Los socialistas europeos consiguieron una victoria importante en julio de 2014 cuando pusieron como condición para votar la investidura de Jean Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea la puesta en marcha de un plan de inversiones a escala continental.

Dicho programa de inversiones públicas y privadas, conocido popularmente como Plan Juncker, forma parte de un nuevo enfoque de la política económica de la Unión Europea, junto con las llamadas reformas estructurales (casi siempre dirigidas a reducir el salario directo e indirecto de la clase trabajadora) y la reinterpretación del Pacto de Estabilidad Crecimiento, de modo que la senda de ajuste fiscal pueda acompasarse con el ritmo de crecimiento económico. Por tanto, la socialdemocracia comparte al menos dos de tres patas de dicha política, esto es el relanzamiento de la inversión y suavización en la velocidad de reducción de los déficits públicos.

Sin embargo, el grueso de los recursos presupuestarios está en manos de los Estados miembros, por lo que la recuperación de la tasa de inversión dependerá más del mayor margen de maniobra fiscal que se permita a los 28, que de un plan de inversiones organizado por la Unión Europea. La dificultad a la que se enfrenta el Plan Juncker es precisamente el raquítico presupuesto comunitario (apenas un uno por ciento del Producto Interior Bruto de la Unión) y la imposibilidad de reasignar gasto corriente dentro del mismo porque la gran mayoría de las partidas son de inversión. Tampoco puede la Unión introducir impuestos sin un acuerdo unánime del Consejo Europeo, ni siquiera emitir deuda pública (no lo impide el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) pero sí el artículo 17,2 del Reglamento 966/2012).

La emisión de deuda pública de la Unión es una posibilidad a considerar seriamente, ya que con un tipo de interés oficial del dinero del 0,05 por ciento, no puede haber mejor momento para endeudarse con una emisión de varios miles de millones de euros para financiar inversiones productivas que generen puestos de trabajo. En principio, basta con derogar el artículo citado más arriba para que la Comisión Europea, que tiene personalidad jurídica, pueda emitir bonos. Dado que no se dispone de una hacienda comunitaria que otorgue credibilidad a dichos títulos de deuda, la emisión podría ser garantizada por los Estados miembros (lo que sería distinto de mutualizar la deuda de los países).

La otra restricción a tener en cuenta es que el TFUE exige a la Unión respetar el principio de equilibrio presupuestario. Por tanto, la amortización del capital e intereses de la eventual emisión de deuda de la Comisión Europea no podría generar déficit. En principio, si los proyectos están bien escogidos, éstos deben generar rendimientos financieros positivos, lo que permitiría recuperar la mayoría de los préstamos y hacer frente a las obligaciones derivadas de los citados bonos. Asimismo, un crecimiento económico más elevado como consecuencia del aumento de la tasa de inversión, tendría efectos positivos en la recaudación fiscal, aunque al no disponer la Unión de tributos propios, no se beneficiaría de este efecto. La dificultad estriba por tanto en encontrar espacio en el actual Marco Financiero Plurianual, que cubre el período 2014-2020, para presupuestar la amortización de la hipotética emisión de bonos.

La alternativa es que sea el propuesto Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE) el que realice la captación de capital privado, de modo que el plan de inversiones se estructure como un vehículo de naturaleza extrapresupuestaria.

En el diseño actual presentado por la Comisión Europea, el FEIE no tiene personalidad jurídica, siendo un mero instrumento para actuar como garantía de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con un grado de riego más elevado que el que asume normalmente. En consecuencia, el FEIE está dotado de 21.000 millones de euros, de los cuáles 16.000 millones hay que sacar del presupuesto comunitario, de partidas tan importantes como Horizonte 2020 y el Fondo de Conectividad Europea. Es decir, para financiar el Plan Juncker se perjudica al presupuesto de la UE, que es limitado y de naturaleza inversora. El resto de la aportación, 5.000 millones de euros, proviene de los beneficios del BEI. Por tanto, lo ideal sería aumentar la aportación del BEI y reducir la del presupuesto de la Unión, lo que se podría conseguir a través de la recaudación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), y los beneficios anuales del Banco Central Europeo (BCE). Comoquiera que los 28 estados miembros no participan al completo ni en el ITF ni en el accionariado del BCE, el capital aportado por esta vía no podría ser utilizado más que en proyectos en los estados participantes.

En definitiva, es conveniente que el FEIE se convierta en el instrumento anti-cíclico de la Unión Europea. Debe tener duración indefinida (en la propuesta actual se limita al 2017) y personalidad jurídica, para poder emitir títulos de deuda y reinvertir sus beneficios. Su finalidad debe ser clara: financiación de proyectos seleccionados por la Unión Europea (no los Estados miembros) en los países, regiones y municipios que experimenten incrementos en la tasa de paro, y sin necesidad de co-financiación nacional. Un mecanismo de esta naturaleza demostraría que la Unión Europea se basa en la solidaridad y que puede ser efectiva en la suavización de los choques macroeconómicos asimétricos que sufren los Estados miembros en el marco del mercado interior y de la unión monetaria.