Ahora descubrimos una realidad de desigualdad más profunda: la división que se está produciendo entre Comunidades Autónomas. Ya no sólo estamos divididos en clases sociales, sino que además, dependerá de dónde vivimos dentro de nuestro país, nuestras condiciones de bienestar serán diferentes.

Ya no somos iguales todos los españoles como afirma la Constitución.

Según el informe, la pobreza afecta a una de cada cinco personas, la tasa media está en el 22,23%, pero donde más se ha acumulado el porcentaje de pobres es en Baleares, donde la tasa ha crecido un 89%, Canarias (48,7%), Murcia (41,5%) o la Comunidad Valenciana (25,6%); todas ellas muy por encima de la media estatal.

No es casual que el mayor incremento de la pobreza se da en las regiones que más apostaron por un modelo de crecimiento económico basado en la construcción y en el impulso público en el desarrollo de infraestructuras. El estallido del boom inmobiliario se ha traducido en un frenazo en seco tanto de la construcción de vivienda privada como de grandes inversiones en equipamiento público, y en el desempleo de miles de trabajadores ocupados en actividades ligadas, directa o indirectamente, a la construcción.

El segundo factor que arroja luz a las diferencias regionales tiene que ver con la educación. En concreto con los resultados del informe PISA, que evalúa las competencias educativas de los alumnos.

El trabajo de investigación no solo se detiene en la pobreza material. Los investigadores trabajan a partir de cuatro variables: la pobreza, las privaciones en salud, las limitaciones en educación y el riesgo de exclusión social.

En el caso de la Comunidad Valenciana, además se han publicado unos datos escalofriantes. Somos la Comunidad donde menos se gasta por usuario en servicios sociales. En concreto, el Gobierno del PP valenciano gasta 197 euros por habitante frente a la media estatal de 307 euros. ¡No estamos hablando de un par de euros de diferencia, sino de una brutal caída debido a los despilfarros, corrupciones y mala gestión!

A esta desigualdad territorial, se une también el nuevo descenso de salarios que se ha producido otra vez en España. Los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, al mismo tiempo que pierden derechos, coberturas sociales y la red asistencial que impide franquear la línea de la pobreza.

Estamos viendo como la Defensora del Pueblo (nada sospechosa de ser votante de Podemos o una yaya-flauta de élite), advierte de la necesidad de que los comedores escolares suministren comida en verano a muchos niños, por el riesgo de falta de alimentación.

Cuando leo todos estos informes, y se cruzan por la pantalla del televisor los nuevos anuncios de la Agencia Tributaria, dando lecciones morales de “No defraudar”, exigiendo y cargando una vez más sobre las espaldas de quienes menos tienen y más reparten la solidaridad colectiva, siento una enorme indignación y el hartazgo de que el Gobierno de Rajoy trate a la Ciudadanía como verdaderos ignorantes, como estúpidos, como burros de carga, dispuestos a sufrir todos los palos, mientras ellos siguen gobernando a golpe de desigualdad y de reducción de derechos.

El día que nuestro país salga de la crisis, el Gobierno de Rajoy se querrá poner las medallas, enterrando en el olvido cuánto han robado, han defraudado, han mentido o han engañado, pero no podrán devolver a los españoles que queden por el camino su dignidad, su felicidad o, en algunos casos, su vida.