Por lo demás, habida cuenta de la trascendencia de la reforma, que merece una valoración global positiva, será necesario contar con un amplio consenso social y parlamentario que, de momento, entre otros motivos, por razones de corporativismo judicial, el PP no parece dispuesto a prestar, menos aún en momentos preelectorales.

El tema más polémico del anteproyecto es la atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal, bajo el control de un Juez de Garantías que tutelará el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, sistema que ya se encuentra vigente de forma satisfactoria en muchos países de nuestro entorno, como instrumento del futuro espacio judicial único europeo, que todavía se encuentra en fase de construcción del que no podemos mantenernos al margen. Es cierto que ello supondrá otros cambios sustanciales en la articulación de nuestro sistema penal, en el marco de la Constitución, incluido el Estatuto del Ministerio Fiscal, la Ley del Jurado y otras. Pero hay en el anteproyecto muchos aspectos innovadores, que deberían contribuir a dotarnos de un proceso penal más acorde con los valores constitucionales y al objetivo prioritario de lograr la tutela judicial efectiva: abandono definitivo del proceso inquisitorio por el acusatorio, recuperar el genuino y exclusivo papel de jueces y tribunales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, abandonar el burocratismo, facilitar la celeridad de los procesos, dotar a los órganos judiciales de medios materiales y personales suficientes e introducir definitivamente las nuevas tecnologías, reforzar el derecho a la defensa, la seguridad jurídica y la protección del principio de presunción de inocencia, garantizar los derechos de las víctimas, limitar el ejercicio de la acción popular para evitar tanto la judicialización de la política como la politización de la Justicia, objetivar la práctica y valoración de los medios de prueba, atenuar la privilegiada inmunidad de los aforados, prohibir la incoación de causas generales, regular minuciosamente la intervención de las comunicaciones, establecer la eficacia de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc., ambiciosos objetivos que -mas allá de cambios meramente rituales, aunque siempre significativos- vienen siendo un clamor entre los operadores jurídicos, necesitado de respuesta sin más dilaciones. El simple enunciado que precede da idea de la magnitud de las carencias a las que el anteproyecto pretende poner remedio eficaz.

Su presentación no debería ser una fugaz serpiente de verano. Las dificultades del momento no justificarían aplazar de nuevo que se haga frente de forma decidida a las necesidades inaplazables de la Administración de Justicia y a la creciente insatisfacción de los justiciables, como revelan las encuestas más solventes. Impulsar decididamente la reforma pendiente y debatir abiertamente sus pormenores -hasta lograr su culminación con la publicación de la nueva Ley en el BOE- es una prioridad de política de Estado que va más allá de coyunturas o de oportunismos electoralistas y que afecta gravemente a la responsabilidad de todos.