También han influido los previsibles efectos relacionados con el estancamiento económico de la zona euro del pasado II Trimestre, especialmente relevantes en Alemania (-0,2%), Italia (0,2) y Francia (0,0%), así como posteriormente la crisis de Ucrania, la guerra comercial de la Unión Europea con Rusia, la revalorización del euro y el desplome de los precios en los meses de julio y agosto, particularmente intenso en nuestro país. Unos hechos, sin lugar a dudas preocupantes, por sus efectos negativos sobre nuestras exportaciones a la Unión Europea y, por lo tanto, para la recuperación y el empleo. Por eso, no es extraño el diagnóstico del BCE y las recientes medidas anunciadas que, aunque tarde, son alentadoras, sobre todo cuando reconocen que otra política es posible.

En la misma dirección, los últimos datos positivos de afiliación a la seguridad social de los últimos meses no han supuesto un aumento de los ingresos al Sistema. Lo mismo ocurre con la evolución del empleo que se ha producido, en buena medida, a costa de reducir la jornada laboral. Estos dos hechos confirman la precariedad de nuestro mercado de trabajo (empleo temporal y a tiempo parcial) y la fuerte caída de los salarios en nuestro país (a pesar de que no lo reconoce -negando la evidencia- el propio presidente de la CEOE, señor Rosell), que está penalizando el consumo y el crecimiento de nuestra economía y, como consecuencia, generando una profunda desigualdad y pobreza, agudizadas por el fuerte desempleo y la creciente reducción de las prestaciones por desempleo que, por el momento, deja sin protección a más de tres millones de desempleados. La situación ha llegado tan lejos que, incluso, la OCDE ha denunciado estos hechos, al manifestar que la precariedad y la fuerte devaluación salarial resultan contraproducentes para el crecimiento económico y, además, suscitan una creciente alarma social y generan una fuerte inestabilidad en la convivencia ciudadana.

En el plano político, los ciudadanos están a la espera de cómo evoluciona la nueva dirección del PSOE después de su mediático congreso precedido de unas primarias donde los militantes han participado con su voto en la elección del nuevo secretario general. Un congreso que, al margen de las primarias, ha consolidado una determinada cultura partidaria basada en el poder de los Barones y Territorios (Andalucía), que no nos anuncia nada nuevo ni bueno, como quedó reflejado en la elección de la comisión ejecutiva federal (un equipo de dirección muy dimensionado para facilitar el reparto de cargos, algunos por partida doble, a pesar de los reiterados llamamientos a respetar el principio de un militante un cargo). En todo caso, la política que desarrolle el PSOE será la que demuestre si es posible recuperar la confianza, la credibilidad, el protagonismo y la relevancia política, así como recomponer de aquí en adelante la relación con los movimientos sociales y frenar el previsible ascenso electoral de los movimientos emergentes. Desde luego, en ningún caso, las críticas que se están haciendo, con muy poco acierto desde la derecha, y desde personas destacadas en su día en el PSOE, conseguirán frenar a Podemos, más bien ocurrirá todo lo contrario. Resulta evidente que Podemos, al margen de denunciar las políticas actuales, tendrá éxito si es capaz de evitar los errores de la socialdemocracia tradicional (en particular en sus derivas neoliberales) y de ofrecer alternativas creíbles (lo que no resultará nada fácil) a los problemas que sufren los ciudadanos más indignados por los efectos de la crisis.

Por eso, la acción política del principal partido de la oposición debe tener como objetivo consolidar las libertades, profundizar y regenerar la democracia y, sobre todo, luchar contra la crisis y sus más graves secuelas: desempleo, precariedad, desigualdad y pobreza. El ritmo de esta política debe estar marcado por la audacia y por un profundo y sólido sentido de la realidad social, presidido por el descontento generalizado de una ciudadanía indignada, que no se conforma con grandes declaraciones de principios (como, por ejemplo, el Decálogo de Medidas Económicas presentado por el PSOE) y exige medidas concretas para mejorar la situación de los más desfavorecidos por la crisis (reforma laboral, artículo 135 de la Constitución, preferentes, desahucios, pensiones, renta básica, costos energéticos…), partiendo del principio de que en política no sirven los atajos ni los regates a corto plazo y que, por el contrario, se demandan ideas y proyectos sólidos a medio y largo plazo. En este sentido, tiene especial interés la lucha contra el creciente fraude fiscal (el 72 % lo cometen las grandes empresas y las grandes fortunas) y la economía sumergida (24,6% del PIB: más de 250.000 millones de euros), que han sido denunciados por los técnicos de Hacienda (GESTHA) y recogidos por Nuevatribuna.es. Unos datos que resultan escandalosos e impropios de un país moderno y democrático y que, por lo tanto, exigen dimensionar el aparato supervisor y de inspección hasta situarlo a la altura de los países más avanzados de la Unión Europea, sobre todo cuando el fraude se comete a costa de los más desfavorecidos.

