Lo más destacable de los últimos días es el rápido y decidido apoyo del Grupo Socialista de la Eurocámara a las reivindicaciones de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que se pusieron de manifiesto en las movilizaciones del pasado día 4 celebradas en Bruselas y situaron al empleo como el objetivo prioritario a desarrollar en el marco de la Unión Europea. Sin duda, el empleo es lo más importante y, desde luego, lo que más preocupa a los ciudadanos europeos (como lo refleja el 82,3% de los españoles, según el barómetro del CIS del mes de marzo); mucho más que el aborto, la violencia de género, el retroceso de las libertades y la corrupción, por muy importantes que sean estos asuntos en nuestro país, tanto por su profunda regresividad, como por la impunidad de que hace gala el Gobierno Rajoy en el caso Bárcenas (financiación ilegal del PP). Debemos recordar que, a finales del año 2013, la tasa de desempleo de la Unión Europea se acercaba al 11%, lo que representa más de 26 millones de personas desempleadas (habiéndose perdido 3,5 millones de empleos desde el año 2008), muy por encima de Australia (5%), Canadá (7%), EEUU (6,7%) y Japón (menos del 5%).

En España, la situación resulta mucho más escandalosa e intolerable. En los últimos dos años se han destruido un millón de empleos, el desempleo ha aumentado en 600.000 personas y se ha producido una caída de la población activa por el creciente desánimo y la emigración económica. La situación se agrava por el incremento de los parados de larga duración en un millón, el desplome de la cobertura de desempleo en 15 puntos (actualmente en torno al 60%), la reducción brutal de los salarios y la congelación del SMI. A todo ello hay que añadir la caída de los contratos indefinidos, el aumento de la precariedad, la sustitución del empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial, la considerable disminución de los trabajadores protegidos por un convenio colectivo y el desplome de la inversión en políticas activas de empleo, desde 2011, en un 52%.

La crisis está resultando particularmente nociva para las mujeres, jóvenes y parados de larga duración. Concretamente, según UGT, en los dos últimos años se han perdido casi 500.000 empleos femeninos y el desempleo de este colectivo se sitúa en torno al 27%. Por su parte, la tasa de paro de los menores de 35 años asciende al 47% y los jóvenes perciben 2,4 veces menos dinero en sus nóminas que el resto de los trabajadores: 10.445,70 euros (746,12 euros por 14 pagas mensuales), con el agravante de que las mujeres jóvenes cobran un 18,70% menos que los hombres (1.953,52 euros de diferencia). El problema se agrava porque el 44,36% de los contratos destinados a jóvenes son temporales y, además, para los menores de 35 años la jornada completa se ha reducido en un 78,7% mientras que la jornada a tiempo parcial ha aumentado en un 13,5%, a pesar de que al 37% de los jóvenes con jornada a tiempo parcial le gustaría aumentar sus horas de trabajo. La situación de estos colectivos se puede convertir en un problema dramático a la hora de configurar sus carreras profesionales completas para conseguir una pensión digna en el futuro.

Esta realidad se ha traducido en un aumento considerable de la desigualdad y la pobreza que está deprimiendo la demanda y el consumo hasta límites desconocidos hasta la fecha (deflación), según alerta el FMI y lo confirman los datos de inflación del mes de marzo (según el INE la tasa de variación interanual ha caído una décima), todo ello como consecuencia lógica del desempleo, la precariedad y el desplome de los salarios, que se nos viene imponiendo desde la Unión Europea (obsesión por la austeridad fiscal) con el beneplácito de los diversos gobiernos. Actualmente, 124,5 millones de personas europeas viven bajo el umbral de la pobreza (24,8%), llegando Grecia a superar el 35 %. Particularmente, las políticas de austeridad han afectado incluso a los niños, constituidos en un colectivo con un fuerte riesgo potencial de pobreza y exclusión social, que ha afectado en España en el pasado año al 29,9% de los comprendidos entre 0 y 17 años, solamente por debajo de Rumania en la Unión Europea. El problema tiene muy difícil solución si no se produce un cambio en las políticas económicas actuales y se piensa a medio y largo plazo en medidas relativas al reparto del trabajo existente y en el cambio de nuestro modelo productivo. Según se pone de manifiesto en el reciente informe del FMI, la economía española crecerá en tasas ligeramente por encima del 1% hasta el año 2019, mientras que el desempleo se situará en el 21,89% (4,5 millones de parados). Incluso, lo expertos están hablando de un desempleo estructural en Españay Bill Gates se queja de que la gente no asuma que su trabajo lo van a hacer las máquinas y que los diversos gobiernos no obren en consecuencia.

La alternativa del Grupo Socialista Europeo contempla, de entrada, un ambicioso plan de inversiones de cuatro años de duración (plan de choque), por importe de 582.000 millones de euros, dirigido a infraestructuras de transportes, eficiencia energética y energías renovables, con el objetivo de reactivar el crecimiento de la economía y crear al menos siete millones de nuevos puestos de trabajo. Los socialistas piden también aumentar de 6.000 a 21.000 millones de euros el fondo contra el desempleo juvenil, así como ampliar la cobertura del desempleo de este colectivo.

