Somos el proyecto político que, en los años 80, logró construir un sistema universal de pensiones y convertir en un derecho social que todas las personas de este país pudieran disponer de una pensión, incluidas aquellas que no habían podido cotizar lo suficiente. El mismo proyecto político que, en los 90, supo sacar adelante el mejor instrumento para proveer en cada momento las reformas necesarias para garantizar su sostenibilidad: el Pacto de Toledo. Un gran pacto político y social que debía mantener nuestro Sistema Público de Pensiones al margen de maniobras oportunistas y tentaciones de obtener réditos políticos con materia tan delicada. Así lo ha hecho hasta ahora. Y pretendemos que siga haciéndolo.

Asegurar y mejorar las pensiones para las futuras generaciones. Ese es el reto que afrontamos ahora. Pese a la difícil situación económica, el sistema público de pensiones goza de la situación financiera más sólida de toda su historia. En los seis años de Gobierno de Zapatero, el Fondo de Pensiones se ha multiplicado por cuatro, desde los 15.000 millones que dejó el Gobierno del PP en 2004, hasta los actuales 62.000 millones. Este crecimiento ha sido compatible con la mejora sostenida de las pensiones, siempre por encima del IPC (algo que todos los pensionistas consideran “normal”, pero que nunca hicieron los gobiernos del PP). Unas mejoras que se han mantenido incluso en los momentos más delicados de la actual crisis económica. Las cifras están ahí: un jubilado con cónyuge a cargo, que tenga la pensión mínima, cobra hoy 10.152 euros al año (3.364 euros más de lo que cobraba en marzo de 2004, gobernando el PP). Y una viuda con cargas familiares, que tenga la pensión mínima, cobra 9.515 euros al año; 4.145 euros más de lo que cobraban en marzo de 2004 gobernando el PP.

Estos son nuestros avales. Somos el Gobierno que más derechos sociales ha creado (permiso de paternidad, renta básica de emancipación, ayudas por nacimiento de hijo o adopción, atención a las personas en situación de dependencia…); el primer Gobierno que ha ampliado las prestaciones por desempleo; y el Gobierno que más ha subido las pensiones mínimas (hasta un 32% en sólo 6 años). Y lo ha hecho creciendo y en tiempos de crisis económica. La derecha lo llama “despilfarro; nosotros, “justicia social”.

Entonces, si la sostenibilidad del sistema está garantizada hoy para todos nuestros mayores y durante los próximos años. ¿Por qué planteamos ahora reformar el sistema?

Porque un Gobierno responsable no debe gobernar pensando en réditos políticos inmediatos, sino en el futuro de los hombres y mujeres de este país, de nuestros jóvenes hoy. Nuestro sistema de pensiones debe prepararse para hacer frente al incremento del gasto social que va a producirse en las próximas décadas debido a una serie de factores que no podemos ignorar. Los efectos del envejecimiento de la población, sumados al aumento de la esperanza de vida (somos el segundo país más longevo del mundo, sólo por detrás de Japón, con una esperanza de vida 81,1 años que seguirá creciendo previsiblemente) y a la mejora de las pensiones tendrán como resultado el aumento del número de nuestros pensionistas y de nuestro gasto social.

Tenemos que tomar medidas hoy, razonables, sensatas y progresivas, que permitan que nuestros pensionistas del mañana, puedan tener la misma tranquilidad de la que disfrutan los pensionistas hoy día. En 1975, quienes se jubilaban a los 65 cobraban pensión cinco años de media. Ahora cobran 15 años y en el futuro llegará a los 20, un éxito más de nuestro Estado del Bienestar, de nuestro excelente Sistema Sanitario.

Y debemos hacerlo ahora que nuestro Sistema de Seguridad es sólido, equilibrado y viable más allá de los efectos de la actual coyuntura. Eso se llama sentido de Estado y responsabilidad.

El Gobierno ha presentado un documento de trabajo con el que dar cumplimiento a una resolución aprobada en mayo de 2009 durante el Debate sobre el Estado de la Nación, y ese documento no solo recoge propuestas para debate como la conocida de desplazar paulatinamente la edad de jubilación a los 67 años, también propone frenar la jubilación anticipada e incentivar la permanencia en el mercado laboral, mejorar la acción protectora de las pensiones de viudedad y orfandad en las situaciones más vulnerables, incentivar la mejora de la vida laboral y la protección de las mujeres o que se pueda compaginar el cobro de una pensión con el desarrollo de alguna actividad remunerada. Propuestas todas ellas para la reflexión y el debate sereno, como el que se propone en estas páginas, con el objetivo de mantener y mejorar ese “pacto entre generaciones”, que constituye la base de nuestro Sistema Público de Pensiones. Planifiquemos el futuro de nuestras pensiones con el mayor consenso y en el marco del Pacto de Toledo.

Marisol Pérez Domínguez es Secretaria Federal de Bienestar Social del PSOE