Ahora que este conjunto de actuaciones de los poderes públicos parecen haber salvado el capitalismo de las depredadoras prácticas de los capitalistas, que las Bolsas empiezan a subir de nuevo, que los bancos han saneado gran parte de sus activos, que el precio del petróleo sube otra vez, que los ministros de economía descubren “brotes verdes” de recuperación en medio del páramo, ahora que se les ha pasado el pánico a los mismos que provocaron el endeudamiento incontrolado y la desigualdad creciente, vuelven éstos últimos sobre las andadas tronando contra los déficit públicos, reclamando más reducciones de impuestos, demandando libertad para auto-regular las retribuciones de los grandes gerentes, diciendo que el problema no estaba en los mercados sino en los Estados, que no es el liberalismo el problema sino su insuficiente aplicación, que es muy complicado acabar con los paraísos fiscales. Ya corre la especie de que sólo serán necesarias algunas nuevas regulaciones en el sistema financiero y dar algunos baños de pintura verde al sistema productivo, pero que lo esencial debe mantenerse como estaba. Aunque hubiera sido de esperar que, en estas circunstancias, fuera la izquierda la que estuviera a la ofensiva es la derecha la que está, de nuevo, imponiendo su discurso.

Esta ofensiva tiene mucho de indecente. Primero, porque si la crisis se cree terminada para algunos no ha hecho sino comenzar para la gran mayoría. Así lo atestiguan el paro que sigue aumentando, el crecimiento de la morosidad de las familias endeudadas, el aumento de las comidas para pobres, el incremento del porcentaje de trabajadores sin prestaciones de desempleo o con éstas ya agotadas, los cierres y reestructuraciones de empresas, la creciente amenaza de deflación salarial.

Pero también porque si se imponen estas políticas estamos incubando la nueva crisis del capitalismo, que ya ha conocido unas cuantas en las dos últimas décadas. Y, sobre todo, porque resulta indecente – como ha reconocido algún reputado economista liberal – reclamar mayores facilidades de despido en pleno proceso de destrucción de empleo. O proclamar una profunda preocupación sobre el futuro de nuestro sistema de pensiones y proponer, al tiempo, reducir 5 puntos la cotización empresarial al sistema de pensiones, es decir unos 18..000 millones de euros, es decir cinco veces más de lo que todavía sufraga la Seguridad Social, con cuotas del trabajo, en concepto de complementos de mínimos de las pensiones y unas tres veces lo que España recibe cada año de los fondos comunitarios. Inmoral es igualmente aprovechar la crisis para, como siempre, intentar realizar las reformas, mejor contrarreformas, más duras contra los derechos del trabajo y contra las protecciones vinculadas al trabajo.

Ante la ausencia de un discurso propio, claro, articulado, coherente y asentado en las necesidades y las demandas de la gran mayoría de la sociedad por parte de las fuerzas de izquierda, es la derecha – ahora, además, reforzada por el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo – la que domina el discurso político demandando más de lo mismo. Los conservadores británicos se reclaman con orgullo del legado de la Sra. Tatcher, la derecha alemana propone rebajar los impuestos directos, el Sr. Sarkozy, pese a un discurso que pretende ser más de izquierda que el de la izquierda, propone privatizar la sanidad, mantener un paquete fiscal socialmente regresivo, aumentar sin más la edad de jubilación y liberalizar más el trabajo en domingo. En España, esta ofensiva de las fuerzas empresariales y de los partidos políticos de la derecha, abarca también todos los frentes: descausalización del despido e individualización de la negociación colectiva, recorte, por diversas vías, de las pensiones públicas y mayores ayudas públicas para las pensiones privadas, rebajas de la fiscalidad directa, ataque creciente al déficit público que se ha creado, paradójicamente, para ir a socorrer a los suyos aunque con la finalidad de que el desastre no nos aplaste a todos.

Los riesgos, en suma, de que los trabajadores y las clases populares no sólo sean quienes paguen la crisis sino que de la misma se salga aún con mayores desigualdades de las que existían cuando entramos en ella es bastante evidente. La próxima batalla que las fuerzas conservadoras están ya anunciado es cómo van a salir los gobiernos del endeudamiento público que se está generando. Porque, evidentemente, no hay una única manera de abordar el saneamiento de las cuentas públicas. Siendo inevitable, hay una manera que favorece a los más pudientes y otra que favorece a los más desfavorecidos. El camaleónico Sarkozy ha declarado que hay tres tipos de déficit públicos: el de los gastos corrientes, el generado por inversiones estructurales y el que exige el “porvenir de Francia” (cambios en el modelo productivo para hacerlo más sostenible y competitivo en el mundo). De acuerdo con el Presidente francés, estos dos últimos no hay que considerarlos como déficit.

Pero ¿es esto lo que van a hacer los gobiernos? ¿ irán sus políticas orientadas a descontar determinadas inversiones del cálculo del déficit y a mantener bajos los tipos de interés para financiar más fácilmente la carga de la deuda pública? ¿Aumentarán aquellos algunos impuestos directos o recuperarán otros, como el del patrimonio? ¿ O, por el contrario, a lo que vamos a asistir es a la reducción de los gastos y las prestaciones sociales, a la disminución de funcionarios incluso donde no haya suficientes, al aumento de los impuestos indirectos, a un reparto de la riqueza en contra de los salarios?

Hay tres cosas, en todo caso, que no parecen nada claras. La primera es que sea verdad que ésta crisis esté muerta y que, por el contrario, no vaya a gozar, desgraciadamente, de larga vida. La segunda es cuál es el diagnóstico de la izquierda al respecto. Y, tercero, cuál es el escenario de salida de la crisis, del modelo productivo sostenible, que la izquierda plantea. Seguiremos esperando.