El PSOE está pretendiendo, con inusual rapidez, dada la proximidad de las elecciones locales del próximo mes de mayo, recuperar la credibilidad de la ciudadanía y, en este sentido, ha comenzado por reconocer algunos de los errores cometidos en su anterior etapa de gobierno: concretamente ha denunciado el acuerdo con el PP para la aprobación del artículo 135 de la CE, donde se da prioridad al pago de la deuda pública sobre otros asuntos de relevancia pública y social que inciden muy negativamente en la ciudadanía. Pedro Sánchez ha culpado al PP de utilizar el artículo 135 para dar cobertura legal a los recortes y a la política de austeridad; sin embargo, ha prometido trabajar por la estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda e, incluso, se ha comprometido a blindar en la Constitución la prioridad, sobre otros asuntos, de la sanidad pública y universal, la educación y las pensiones.

Las voces discrepantes en el seno del PSOE no se han hecho esperar, a pesar de carecer de la fuerza y de la capacidad dialéctica para oponerse a una medida que una buena parte de la ciudadanía y de la izquierda en general vienen rechazando desde su promulgación (incluidos amplios sectores del PSOE y la corriente Izquierda Socialista).

Esta importante decisión se inscribe en la recuperación y renovación de las grandes ideas de la socialdemocracia tradicional, basadas en la democracia (actualmente secuestrada) y en la igualdad, que está siendo golpeada por la oligarquía financiera que ha sido capaz de concentrar, como no lo había hecho nunca, el poder económico en manos de unos pocos. Más en concreto, la socialdemocracia apuesta por: el pleno empleo; la inversión pública contra la recesión; un fuerte sector público empresarial (incluida una banca pública impulsora del crédito a familias y empresas); una protección social suficiente (pensiones, desempleo y dependencia); unos servicios públicos eficientes (sanidad y educación); una fiscalidad justa, suficiente y sostenible; la recuperación del diálogo y de la concertación entre los interlocutores sociales y el Gobierno; y la protección del medio ambiente. En definitiva, en estos momentos apuesta por garantizar el Estado de Bienestar Social y preservar los logros conseguidos por los trabajadores y la clase media, después de muchos años de sacrificio, única manera de luchar eficazmente contra la desigualdad y la pobreza.

La socialdemocracia exige también desarrollar un modelo de partido distinto al que ha venido funcionando hasta ahora en torno al PSOE, donde se recupere -en recuerdo de Pablo Iglesias- el Pablismo: potenciar la democracia interna (órganos de control y de participación, primarias, limitación de mandatos, incompatibilidades, puertas giratorias…) y fomentar la participación en los movimientos emergentes, en el tejido social y en las redes sociales. En este sentido, debemos recordar que la decisión de Pedro Sánchez de eliminar el artículo 135 de la CE se ha tomado sin consultar a los órganos de dirección correspondientes (déficit democrático); precisamente, lo mismo que hizo Zapatero, aunque en sentido contrario, con el artículo mencionado.

En definitiva, mientras Podemos pone en marcha su modelo de partido utilizando las redes sociales, incrementa el número de sus simpatizantes y refuerza su presencia en el tejido social, el PSOE sigue sin dinamizar a fondo las agrupaciones locales (casas del pueblo), lo que dificulta la participación y el debate de sus afiliados, el hacer proselitismo, el estar presente en las movilizaciones sociales y la divulgación de sus alternativas en foros más amplios para una salida rápida y más justa de la crisis.

En todo caso, la decisión del principal partido de la oposición tiene mucho que ver con las últimas encuestas electorales que confirman el vertiginoso ascenso de Podemos. Todo indica que esta nueva formación política aspira, lo que resulta insólito y sorprendente, a ganar las próximas elecciones generales, ocupar el segundo puesto o, en el peor de los casos, consolidarse como tercera fuerza política, muy por encima de Izquierda Unida (IU) y de UPYD que tiene serios problemas de supervivencia ante una práctica política claramente oportunista y escasamente definida. Sin lugar a dudas, Podemos, en un contexto de indignación creciente, arrancará votos a la abstención y a todas las formaciones políticas (también al PP), pero sobre todo arrancará votos al PSOE y en menor medida a IU y, como consecuencia, golpeará duramente al bipartidismo vigente desde la Transición democrática.

