Este suceso escandaloso e inhumano ocurrió en uno de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid. La joven, que se encontraba embarazada de siete semanas en su primer embarazo, acudió al Hospital del Tajo situado en Aranjuez con dolores y abundante sangrado porque era el que estaba más cerca de su domicilio. Tras atenderla en el servicio de urgencias, comprobar que había sufrido un aborto y extraerle los restos del embarazo, se la remitió a Toledo, para que la atendieran en la Comunidad Autónoma en la que vive, con dichos restos en un frasco transparente, para que fueran analizados en “su” hospital. Fue dada de alta y no se la hospitalizó allí, como hubiera tenido que ocurrir, porque, auque era el hospital más cercano a su domicilio, vivía en otra Comunidad Autónoma. Tampoco le facilitaron ambulancia, y tuvo que irse en su propio coche cincuenta kilómetros a buscar “su” hospital.

Este tipo de sucesos claman al cielo. ¿Cómo es posible que se llegue a arriesgar la seguridad y la salud de una ciudadana por un asunto fronterizo dentro del mismo país? Es comprensible que por razones de organización, se tengan hospitales de referencia, pero no hay quien entienda que en una atención de urgencias se actúe de semejante manera, porque por encima de las fronteras entre Comunidades Autónomas se encuentra el derecho a la salud y a la atención médica que tienen todos los ciudadanos que residen en España.

No se puede entender que en España, tras conseguir construir con muchos esfuerzos un sistema de salud pública que ha sido referente de calidad en muchos países del mundo y que dotaba de cohesión e igualaba a todos los ciudadanos, algunos se estén dedicando a desmontarlo y otros estemos de brazos cruzados mientras esto ocurre. Desde que se concretaron las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de salud, parece que se iniciara una carrera hacia las privatizaciones de este servicio público, esencial donde los haya, para la cohesión social.

A la cabeza de esa carrera de desmontaje del sistema público y de privatizaciones sonrojantes se encuentran las Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha, que priman la construcción de hospitales públicos de gestión privada, como el hospital del Tajo, citado en este texto. Lo sucedido allí con esta joven mujer demuestra una vez más que la salud de los ciudadanos se pone en entredicho cuando se trata de atender un negocio. La “rentabilidad” en temas de salud está en la buena atención sanitaria, en la calidad y buen servicio y no en los réditos económicos, como sucede tristemente cuando la salud se quiere convertir en un negocio.

Comunidades Autónomas como Madrid y Valencia, que están a la cabeza de la privatización del sistema de salud son también las que menos invierten por habitante. En concreto Madrid está a la cola con una inversión de 1.170, 56 €, muy lejos del primero de la lista, el País Vasco con 1.607,34 €.

¿Esta insuficiente inversión pública y esta apuesta por un sistema de gestión privado de la sanidad tendrán algo que ver con que en Madrid se hayan registrado 4.111 casos de negligencias médicas durante el año 2008, casi la mitad de los registrados en todo el territorio español (8.422), según los datos recogidos en la memoria de la Asociación del Defensor del Paciente?

Preguntas al viento para reflexionar sobre el camino emprendido hacia el mundo al revés.