Entre esas noticias, el 5 de junio se ha celebrado el tradicional Día Mundial del Medio Ambiente, siguiendo las pautas que, desde 1972, Naciones Unidas trata de utilizar para instar a la acción positiva por el medio ambiente. Así, el PNUMA promociona acciones individuales en más de cien países, con actividades como campañas de limpieza ambiental, plantación de árboles, promoción de concursos sobre el cuidado del planeta, etc., que difícilmente están a la altura de la magnitud de los crecientes problemas ambientales a los que se enfrenta la sociedad, como: la contaminación atmosférica que atenaza a la creciente población residente en ciudades (que provoca del orden de 3,7 millones de defunciones al año, según la Organización Mundial de la Salud –OMS); la incidencia de las basuras urbanas e industriales, algunas fuertemente contaminantes, en la ocupación y degradación de suelos y recursos hídricos; la ocupación del dominio público hídrico, del marítimo-terrestre, o de las áreas de inundación hídrica o marítima por edificaciones, con el consiguiente riesgo para las mismas y sus ocupantes, y con la negativa afección a los ecosistemas básicos de estos espacios; la sobreexplotación de los acuíferos, su contaminación y la degradación de los recursos hídricos asociados a demandas que imposibilitan el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos; la pérdida de biodiversidad, con la correspondiente degradación patrimonial y pérdida de recursos para la salud y el bienestar de la población, asociados a los servicios ambientales de la biodiversidad; o, sobre todo, el calentamiento global derivado de sistemas de producción y consumo generadores de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que está llevando a riesgos crecientes para la estabilidad ambiental global del planeta, y para la salud y bienestar de sus habitantes.
Con sus medidas, el PNUMA pretende la concienciación de la población para que incida en el control y elección de Gobiernos más preocupados por los graves problemas ambientales a que nos enfrentamos a corto plazo y, en particular, por el citado gravísimo problema del Calentamiento Global, que la magnitud y consecuencias de la fuerte crisis financiero-especulativa registrada, y su gravísima incidencia socioeconómica, ha postergado en las prioridades de intervención gubernamentales. En todo caso, los resultados socioeconómicos y ambientales de las respuestas conseguidas de los Gobiernos, hasta ahora, se están mostrando claramente insuficientes ante la magnitud mundial de los retos planteados, persistiendo la subordinación de lo ambiental y de la sociedad del bienestar a los intereses económicos particulares predominantes. Pero por mucho que, ante las elecciones, los distintos Gobiernos de los países de la Unión Europea y la propia Comisión han hecho verdaderos esfuerzos por trasmitir la idea de que los problemas económicos europeos habían desaparecido, que el crecimiento volvía a ser la norma en la Unión Europea, y que Portugal, Grecia, Chipre, Irlanda, Italia o España habían recuperado totalmente la confianza de los mercados, lo cierto es que la realidad es muy diferente. Ni el paro ni las devaluadas condiciones de vida de una gran parte de la población registraban esa supuesta mejora. Ni tampoco la creciente deuda pública, la incontestable insolvencia griega para abonarla, el sobreendeudamiento de empresas y familias en muchos países europeos, la falta de crédito de un sistema financiero con parches en muchos países, o la ausencia de inversión pública a que lleva las exigencias del control del déficit, permiten ser optimistas sobre la continuidad y alcance del crecimiento económico y de la reducción del paro. Que en todo caso será sustituido por un empleo precario, de baja remuneración, que tendrá su correlato en el incremento de la ya muy elevada tasa de riesgo de pobreza en muchos países, incluido España, que parece dispuesta a batir records en estos indicadores, gracias a las políticas de este Gobierno.
Muchos ciudadanos, con razón, culpan a las políticas de la Unión Europea y a la inventada, al margen de los contenidos de los Tratados vigentes de la Unión Europea, “troika” –Comisión Europea+Fondo Monetario Internacional+Banco Central Europeo- de ser los responsables del deterioro de su situación; pensada y puesta en práctica sólo para salvar los muebles de un sistema financiero responsable en gran parte del origen de los problemas producidos cuyas consecuencias paga la ciudadanía. Y la abstención y el alza de los partidos euroescépticos, cuando no directamente fascistas, muestran hasta qué nivel ha llegado el descontento de ésta. Afortunadamente, los resultados han colaborado a la reacción del Banco Central Europeo, iniciando, con tremendo retraso con respecto a sus homólogos de EEUU, Japón o Gran Bretaña, políticas monetarias expansivas en su primera reunión postelectoral, una vez advertidos los socios más reticentes –y particularmente Alemania- de que las políticas actuales de “devaluación social” presentan mayores riesgos que beneficios para el conjunto de la Unión Europea y de sus políticos actuales.
