La iniciativa tiene así mismo algunas otras virtualidades. Por ejemplo, el de establecer un objetivo estructural de país a medio y largo plazo. El Presidente Zapatero ha hablado del horizonte 2020. Quizá se ha quedado corto. El Presidente Delors, cuando propuso para Europa, en 1993, una propuesta estratégica – el Libro Blanco sobre “Crecimiento, competitividad y empleo” – acostumbraba a decir que uno de los defectos de los europeos consistía en que éramos incapaces de proyectar a 30 años. Pero no cabe duda que recuperar para la política – después de al menos una década en que todo el horizonte temporal de la política española acababa, como mucho, en el tiempo de una legislatura – el sentido de la planificación a largo plazo, que es ciertamente una de sus funciones más esenciales, no es mérito desdeñable.

La tercera virtud del proyecto emprendido consiste en que pretende abordar los tres componentes que están implícitos en el cambio del modelo productivo – salida de la crisis, modificación del modelo económico que la ha producido y respuesta a los desafíos medioambientales – al mismo tiempo. Crecer económicamente y en una medida suficiente para crear empleo; realizar las reformas necesarias para erradicar las causas que han producido esta crisis y evitar de esa forma la incubación de otra que pueda estallar de manera aún más virulenta dentro de algunos pocos años; y afrontar los cambios en la manera de producir, de consumir, de distribuir – y también de repartir la riqueza – que el desarrollo sostenible implica es algo que ha de hacerse, tanto por razones de eficacia como de perentoriedad, simultáneamente.

Plantear el debate sobre un modelo de desarrollo sostenible conlleva, finalmente, un fuerte contenido ideológico, en un momento en el que la izquierda ha desdibujado sus señas de identidad. En primer lugar, porque sólo desde políticas de reducción de las desigualdades y de lucha decidida por una mayor justicia social, no sólo entre países ricos y pobres sino también dentro de las sociedades ricas, será posible la aceptación por parte de los ciudadanos de los cambios que aquel supone. Es imposible que los pobres o los parados entiendan el mensaje de una economía baja en carbono si, al mismo tiempo, no aprecian medidas para solucionar sus problemas más inmediatos de subsistencia. Y, en segundo lugar, porque también existe una ecología de derechas que, sin cambiar el modelo actual, pretende que el mero desarrollo tecnológico se encargará de solucionar los desafíos medioambientales.

Es posible que, en lugar de una Ley, hubiera sido más adecuado iniciar la materia con un marco estratégico que definiera los desafíos a los que se enfrenta la sociedad española y las vías para tratar de solucionarlos. Utilizando para ello el hilo conductor de un gran proyecto de país como el del cambio del modelo productivo. Y que a ello hubieran seguido medidas a corto, medio y largo plazo, con las correspondientes leyes y normas de apoyo. No es seguro tampoco que el Anteproyecto de Ley no resulte una amalgama de viejas medidas ya anunciadas y de otras incorporadas sin una reflexión suficiente o que pueda mezclar cuestiones generales con otras extremadamente concretas, que sobren o que falten materias o que, incluso, algunas puedan ser contradictorias con otras que figuran en la misma norma. Ello es posible y seguramente podrá ser subsanado mucho de ello en su tramitación y desarrollo.

En todo caso si parece necesario que se identifiquen claramente las medidas que se quieren tomar a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo la urgencia es la salida de la crisis. Es decir, crecer más, crear empleo, evitar un aumento de las desigualdades sociales. Consensuar un gran Pacto por el empleo. Para ello es imprescindible que el crédito llegue a las empresas, sobre todo a las pymes, a tipos asequibles; plantear un plan de choque que asegure empleo o formación a los jóvenes; medidas de paro parcial para mantener al máximo de trabajadores en sus puestos de trabajo; propiciar pactos para el aumento de la productividad en las empresas; incremento del empleo en los sectores vinculados a los servicios a la comunidad, como sanidad, enseñanza, dependencia, guarderías infantiles; o en otros más vinculados con una nueva economía verde como la producción de energías alternativas, el impulso del transporte ferroviario y colectivo, el ahorro y la eficiencia energética en viviendas y edificios, la industria del reciclaje y la conservación y reposición del sector forestal, las inversiones en educación y en innovación. A medio plazo será imprescindible asegurar otra regulación del sector financiero y revertir las causas que han estado en la base de la crisis, es decir la desigualdad. Una desigualdad que ha sido provocada por el debilitamiento de la protección jurídica, sindical y social del trabajo y por la reducción de las políticas públicas promovidas por el Estado. Y en una perspectiva de largo plazo y de desarrollo sostenible harán falta medidas para adaptar las políticas que, desde la industrial, a la de transportes, pasando por la energética más influyen en nuestras actuales formas de producción, consumo y distribución. Y, por supuesto, se deberían cambiar las formas de medir la riqueza y las reglas del comercio internacional.