Tras treinta años de recorrido constitucional, la España de las Autonomías evidencia grandes ventajas y algún que otro riesgo. La estructura territorial vigente ha atendido la demanda histórica de autogobierno en nuestras nacionalidades y regiones; ha consolidado el desarrollo de los territorios más avanzados; ha propiciado el avance de los territorios menos desarrollados; y ha mejorado el funcionamiento de la administración pública mediante un proceso intenso de descentralización. Pero también es cierto que mantiene abierta la dialéctica autonomía-cohesión; que los acuerdos sobre la financiación de las regiones son muy dificultosos; y que resulta altamente complejo asegurar unas condiciones mínimas de coordinación y de colaboración leal entre la administración central y las autonómicas, a la hora de desarrollar las políticas de las que depende el progreso armónico y la igualdad de oportunidades de todos los españoles.

Los conflictos provocados por la Comunidad de Madrid contra el Gobierno de España a cuenta de la educación para la ciudadanía, las ayudas al alquiler, la financiación sanitaria, la ley de la dependencia o la ley del tabaco son buena muestra de ello.

¿Funciona hoy el Senado como una auténtica cámara de representación territorial? No como debiera, a mi juicio ¿Podría el Senado contribuir a maximizar las ventajas y reducir los riesgos de nuestra estructura territorial? Si, indudablemente ¿Lo está haciendo ahora? En muy escasa medida, a causa de su composición y de sus funciones. Hagamos, por tanto, los cambios precisos.

La representación de las comunidades autónomas en el Senado se limita hoy a los senadores electos en la misma fecha que los miembros del Congreso, y a los senadores designados por las asambleas legislativas. Sin embargo, los gobiernos autonómicos no tienen más que una presencia residual en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, con una convocatoria escasa y unas competencias muy limitadas.

Las principales funciones que ejerce el Senado en la actualidad son las siguientes. La Cámara Alta sirve a la función histórica de equilibrar mayorías políticas compensando con el voto conservador de la “hectárea” el voto progresista de las grandes poblaciones que configura el Congreso. El Senado ejerce ahora de cámara de segunda lectura para todas las leyes que ya ha aprobado el Congreso (discutiendo en muchos casos idénticas enmiendas). Y cumple también el papel de cámara de “recontrol” al gobierno sobre los mismos asuntos que ya ha tratado el Congreso. Es de justicia reconocer, no obstante, que el Gobierno Zapatero ha aportado iniciativas interesantes, como el sometimiento del Presidente del Ejecutivo a las preguntas de la oposición (que Aznar no atendía) o la celebración de Conferencias de Presidentes Autonómicos (que podrían haberse ubicado en cualquier otro sitio).

¿Son estas las funciones de una cámara de representación territorial realmente útil? Creo que no. ¿Qué cambios debieran introducirse? Dos claves: sobre la composición y sobre las funciones. Los senadores debieran elegirse en la fecha de las elecciones autonómicas. Los gobiernos autonómicos y sus presidentes habrían de tener representación permanente en el Senado, y participar de sus plenarios y comisiones. El Senado debiera ser cámara de primera lectura para las leyes de especial incidencia en el funcionamiento de la estructura territorial del Estado (reformas estatutarias, leyes de financiación autonómica…). Igualmente, debiera especializarse en el control al Gobierno central para las cuestiones relativas al desarrollo de la España de las autonomías. Esta Cámara podría asimismo desarrollar la función de coordinación territorial en la aplicación de las políticas impulsadas desde la administración central para el conjunto de los españoles.

Se ha dicho ya que esta legislatura que comienza constituye una buena oportunidad para afrontar los grandes acuerdos de Estado pendientes. Convertir el Senado en una institución útil podría ser uno de los más interesantes.