También ha habido otras buenas noticias, que en parte han coincidido con el comienzo de las reuniones, en Bonn, preparatorias del Congreso del Clima de la ONU, con la vista puesta en la futura cumbre de diciembre de este año, que se celebrará en Lima, y en la de 2015, a celebrar en París, que deberán adoptar decisiones tremendamente trascendentales respecto al calentamiento global, ante el que no sólo España o la Unión Europea, sino el conjunto de la Humanidad tiene mucho en juego. Así, la publicación del “Third National Climate Assessment: Climate Change Impacts in the United States” (http://nca2014.globalchange.gov/report ) ha generado preocupación en ese país ante la gravedad de sus conclusiones, que refuerzan la línea de muchos de los graves contenidos del 5º Informe del IPCC, al que nos hemos referido en anteriores artículos. Y, de hecho, ha servido para prefigurar las últimas actuaciones y políticas preparadas por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU (mayo de 2014) para reducir un 30% -respecto a los valores de 2005- las emisiones de carbono de las centrales termoeléctricas estadounidenses, con las que se pretende, según el Presidente Obama, equiparar a EEUU con la Unión Europea en su lucha contra el calentamiento global, y evitar los elevados costes económicos y sobre la salud de los ciudadanos americanos derivados de dicho calentamiento. Es una primera medida que puede tener una influencia significativa en posibles cambios en las próximas COP de Cambio Climático de Lima y París, donde es imprescindible que se alcance un nuevo acuerdo global sobre reducción de emisiones, que entre en vigor en 2020, aunque las perspectivas de los contenidos de dichos acuerdos sean, por ahora, claramente insuficientes para paliar significativamente la gravedad del problema del calentamiento global y sus consecuencias.
Problema íntimamente relacionado también con los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo y con su posible incidencia en aspectos ambientales, ya que este año la Unión Europea debe tomar decisiones en políticas de clima y energía para el horizonte de 2030, trascendentales para definir las políticas internas y su posición en las dos trascendentales Cumbres de las COP de Cambio Climático citadas.
El nuevo Parlamento Europeo, en el que se mantiene el predominio del Partido Popular Europeo (213 escaños) que, junto a la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (190 escaños) suman más del 53% de los diputados, va a tener una gran trascendencia en este sentido, porque ni los grupos que configuran con claridad la derecha europeísta, ni los de la izquierda y verdes, suman apoyos suficientes para tomar decisiones al margen de los grupos euroescépticos e independientes. Ver el apoyo a la reiteradamente citada en estos artículos “Hoja de Ruta por una economía descarbonizada al 2050”, o el apoyo a nuevas prospecciones petrolíferas, al fracking, o a los intereses del lobby energético y su lucha contra las renovables y la energía distribuida local, va a permitir definir de una forma clara la posición final de la Unión Europea ante muchos aspectos de gran trascendencia futura para los ciudadanos europeos, como es el energético y su incidencia en el calentamiento global.
Y si el nuevo Parlamento opta, como es esperable, por una posición centrada en el interés general a largo plazo, defendiendo las políticas recogidas en la Hoja de Ruta, habrá que ver la posición del Consejo Europeo y la posibilidad real de que la Comisión impulse dichas políticas. Porque no sólo un Parlamento elegido con el 43% de participación y un importante auge de los euroescépticos, sino la constatación de la debilidad y falta de capacidad real del Consejo y del Parlamento para tomar decisiones, pronostican cinco años difíciles, que no van a ayudar, precisamente, a solventar los problemas de una Unión Europea débil, con escasa coordinación entre Estados, ausencia de acción exterior común, y predominio de decisiones nacionales en un marco de intereses contradictorios dentro de la propia Unión Europea. Y cuya posición podría verse más debilitada ante los ciudadanos, si finalmente el candidato asociado al grupo más votado (Jean Claude Juncker, 28% de los diputados) o, en su defecto si consigue un mayor porcentaje de apoyos en el Parlamento, el segundo más votado (Martin Schulz, 25% de los diputados) no son propuestos como Presidente de la Comisión, y los Comisarios que componen ésta no responden al sentido de los resultados de la votación ciudadana. Porque si el Consejo opta por un Presidente y Comisión que no emanen directamente del Parlamento, para evitar la fuerza e independencia que este hecho les proporciona, así como su excesiva integración con el mismo, entonces, muchos votantes pueden empezar a preguntarse para qué sirve su voto y cuestionar en mayor medida la escasa legitimidad democrática de organismos como la Comisión Europea y el propio sentido de la Unión Europea. El Consejo Europeo de este mes de junio tiene la palabra; pero después debe ser el propio Parlamento Europeo el que demuestre este primer rasgo de coherencia democrática, ratificando a uno de los dos anteriores, y negándose a cualquier otra componenda que no responda a los resultados de los votos ciudadanos. Sólo así se podrá iniciar una nueva etapa en una Unión Europea que necesita mucha más legitimidad democrática y una respuesta mucho más directa y eficiente a la resolución de sus problemas.
