobreza y la exclusión, detectándose un aumento significativo de los beneficiarios del Programa de atención para “Personas en situación de extrema de pobreza y exclusión social”, cuyos beneficiarios han pasado de 63.435 en 2007 a 588.098 en 2013.

Desde el año 2007 se han producido más de 570.000 procesos judiciales relacionados con el pago las viviendas (34.680 en 2014 en las habituales) y están pendientes en los juzgados 215.000 casos. Y mientras esto sucede somos el tercer país dentro de los de la Unión Europea que más ha recortado su gasto público en vivienda. En 2008 se dedicaba el 0,44% del PIB a este capítulo, en 2011 bajó al 0,38% y desde ese momento la bajada ha sido progresiva, del tal suerte que en 2014 se situó en el 0,23% y, según los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se consigna un 0,17%.

Algunos analistas comparan la crisis con un dragón que ha expulsado de sus fauces una enorme llamarada sobre el Estado, a lo que añadiría que también sobre la propia población, resintiéndose con especial intensidad el gasto en sanidad (con una bajada de unos 8.000 millones del año 2009 al 2013), y el dedicado a educación (alrededor de 6.000 millones en el periodo de referencia). En su conjunto nuestro gasto público (dedicado fundamentalmente al pago de las pensiones, de las prestaciones por desempleo y a los intereses de la deuda) ha sufrido una reducción del 3% desde 2009, representando en 2013 el 44,3% del PIB.

Y un número cada vez más numeroso de hombres, mujeres y niños están sumiéndose en las tinieblas, siendo necesario posicionar en los primeros puestos de las agendas políticas el reforzamiento de los valores democráticos más puros: la igualdad y la equidad.