Lo que ahora se trata de comentar es la relevante y un tanto inesperada convocatoria de Mariano Rajoy a los interlocutores sociales, donde lo singular no es que un Presidente del Gobierno convoque a sindicatos y patronal para impulsar el diálogo y la concertación social sino que lo haga a sabiendas de que el resultado de semejante iniciativa tiene escasas posibilidades de dar frutos notables, salvo que se produzca un giro sustantivo en la política que el Gobierno ha seguido hasta ahora. Hay precedentes de convocatorias similares, pero siempre fueron predecibles y nunca tras una ininterrumpida y sistemática profusión de medidas social y laboralmente regresivas que, entre otras muchas cosas, han generado un clima extremo de desconfianza, precisamente entre quienes tienen que protagonizar el susodicho diálogo social.

Han hecho bien los sindicatos en acudir a la convocatoria. Sería difícil de entender que rechazaran una invitación que, al menos formalmente, habla de recuperar algo que los propios sindicatos han denunciado como muy negativo que se perdiera, conscientes de que la ausencia de diálogo y concertación social, dinamitados desde la llegada del Partido Popular a La Moncloa, está detrás de la involución a la que asistimos en todos los órdenes. Si en lugar de la prepotencia derivada de una mayoría absoluta alcanzada con un programa engañoso, se hubiera optado por la vía de la búsqueda de la negociación y el acuerdo, el tratamiento de la crisis habría sido otro, sin duda más equitativo y eficaz.

Que resulte positiva la noticia de intentar volver a la senda de la concertación no evita, hay que repetirlo, cierto escepticismo respecto de sus resultados. Porque más allá de la sospecha de que en la convocatoria ha pesado el deseo del Gobierno de mostrar un talante más abierto a la participación de las fuerzas sociales, para ofrecer así una mejor imagen del Partido Popular ante la perspectiva de las elecciones europeas, lo cierto es que al aproximarse a varios de los contenidos concretos sobre los que se ha quedado en abrir mesas de negociación, mucho han de cambiar las posiciones de partida para creer que podrán conciliarse. Por ejemplo, uno de los temas, remitido al acuerdo bilateral entre patronal y sindicatos y que siempre ha estado en el frontispicio del diálogo social, es el de los salarios. El Gobierno aspira a que se repita un acuerdo similar al de hace un par de años, del que resultó una pérdida de poder adquisitivo. Tal aspiración es hoy inviable. Es cierto que, aun con la boca pequeña, el Presidente de la CEOE ha expresado sus reservas a que se sigan rebajando los salarios, sin negar tampoco que les vendría bien, y mucho menos admitiendo que se suban. Pero, al mismo tiempo, ha demandado que se implante un salario mínimo interprofesional más bajo para los jóvenes, cuestión que para los sindicatos es algo así como retroceder a una situación superada hace años por injusta e inconveniente. Hay también que recordar que en el acuerdo anterior se había adquirido el compromiso de controlar los precios y los beneficios, compromiso que, como era de esperar, no se ha cumplido. Por todo lo cual no es previsible que los sindicatos acepten otra cosa que no sea una clara mejora del poder adquisitivo de los salarios, aunque resulte modesta. Es lo que toca cuando se habla de impulsar la recuperación económica, entre otras razones porque ello exige incrementar el consumo interno. Veremos en qué queda el asunto.

Otra de las cuestiones a negociar es la reforma tributaria. Quienes conozcan las posiciones de los sindicatos, entre cuyos objetivos está, por ejemplo, potenciar la imposición directa, y las comparen con lo que ya como tradición viene planteando en sentido diametralmente opuesto la patronal, podrán deducir lo que cabe esperar de unas diferencias tan rotundas. Si, además, las mezclamos con la impresentable propuesta de los llamados expertos y las declaradas intenciones del Gobierno de ir hacia una reforma orientada hacia la reducción de los impuestos directos, la conclusión no puede ser otra que lo de alcanzar en esta materia un acuerdo tripartito es poco menos que conseguir la cuadratura del círculo. Sobre todo cuando una condición irrenunciable de la reforma debe ser aumentar sustancialmente los ingresos del Estado.

Todo lo dicho no excluye que en capítulos como los de la formación para el empleo o algún otro puedan aproximarse las posiciones. Bienvenida sea esa posibilidad. Pero se pecaría de excesivo optimismo pensando que el balance final servirá para dar ese cambio de rumbo que necesita la política que estamos viviendo. Todo indica que para eso hay que cambiar de Gobierno.