Pero incluso en el mejor de los Escenarios para la democracia europea, con un Presidente de la Comisión y unos Comisarios que respondieran al sentido del voto de los ciudadanos y al contenido de los Programas de los partidos políticos más votados, si se quisiera cumplir el objetivo, reiteradamente defendido por la Unión Europea, de limitar a 2ºC el calentamiento global del planeta, y así evitar los altos costes previstos en materia de salud y supervivencia de una parte importante de la población mundial, junto a los altísimos costes económicos que se asocian a incrementos medios de temperatura de la citada magnitud, hay que tener en cuenta que hay que limitar fuertemente el uso de combustibles fósiles, que son los responsables de la mayor parte de las emisiones de CO2 que se producen a la atmósfera. Ello implica que, por ejemplo, del orden de dos tercios de las reservas actuales de carbón deberían permanecer sin ser explotadas, lo que llevaría a que el valor de estas reservas disminuyera drásticamente, provocando pérdidas masivas a sus propietarios. No es ésta la opción por la que apuestan los mercados, que dan por hecho la inacción de los países en materia de cambio climático.
Según los estudios realizados por el economista Lord Nicholas Stern, las 200 principales compañías de hidrocarburos se gastaron más de 674.000 millones de dólares en 2012 para encontrar y explotar nuevos recursos, una suma equivalente al 1% del PIB mundial, que deberían bloquearse también en cerca de dos tercios para evitar el calentamiento por encima del Objetivo de los 2ºC. Lo que nos lleva a preguntarnos si en las COP de Cambio Climático de Lima, de 2014, y de París, de 2015, los Gobiernos estarán en condiciones –y les permitirán las multinacionales del sector- comprometerse a alcanzar un acuerdo global para limitar las emisiones de carbono al nivel que exige la limitación del calentamiento global por debajo de los 2ºC, lo que implicaría asumir las enormes pérdidas económicas señaladas para las citadas multinacionales. Pero, como también señalan los numerosos estudios científicos existentes sobre el tema, la superación del citado umbral de calentamiento global tendría como consecuencias la generación de fuertes migraciones hacia los polos, la producción de fuertes conflictos socioeconómicos y, previsiblemente militares, y unas pérdidas económicas globales que superarán en cientos de miles de veces las antes asociadas a las multinacionales del sector.
