Los ciudadanos, en general, y los sectores de la población más modestos, en particular, salen – y todavía quedan varios años para que salgan – de esta crisis como doblemente perdedores. En primer lugar, perdieron yendo por millones al paro y a un endeudamiento que ha recortado su nivel de vida. En segundo lugar, van a tener que pagar mediante el recorte de sus salarios y retribuciones, la congelación o eliminación de sus prestaciones sociales, el retroceso del diálogo social, la erosión de derechos laborales y de jubilación que son esenciales a la ciudadanía social.

Es cierto que el pasado fin de semana las autoridades comunitarias adoptaron decisiones – tras meses de dudas y vacilaciones – que suponen una cierta ruptura con el pasado. Tanto por su volumen, que resulta equivalente al que se puso en marcha en Estados Unidos, como porque la zona euro ha tomado decisiones inéditas: ruptura de la cláusula de no salvación de un Estado; creación de un real “fondo monetario europeo” dotado de 500 mil millones de euros (a los que hay que añadir los 80 mil millones de ayuda bilateral a Grecia); la posibilidad de endeudarse en los mercados hasta un máximo de 400 mil millones de euros, con la garantía de los 16 Estados de la eurozona; creación de otro fondo, gestionado por la Comisión europea, que le permitirá al Ejecutivo europeo endeudarse hasta 60.000 millones de euros, en este caso con la garantía colectiva de los 27 Estados miembros; el Banco Central Europeo, por su parte, podrá comprar deuda privada y pública en el mercado de obligaciones, lo que ya ha permitido que, en el primer día de funcionamiento, se haya reducido la tasa griega a 10 años desde más del 12% al 6,4%. En fin, se han tomado decisiones que hace todavía una semana negaban como imposibles tanto las autoridades comunitarias como el Banco central europeo. Algo, en suma, que se venía demandando desde hace tiempo. Aunque, puestos a la tarea, se podía, como señalan algunos analistas, haber hecho mejor. Por ejemplo, se podría haber especificado el tipo de interés a partir del cual el fondo de estabilización intervendría, para disuadir, así, más a los mercados; igualmente, se debería haber constituido dicho fondo con carácter indefinido y no limitado a tres años; o, como ha hecho la Reserva Federal americana, marcar la pauta a los mercados comprar bonos públicos a 1% de interés. Y se podían haber tomado medidas para regular el sistema financiero, reducir el endeudamiento por la vía de la subida de impuestos a las rentas del capital y a las retribuciones más altas, aprobado un conjunto de medidas de inversión para crear empleo y reducir el déficit por la vía del crecimiento.

Son muchas las dudas, sin embargo, que el plan plantea. En primer lugar, no parece seguro que este plan de choque, oficialmente puesto en marcha para salvar a Grecia y más realmente para salvar a los bancos de algunos países centrales de la zona euro, sea una barrera suficiente para evitar el ataque sobre otros países del sur de Europa. Tampoco es nada evidente que Grecia pueda realizar un esfuerzo equivalente al 14% de su PIB de aquí a 2014. A diferencia de los plazos que plantean las autoridades comunitarias para reducir la deuda y el déficit público (tres años) Estados Unidos ha decidido sanear sus finanzas públicas en un plazo de diez años. Por ello, y más allá de las dificultades sociales a las que habrá de enfrentarse, bastantes expertos consideran que será inevitable que el país heleno – y otros que puedan verse en situación parecida – tenga que renegociar la deuda. Lo que supondría aceptar, de hecho, la incapacidad para afrontar su deuda.

Tampoco hay demasiado consenso en que las medidas adoptadas vayan a servir para salir de la crisis. Muchos economistas, por el contrario, entienden que tratar de curar el endeudamiento con más deuda no va a funcionar. Y que la reducción drástica de los gastos públicos, de las retribuciones de los funcionarios y de las prestaciones sociales va a reducir aún más la demanda y el crecimiento. Más que a mejorar las finanzas públicas este plan de ajuste de caballo puede contribuir a fabricar más recesión. Sobre todo, si como es previsible, los planes de rigor se extienden en los distintos países de la UE, reforzando de esta forma la espiral recesiva.

En fin, muchos ponen de manifiesto que los desequilibrios en la construcción europea que ha puesto en evidencia la crisis y, más en particular, una moneda única entre países tan dispares en su nivel de competitividad y desarrollo como Grecia y Alemania, requieren de otras medidas además de las adoptadas. Entre otras, un salto cualitativo en la integración política; la puesta en marcha de un verdadero gobierno económico de la zona euro; establecer un presupuesto federal digno de tal nombre que permitiera la distribución de recursos entre los Estados miembros para reducir las desigualdades, como sucede en los Estados federales; evitar la concurrencia fiscal y social entre los Estados miembros; desarrollar políticas comunes, mediante el procedimiento de cooperaciones reforzadas; aumentar el presupuesto de la UE, alimentándolo con recursos propios; poner en pie un Fondo monetario europeo con carácter permanente; la reforma del sistema monetario internacional, cuestión sobre la que, por cierto, nada se dice en el plan aprobado el fin de semana pasado.

Ante el “trilema” al que se enfrenta la UE – reducir el déficit y salir de la crisis, cambiar el modelo productivo para afrontar los desafíos ambientales y sostener el Estado del Bienestar – las orientaciones que se están adoptando se dirigen exclusivamente a fiarlo todo al saneamiento de las cuentas públicas.

Salvo que algún milagro lo remedie, lo más probable es que los grandes damnificados de tal orientación estratégica sean la construcción europea, el nuevo modelo productivo y el Estado del Bienestar.

Cuesta creer que la UE pueda dar el salto hacia adelante que la adopción de medidas como las anteriormente mencionadas supondría. No se vislumbra ni el proyecto ni el liderazgo para hacerlo. Priman los egoísmos nacionales y este plan elaborado a toda prisa no ataca los males fundamentales que afectan a la zona euro. Y los gobiernos no parecen dispuestos a abdicar de su soberanía para regular los mercados y los bancos ni para coordinar sus políticas presupuestarias y fiscales. La misma evolución de la crisis lo ponen en evidencia: lo que comenzó siendo una crisis gestada en Estados Unidos está deviniendo en una crisis de la deuda europea. La llamada de Obama a Zapatero es ilustrativa de ello. Y, seguramente, de otras cosas (¿por qué y quien la hizo pública? ¿por qué elegir precisamente a España?)

Cambiar el modelo productivo hacia una economía baja en carbono implica, por otra parte, inversiones de futuro que todo indica van a ser relegadas para no se sabe cuándo.

En fin, la purga para el saneamiento de las finanzas públicas amenaza con materializarse en un tajo sin precedentes del Estado de Bienestar. Treinta por ciento de reducción de las retribuciones de los funcionarios en Letonia, 25% en Rumania, 5% en España, dos meses de suspensión retribuciones en Grecia; congelación y reducción de las pensiones y de otras políticas sociales; reducción de los impuestos directos y aumento de los indirectos; vulneración de acuerdos ya establecidos en el diálogo social; anuncios de prolongación de la edad de jubilación y de reformas del mercado de trabajo para facilitar en mayor medida el despido de los trabajadores.

Las ideas de recuperar la primacía de la política, de domesticar el mercado, de reformar el capitalismo – tan aventadas al inicio de la crisis – han desembocado en una carrera para ver cómo tranquilizar a los mercados y en una radicalización del modelo neoliberal. Algo que, sin duda, habrá de hacer reflexionar a las fuerzas de izquierda.