Vivir es proyectar. Proyectamos desde lo que somos como consecuencia de lo que hemos sido hasta la fecha. El pasado determina el presente y este, consciente y responsablemente asumido, determinará nuestro futuro.

España se encuentra en esos momentos que a lo largo de la historia de un pueblo obligan a sus gobernantes, arropados por sus ciudadanos, a proyectar su futuro, a establecer a través de las urnas, que es la forma que en democracia nos hemos dado, y desde la legalidad, que es lo único que legitima y garantiza el transito del presente al futuro, respeta los derechos ciudadanos y garantiza la convivencia colectiva.

En nuestro pasado reciente ha habido dos de estos momentos en que fue necesario proyectar el país: en 1977 y 1982. El primero fue el tránsito de la dictadura a la democracia con un escrupuloso respeto, incluso a la legalidad franquista, y con un apoyo democrático mayoritario (desde la UCD hasta el PCE). Cinco años después España necesitó otro Proyecto de País, liderado en este caso por el PSOE, consistente en la transformación del Estado y la sociedad equiparándose a los modelos europeos más avanzados en derechos, sistemas públicos de servicios, infraestructuras y reconocimiento internacional. Todo ello propició el progreso económico y la cohesión social que nos ha permitido avanzar.

En 2015 es el momento de un nuevo cambio, de esbozar un nuevo Proyecto de País. Más de un 80 % de los ciudadanos manifiestan su interés por transitar este camino hacia el cambio, pero el problema no es el otro 20%, el problema es quienes desde su posición de privilegio o dominio están dispuestos a mediatizar o cercenar este proceso, porque se sienten perdedores de sus gabelas en un cambio de rumbo. Son los corruptos, corruptores y garantes institucionales de la corrupción. A ellos, y solo a ellos, les interesa esta espiral sin sentido de que el tema central de la campaña electoral no sea el Proyecto de España de los próximos años, sino qué pasa con Catalunya.

No discutimos de lo esencial, hablamos de la absurda declaración unilateral de independencia de la mitad de los Diputados del Parlamento Catalán, cuya legitimidad y legalidad le viene de la Constitución Española y del Estatut de Autonomía; del Dictamen del Consejo de Estado previo al recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; de las posibles medidas cautelares de este; de las futuras actuaciones del Bloque Secesionista sin valor jurídico alguno para la «desconexión», todo para subir un paso más en la escalada de tensión. Mientras, no se habla de la responsabilidad directa en los casos de corrupción del Presidente de Generalitat y del Presidente de Gobierno de España. No puede aceptarse de ninguna manera que Mas diga que España es una pseudo-democracia, ni que Rajoy diga que es el garante de la unidad territorial. España y Catalunya no sólo no se merecen esto, es que se necesita que hablemos del Proyecto para España; de la reforma de constitucional; de la regeneración de la vida pública, de los partidos políticos y de los límites entre lo público y lo privado; de cómo incentivar el crecimiento de empleo de calidad; de cómo salir de la crisis; de las reformas legales en muchos sectores para adaptarlos a una nueva sociedad; de qué hacer con la Unión Europea antes de que se muera entre la burocracia, la ineptitud y los intereses espurios.

La mejor no, la única forma de garantizar la Unidad de España es hacer un país habitable, en el cual todos tengan un orgullo de su pertenecía y todos participen en la riqueza y bienestar colectivo que es capaz de generar. Posible lo es, lo fue. Hay que saber distinguir el grano de la paja política que nos quieren hacer comer.