Porque si hay algo que queda claro es que conseguir frenar el proceso de calentamiento global y sus consecuencias no va a ser fácil. Va a exigir muy fuertes inversiones en renovables, eficiencia energética, captura de emisiones de CO2, cambios de comportamientos y de organización política y social, que llevarán inevitablemente al cuestionamiento del capitalismo y de la sociedad de consumo, fuerte impulso a la I+D+i y revisión de muchas de las políticas adoptadas hasta este momento. Porque políticas con incidencia en la lucha contra el calentamiento global, como ha sido la política de internalizar los costes externos a través del precio del CO2, han fracasado hasta la actualidad. Estudios sobre otras políticas como: el secuestro de carbono por medios biológicos, en tierra –reforestación e incremento del carbono en las plantas- o en el océano –discutible medida basada en la potenciación del crecimiento de algas; la captura de CO2 licuado en almacenamientos geológicos –ya en funcionamiento pero con riesgos significativos; o el incremento de las nubes para reflejar radiación solar y enfriar la temperatura de océanos y de la tierra –difícil de llevar a cabo en magnitud suficiente, y con riesgos en los fenómenos que se pueden derivar-, han mostrado que su relación coste/eficiencia y los riesgos y externalidades asociados, las hacen, por ahora, menos aconsejables que las tradicionales de reducir emisiones por mejoras en la participación de las renovables en el mix energético, o por mejora de la eficiencia energética en la producción y consumo, o la opción por una producción y consumo menos intensivo en carbono. Pero las fuertes inversiones necesarias para modificar el sector de la electricidad, promoviendo renovables y energía distribuida, o para mejorar la eficiencia energética en edificios, transporte o procesos productivos, no facilitan el proceso. Ni tampoco la posición de las compañías energéticas oligopolísticas actuales que dominan el sector, que han colaborado interesadamente en la insostenibilidad económica (déficit de tarifa en países como España) y en la sobrecapacidad energética instalada. Y tengamos en cuenta algunos hechos más que inducen al pesimismo. Los mayores emisores actuales son EEUU y China. La población (una tercera parte del total del planeta) y la actividad económica (tendiendo a una cuarta parte del total) se concentran de forma creciente en países fuertemente contaminantes, y que pretenden reproducir los patrones de la sociedad de consumo occidental, lo que implica multiplicar por varias veces el consumo unitario de energía y de emisiones de CO2 equivalente. Y ni siquiera en la Unión Europea hay unanimidad en las políticas a desarrollar en estas materias, con posiciones extremas entre países como Polonia, con fuertes reservas de carbón, o Dinamarca, con el objetivo interno de emisiones cero a largo plazo.
Situación y problemática ante los que no hay más remedio que considerar que el actual Gobierno español ha optado por frenar radicalmente la viabilidad de desarrollo de las renovables frente a la capacidad excedente, ya instalada, de centros de ciclo combinado, centrales térmicas de carbón o nucleares de alto riesgo e incierta seguridad, por haber superado sus ciclos de vida útiles. Así, junto al incorrectamente denominado “Plan de impulso económico” (ya que ni reúne las condiciones de lo que debe ser un Plan, ni recoge medidas o acciones que no estuvieran ya contempladas en los distintos ministerios o instituciones) aprobado el primer viernes de este mes de junio por el Consejo de Ministros, se aprobó también el nuevo Real Decreto regulador del funcionamiento de las energías renovables, cogeneración y residuos, que materializa la finalización, decidida en julio de 2013, del antiguo régimen especial y del sistema de primas vigente, que habían posibilitado el significativo avance de la potencia instalada en estos sectores, y la fuerte caída en los costes reales de producción energética por la incidencia, fundamentalmente, de la producción de energía eólica en el mix energético total (lo que, paradójicamente, tiende a incrementar el déficit de tarifa).
La normativa del nuevo sistema de retribución debe completarse con la orden de parámetros, pero, como en las anteriores medidas energéticas de este Gobierno, ha conseguido el rechazo unánime de empresas, usuarios, el resto de los partidos políticos, sindicatos e incluso de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernados por el mismo partido popular. Porque, al margen de las consecuencias que estas medidas tienen para las empresas del sector (reducción de los ingresos entre 1.700 millones, según el Gobierno, y más del doble, según las empresas), el carácter retroactivo de la regulación finalmente aprobada ha llevado a muchas de las empresas del sector a los tribunales; y parece quedar poca duda de que finalmente todos los ciudadanos tendremos que soportar el pago de indemnizaciones derivadas de la irracional y variable política seguida en esta materia por el actual Gobierno, aunque serán Gobiernos posteriores los que tendrán que afrontar el correspondiente pago y sus consecuencias sobre el déficit y el endeudamiento público.
No se resuelve, sino que se aplaza el problema del déficit, y sí se hipoteca una dinámica de independencia energética por autosuficiencia y optimización del mix eléctrico, que son medidas imprescindibles para la salud socioeconómica y ambiental de este país. No era sencillo resolver la contradicción generada por la liberalización del sector de la ley del partido popular-UNESA de 1997, con respecto a la necesaria potenciación de las renovables, cuya síntesis ha sido el déficit de tarifa eléctrica. Pero este Gobierno ha conseguido no resolver –sino aplazar- este déficit, y cargarse la dinámica de potenciación de las renovables y de la energía distribuida, únicas salidas al problema energético español a medio plazo.