Por otra parte, las recientes medidas económicas conocidas de Podemos confirman su moderación y su apuesta por la socialdemocracia tradicional, experimentada sobre todo en los países nórdicos, en un intento por ocupar una parte del centro político -en pugna con el PSOE- y evitar así que se le siga tachando de populista radical. Desde luego, no será fácil que lo consiga ante los escasos apoyos políticos con que cuenta en la Unión Europea, el ataque sistemático que sufrirá desde los medios de comunicación conservadores, la incertidumbre que genera en la ciudadanía toda formación política nueva y sin experiencia de Gobierno y los cambios profundos efectuados en sus bases programáticas desde las últimas elecciones europeas.

Para contrarrestar el avance electoral y mediático de Podemos, el PP se limitará a utilizar el miedo y a dimensionar los hipotéticos problemas de gobernabilidad si, finalmente, se confirman las opciones de Gobierno de esta fuerza emergente. El problema del PSOE para enfrentarse a sus propuestas resultará más complicado, porque su electorado coincide con el de Podemos y en un futuro cercano no se puede descartar -a la espera de los resultados electorales- que se explore un hipotético Gobierno de coalición o acuerdos puntuales en el Parlamento, siempre que el PSOE gane o quede en segundo lugar en las elecciones generales, porque si el PSOE termina siendo la tercera fuerza política perdería su capacidad de maniobra o quedaría ésta muy limitada y solamente podría aspirar a ser compañero de viaje de otra formación política sin posibilidades reales de influir en el devenir político de nuestro país.

Por otra parte, un hipotético acuerdo entre el PP y el PSOE -que algunos pronostican para frenar a Podemos- frustraría al electorado progresista que exige la salida del PP del Gobierno y aspira a un acuerdo de progreso que, de entrada, contaría con el apoyo de los sindicatos, lo que facilitaría la aprobación en el Parlamento de dos leyes importantes que vienen reclamando los sindicatos: la ley de participación sindical en las instituciones y la ley de financiación de los sindicatos, lo que debería significar un fuerte avance en la superación de los problemas de corrupción (tarjetas opacas de Bankia) y de financiación irregular en los que se han visto involucrados últimamente los sindicatos. Además, y según ha prometido Pedro Sánchez, sería más fácil desde un Gobierno de izquierdas derogar la reforma laboral y recuperar el protagonismo que siempre han tenido los sindicatos y la negociación colectiva en nuestro país.

En este contexto político y social se ha producido la dimisión de la ministra de sanidad al verse favorecida, junto al conjunto del PP, por la corrupción del caso Gürtel, al margen de su demostrada incompetencia para asumir la problemática de la sanidad en nuestro país. El esfuerzo de Rajoy por acordar con el PSOE una serie de medidas contra la corrupción ha resultado baldío y fuera de lugar, ante la proximidad de las elecciones de mayo, lo que deja en una muy difícil situación al Gobierno. La decisión tomada por Rajoy carece de la credibilidad necesaria (el 86,6% de los españoles confían poco o nada en él), ante la decisión del PP de no asumir ninguna responsabilidad política y entorpecer la labor de la Justicia en el esclarecimiento de los hechos.

La situación se agrava considerablemente al carecer el Gobierno de la fuerza necesaria, a pesar de su mayoría absoluta, para responder al reto catalán y ofrecer alternativas consensuadas con la oposición que, todo lo indica, se deberían concretar en enmiendas a introducir en nuestra Constitución. En este contexto, no queda más remedio que esperar a los resultados de las próximas elecciones a celebrar en Cataluña y en el conjunto del país, lo que configurará nuevas mayorías en los parlamentos -y nuevos dirigentes- para los próximos cuatro años, que deberán buscar una salida consensuada al conflicto que resulte razonable para todos.

En estas circunstancias, lo más conveniente sería -dejando al margen el interés partidario del PP- que Rajoy adelantara lo más posible las elecciones generales, ante una legislatura totalmente agotada, lo que aceleraría la necesaria regeneración democrática y la lucha contra la corrupción que la ciudadanía demanda.

Al margen de que esto ocurra, en las actuales circunstancias nadie duda de que se debe impulsar -con una amplia visión de Estado- el protagonismo de la política con mayúscula y, además, la apertura de un nuevo escenario político más participativo y capaz de generar una renovada ilusión en la ciudadanía. Muchas personas indignadas y en riesgo de exclusión social han llegado al convencimiento de que merece la pena intentar de nuevo que este país funcione: combatir el desempleo, erradicar la temporalidad sin causa, garantizar la protección social a los más débiles, fortalecer los servicios públicos, reformar la política fiscal, cumplir con los compromisos electorales, devolver el dinero público usurpado, garantizar que los corruptos vayan a la cárcel…

Para conseguirlo, solamente se necesita una mayoría política decidida a encabezar un nuevo proyecto ilusionante capaz de luchar eficazmente contra la desigualdad y la pobreza. En eso estamos.