En este sentido, desde el nacionalismo catalán, (en el que se incluye también alguna formación que no se reconoce públicamente como tal) se recurre, una vez más, al expediente del victimismo. Las sentencias de los Altos Tribunales sobre la cuestión se presentan como un ataque al catalán y por ende a Cataluña. Se prescinde interesadamente del hecho de que ninguna de las resoluciones judiciales cuestionadas discute el carácter vehicular del catalán como lengua docente. Lo único que se reclama, como consecuencia obligada del carácter oficial de la lengua castellana en todo el territorio nacional, es que se atribuya similar condición de lengua vehicular de la enseñanza a la lengua común de los españoles.
En este contexto, resulta lamentable tener que recordar un par de principios que debieran ser obvios:
a) En primer lugar, que una sociedad bilingüe debe tener una escuela bilingüe. Cataluña tiene dos lenguas oficiales, catalán y castellano, que comprenden la generalidad de los ciudadanos, por lo tanto, lo razonable es que una sociedad bilingüe tenga una escuela bilingüe. Los Tribunales se han limitado a recordar que no tiene sentido que en España no se pueda estudiar en castellano, la lengua oficial del Estado.
b) En segundo lugar, que en un Estado de Derecho las sentencias están para cumplirlas. Ningún gobierno en democracia puede actuar por encima de la ley.
La Constitución, el Estatuto vigente después de la sentencia del Tribunal Constitucional y diversas resoluciones judiciales dejan claro que las dos lenguas deben convivir como vehiculares en la escuela.
El conflicto, por otro lado, se enmarca en una fantasmagórica “transición nacional” en la que parece haberse embarcado el nuevo gobierno catalán. El nacionalismo convierte las lenguas regionales en instrumentos de construcción nacional y de identidad única. El nacionalismo defiende el pluralismo en España, pero allí donde gobierna lo combate y no acepta el bilingüismo porque no admite que Cataluña es plural.
Finalmente, los poderes centrales del Estado han hecho dejación de sus responsabilidades en orden a garantizar la condición de lengua docente del castellano en todo el territorio nacional. El legislador central ostenta competencia en la materia que no ha ejercido, lo cual no habría tenido importancia, de no ser porque su inactividad ha sido aprovechada por algunos poderes autonómicos para excluir al castellano como lengua vehicular en la escuela. Es hora de colmar esa laguna. Y en todo caso también compete a los poderes centrales adoptar las medidas necesarias para que los poderes territoriales cumplan la ley y las resoluciones judiciales. Tolerar la insumisión autonómica implica dinamitar el Estado de Derecho.
