Desde posiciones más templadas se ha señalado el carácter poco discriminador de este tipo de medias, que no son propias de gobiernos socialdemócratas y causan una sensación de no estar bien meditadas, ni vertebradas con proyectos socio-políticos de fondo.

La intención de esta propuesta ha sido devolver a los contribuyentes parte de lo que aportaron durante el año pasado al erario público y que no se ha gastado en un ejercicio en el que el superávit de caja parece que ha alcanzado la fabulosa cifra de ¡20.000 millones de euros! (un 2% del PIB). La inyección de algo más de 5.000 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes que tienen cierta capacidad adquisitiva (los que pagan el IRPF) supondría un factor de dinamización y estímulo del consumo, de efectos positivos para la marcha general de la economía.

El problema en este caso es que –amén del fantasma de la “compra de votos”– dicha medida no se orienta a ayudar a los sectores más necesitados de la sociedad española, como los jubilados con ingresos insuficientes o las familias con menos rentas que ni siquiera pagan el impuesto sobre la renta, En cambio, también recibirán los 400 euros personas con ingresos muy altos. Por ello, hay quienes piensan que hubiera sido mejor invertir más en Sanidad o Educación, donde existen déficits notables, o bien modular la recaudación previamente, favoreciendo a las personas con menos ingresos. ¡Eso sí que hubieran sido medidas socialdemócratas de indudable alcance social!

Por ello, ante las críticas, las dudas y los temores suscitados, es preciso aclarar con urgencia que no se trata de un intento simplón de “compra indirecta de votos” y, al mismo tiempo, manifestar una voluntad clara de orientar el gasto social hacia los sectores de población y los servicios públicos que verdaderamente lo necesitan.

El abuso de los “cheques-regalo” en política puede producir efectos e impresiones imprevisibles. Y esto debía de saberse después de algunas de las reacciones que provocó el reciente “cheque-bebé”.

Lo que sería preciso preguntarse, por lo tanto, es cómo se deciden este tipo de medidas, quién las decide y en qué momento. Todo lo cual puede tener una importancia crucial para prevenir determinadas tendencias de descrédito de los partidos, que pueden repercutir en el aumento de la abstención y el voto blanco, con efectos más negativos, precisamente, para partidos como el PSOE.