Paralelamente, el PSOE debe proceder a fortalecer sus estructuras organizativas, respetar la democracia interna (reflexionar sobre la limitación de mandatos, duplicidad de cargos, puertas giratorias…), actuar con ejemplaridad, respetar a las minorías, fomentar la participación de los afiliados en la vida partidaria, elegir a los mejores militantes para ocupar un cargo y, desde luego, garantizar su presencia en el tejido social. Una política que, por el momento, no está teniendo el protagonismo que merece en esta nueva etapa, a pesar de que es demandada con insistencia por muchos militantes.

En todo caso, con el otoño en ciernes, ha comenzado la precampaña electoral de las elecciones municipales y de algunas CCAA del próximo 15 de mayo del 2015, que se vislumbran como importantes y muy disputadas, al margen de la incógnita que representa a corto y medio plazo Cataluña y donde el PSOE debe introducir racionalidad y recuperar la centralidad en el debate político, concretando aún más su propuesta federal en el marco constitucional que corresponda. No es extraño que, ante las pobres expectativas de voto y la previsible pérdida de su mayoría absoluta en múltiple ayuntamientos, el PP adopte una actitud defensiva y busque blindar la reelección de sus alcaldes con bochornosas fórmulas electorales imposibles de asumir por el resto de los partidos políticos. En este mismo sentido, la propuesta de reducir el número de aforados no será capaz de hacer olvidar la lentitud de la justicia -donde transitan con comodidad los poderosos e, incluso, algunos defraudadores con total impunidad (Bárcenas y Pujol, entre otros)-, ni la sensación generalizada en los ciudadanos de que la justicia no es igual para todos.

Por otra parte, en el plano social, los sindicatos se afanan en elaborar sus propuestas al Gobierno y a los empresarios con el propósito de conseguir un nuevo Acuerdo que sirva de referencia para negociar los nuevos y sucesivos convenios, a partir del año 2015.

En estas circunstancias, desarrollar el Acuerdo de propuestas de negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, alcanzado el pasado 29 de julio entre el gobierno y los interlocutores sociales, no será nada fácil, sobre todo si los sindicatos exigen aplicar políticas que favorezcan el crecimiento y el empleo; paliar los efectos negativos del desempleo en los jóvenes y en los parados de larga duración, sin ninguna expectativa de encontrar un empleo; aumentar el poder de compra de los salarios; mejorar la protección social de los más débiles; y, finalmente, frenar el deterioro de los servicios públicos y sociales (principalmente en sanidad y educación).

A ello hay que añadir la necesidad de frenar los efectos perniciosos que está teniendo en los trabajadores la reforma laboral que, por el momento, los sindicatos no ponen en entredicho como requisito para comenzar a negociar el Acuerdo, lo que resultará difícil de explicar a los trabajadores, por los efectos negativos que tiene la reforma en las condiciones de trabajo en las empresas y porque muchos (en su día favorables a la reforma) opinan que ha llegado el momento de poner punto final a la misma. Una reforma laboral que ha golpeado a la negociación colectiva, precarizado el mercado de trabajo, devaluado los salarios y reducido a la mínima expresión el costo del despido, lo que ha propiciado, como consecuencia, un fuerte trasvase de rentas del trabajo al capital que, todo indica, se verá agravado por las perniciosas medidas que contempla la reforma fiscal aprobada por el gobierno (populista y electoral), que dejará de ingresar al Estado la cuantiosa cifra de 9.000 millones de euros, al margen de la regresividad de dicha reforma al beneficiar, incomprensiblemente, a los que más tienen (grandes empresas e ingresos por encima de los 60.000 euros), además de mantener el privilegio fiscal que tiene el impuesto de las rentas del capital sobre las rentas del trabajo.

Todo esto justifica las exigencias de los sindicatos a corto plazo de establecer un Plan de Choque encaminado a crear empleo, reducir la precariedad de nuestro mercado de trabajo, aumentar el poder adquisitivo de las familias, mejorar la protección social y reforzar las políticas activas de empleo, en el marco de un crecimiento sostenible de nuestra economía. En el medio plazo los sindicatos exigen un cambio de nuestro modelo productivo, que tenga como base relanzar la industria; apostar por el conocimiento, la tecnología y la cualificación profesional; fomentar la investigación; redoblar nuestra presencia internacional; y redimensionar nuestra estructura empresarial, excesivamente atomizada, como denuncia UGT. Según los datos de la Dirección General de Industria y de la PYME: las microempresas (de 0 a 9 trabajadores) representan en España el 95,7% del total de empresas, frente al 92,1% del conjunto de la Unión Europea. Por su parte, las empresas pequeñas (de 10 a 49 trabajadores) suponen el 3,6% en España y el 6,6% en la Unión Europea y las medianas (de 50 a 249 trabajadores) el 0,6% y el 1,1% respectivamente (datos de 2012), lo que demuestra la distancia que todavía nos separa de las economías más avanzadas de la Unión Europea en la dimensión de empresas.

Como se puede comprobar, los retos y las exigencias del nuevo curso político son extraordinarios. Los ciudadanos están cansados de promesas y de esperar indefinidamente soluciones a sus problemas desde que comenzó la crisis. Por eso, y en coherencia con ello, exigen medidas rápidas, eficaces y más justas para salir de la crisis y, sobre todo, avanzar decididamente en la lucha contra el desempleo y la pobreza. Estaremos atentos…