De la misma manera exigen un salario mínimo en el conjunto de la Unión Europea, superior al 60% del salario medio; reforzar los derechos laborales y sociales y limitar la contratación temporal; además de establecer una pensión mínima europea y una renta básica capaz de resolver los casos de pobreza extrema.

La financiación del plan tiene relación directa con la exigencia de una única política fiscal y un presupuesto único. En concreto, se apuesta a corto plazo por el retraso del ajuste fiscal; la lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y la evasión fiscal (representan aproximadamente 1 billón de euros); la erradicación de los paraísos fiscales; la mutualización de la deuda; la generación de nuevos ingresos fiscales (impuesto a las transferencias financieras, sociedades, impuestos ecológicos…); y de otros ingresos derivados de la reactivación de la economía y de la creación de empleo. También se impulsa la concesión de créditos al sector privado, aprovechando la caída de los tipos de interés que se produce en la actualidad, con el propósito de superar las dificultades que tienen los países del Sur de la Unión Europea (particularmente las pequeñas empresas) para conseguir créditos y que éstos sean baratos, lo que no deja de resultar escandaloso después de que el rescate bancario haya costado 1,6 billones de euros a los ciudadanos europeos.

En todo caso, y siendo plenamente conscientes de los problemas enumerados, la Unión Europea sigue siendo la solución (ideas de cambio y de progreso) y no el problema, a pesar de las diferencias de todo tipo que se producen en su seno donde prima el interés nacional a la solidaridad entre los países de la Unión Europea. Son destacables las fuertes diferencias entre los países del Norte y del Sur, entre acreedores y deudores, entre ricos y pobres, entre los que mandan y los que obedecen… Por eso, no es extraño que sólo el 31% de los ciudadanos europeos confíen en la Unión Europea, según el Eurobarómetro de 2013.

En todo caso, la derecha no va a cambiar las políticas de austeridad (sin resultados), como se ha demostrado sobradamente en los últimos años; por el contrario, se encuentra cómoda defendiendo al sector financiero e industrial, así como los intereses de una minoría de privilegiados. En coherencia con ello, su campaña en España no contempla ninguna alternativa a las políticas neoliberales y se centrará, lamentablemente, en recordar la herencia del gobierno socialista y en esperar la indiferencia y la abstención del electorado de izquierdas en estas elecciones.

Por eso, la socialdemocracia, actualmente en la oposición en la mayoría de los países europeos, deberá resolver los problemas derivados de sus años de Gobierno en varios países (entre ellos España) y explicar las recientes medidas de Hollande (Francia), así como el acuerdo con la derecha Merkeliana en Alemania para formar Gobierno. Los ciudadanos no olvidan que, desde hace unos cuantos años, muchos partidos de izquierda han desmoralizado a sus miembros al no haberlos defendido contra las políticas de sus enemigos o, aún peor, haberlas adoptado como propias; muchas veces han dado la impresión de que se han quedado sin impulso, sin ideas… A veces parece como si se hubieran quedado sin respuesta y sin futuro aparente ante el fenómeno de la globalización y la plena libertad de los movimientos del capital y de las transacciones bursátiles -la mayoría de naturaleza especulativa- que son realizadas en tiempo real por la aplicación de los avances tecnológicos en los campos de la informática y de las comunicaciones. A esta globalización ha contribuido de manera decisiva -como señaló en su día, Tony Judt-, la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización de los servicios públicos y la elevación a nuestra iconografía del sector privado, agravado todo ello por las crecientes desigualdades entre ricos y pobres. Y, sobre todo, por la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

A pesar de todo ello, las únicas expectativas de un cambio real en la Unión Europea se centran en la izquierda y, en concreto, en la socialdemocracia. Para que se produzca el cambio, la socialdemocracia debe previamente reconocer los errores de fondo cometidos por los Gobiernos socialistas en algunos países (también en España), renunciar a políticas encaminadas a administrar solamente los intereses del capital (tercera vía) y apostar, paralelamente, por políticas progresistas que tengan como principal misión la creación de empleo, la superación de las desigualdades y la profundización de la democracia (Modelo Social Europeo), ante el auge de los populismos, el racismo y la xenofobia.

Finalmente, no hay que minusvalorar los análisis en clave interna que se puedan hacer después de las elecciones del 25 de mayo. Los resultados determinarán la dimensión del desgaste real del Gobierno, así como las tendencias electorales de cara a las elecciones del próximo año en Ayuntamientos y CCAA. También el grado de recuperación de la deteriorada credibilidad y confianza del principal partido de la oposición y las posibilidades de Rubalcaba como candidato a las primarias del PSOE en el próximo mes de noviembre. Por último, estas elecciones serán muy determinantes a la hora de calibrar la caída del bipartidismo y el respaldo electoral a partidos minoritarios que, sin posibilidades de gobernar en solitario, tienen serias expectativas de participar en un hipotético Gobierno de coalición. Seguiremos atentos a unas elecciones relevantes.